El viernes último, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 702, que incluyó varios cambios en el esquema de pagos de asignaciones familiares para los asalariados. Una de esas modificaciones implicaba la eliminación de los diferenciales por zonas geográficas. El resultado de esa medida sería el recorte en las prestaciones cobradas por hijo en varias zonas, ya que lo previsto era igualar los pagos hacia abajo.

El recorte, que finalmente queda suspendido, iba a afectar a más de 300.000 chicos, hijos de unos 4,3 millones de trabajadores. En los casos de salarios más bajos (de hasta $24.492 mensuales de ingreso familiar), se pasaría de cobrar $3155 o $3407 a una cifra de $1578, por hijo y por mes. Y para los salarios más altos alcanzados por las prestaciones (entre $41.473 a $83.917), el ingreso por cada menor a cargo se reduciría, dependiendo de la zona, de $646, $970 o $1286 a solo $328.

Desde el Ministerio de Trabajo conducido por Jorge Triaca y desde la Anses se había justificado la medida anunciada en la necesidad de dar más equidad al régimen, ya que se entendía que no había razones para las diferenciaciones de montos de unas zonas con respecto a otras. Ayer por la tarde, fue la cartera laboral la encargada de comunicar la suspensión de lo dispuesto y señaló que en los próximos 30 días "se realizará una evaluación del alcance de la medida y los tiempos de implementación de la misma, con el objeto de seguir trabajando para alcanzar un sistema de seguridad social más inclusivo y sustentable".

Quejas en el interior

Entre los lugares afectados (donde se cobran montos superiores a los generales) están las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y varios departamentos de las provincias de Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy.

En el interior no tardaron en llegar muestras de malestar. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, había expresado el viernes mismo que la decisión marcaba "una mirada centralista del Gobierno". Y su par de Chubut, Mariano Arcioni, presentó una medida de amparo esta semana ante la Justicia, para pedir la suspensión del recorte.

La marcha atrás que finalmente decidió hacer el Gobierno incluye solamente la parte del decreto referida a la diferenciación de montos por zonas. En cambio, seguirá vigente, según dijeron fuentes del Gobierno, el cambio referido a una suba del ingreso mínimo y a una baja del salario tope para poder cobrar asignaciones.

Así, a partir de septiembre el máximo de ingresos de ambos padres para cobrar será de $83.917, en tanto que ninguno de ellos podrá percibir más de $41.959. Hasta ahora podían percibir estos ingresos por hijo las familias en las que ambos padres no superaran los $94.786 y siempre que ninguno de los dos tuviera un salario superior a los $47.393.

Ese ajuste, según el Gobierno, tiene que ver con la incompatibilidad de cobrar salario familiar y, a la vez, hacer deducciones por hijo del impuesto a las ganancias.