Hace ya dos años, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio que nunca fue tratado por el Senado y que caducará si no se lo lleva al recinto antes de que concluya el actual año parlamentario.

Aquella sanción vio la luz una semana después de que los argentinos asistiéramos absortos a la difusión de un video que mostraba cómo José López, también exfuncionario vinculado a De Vido, ingresaba a un pseudoconvento de General rodríguez bolsos repletos de dólares, euros y joyas por un valor aproximado a los nueve millones de dólares.

La indignación ciudadana ejerció tal presión sobre los legisladores que respondieron a las apuradas con aquella aprobación, a la que muchos especialistas en derecho consideran un "mamarracho", un manotazo de ahogado con vicios de inconstitucionalidad.

No resulta extraño que haya ocurrido eso cuando es un clásico que en nuestro país buena parte de la dirigencia política reaccione solo cuando las pruebas son tan contundentes que sería necio y descarado intentar refutarlas.

Aquella aprobación pasó al Senado, donde hasta el momento no hubo acuerdo para emitir dictamen y llevar la discusión al recinto. La fecha que podría cambiar la historia en esta ominosa deuda legislativa es el próximo martes, si un plenario de comisiones de la Cámara alta emitiera el demorado despacho que habilite su debate en el recinto.

Ciertamente, hubo algunos avances en las últimas semanas, como la presentación de tres iniciativas que corrigen la versión sancionada por Diputados: una del oficialismo, otra del peronismo no kirchnerista y una tercera del kirchnerismo.

Los senadores son conscientes de que necesitan conseguir aprobar un texto lo más consensuado posible y con una amplia mayoría de votos para dificultar que Diputados pueda insistir en su controvertida versión original.

Hasta anoche, se trabajaba en la Cámara alta para buscar un acuerdo. Las mayores discrepancias pasan por el fuero donde tramitar esas causas y si los bienes deben ser decomisados antes de una eventual condena o inmediatamente, ante la sospecha de haberse cometido un ilícito. También, cómo proceder con los bienes secuestrados en situación de flagrancia.

Es muy probable que estas nuevas y vergonzosas revelaciones de la ruta del dinero K, puestas por LA NACION a disposición de la Justicia, apuren los tiempos de los senadores, quienes se verán apremiados, como lo estuvieron sus pares de Diputados hace dos años, a dar una respuesta a la sociedad.

Se trata nada más ni nada menos que de recuperar para el Estado -es decir, para todos los ciudadanos- los dineros que le son robados por lacras especializadas en usar lo público en su propio beneficio.

Los bienes de la corrupción confiscados actualmente por la Justicia deben ser mantenidos por el Estado, pues la falta de sanción de la ley de extinción de dominio impide su venta, con los gastos que ello implica. Pero todavía más grave es que muchos de quienes han cometido esos groseros delitos sigan impunes.

El kirchnerismo será recordado, seguramente, como uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país. Buena parte de esta demora en avanzar con la ley ha tenido directa relación con el interés de esa facción política por autoprotegerse ante nuevas investigaciones que puedan tenerla como protagonista de más y más escandalosos hechos de corrupción.

A ello debe agregarse la impunidad con la que se han movido hasta el momento los autores de esos delitos, y no solo durante los gobiernos kirchneristas. Una reciente auditoría del Consejo de la Magistratura arrojó como resultado que en los últimos 20 años solo el 8% de las causas por corrupción llegaron a juicio oral.

La lenta y perniciosa actuación de parte de la Justicia -especialmente de varios magistrados de Comodoro Py- ha contribuido a que ello sucediera. Sin ir más lejos, en junio pasado prescribió la causa conocida como "la valija de Antonini". Ocurrió diez años y diez meses después de que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenara abrir una valija del vuelo de presidencia argentina, donde se encontraron US$800.000.

Hubo numerosas pruebas, idas y venidas, pero nada alcanzó para la Justicia argentina, que no llegó a dictar ningún procesamiento. En cambio, en los Estados Unidos, se detuvo y enjuició a tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo por actuar como agentes encubiertos de Hugo Chávez en Florida para comprar el silencio de Antonini, sospechado de haber transportado ese dinero para ser usado en la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

Hay quienes creen ver en los cuadernos del chofer Centeno una oportunidad histórica para que nuestro país cuente con lo que podría ser su propio Lava Jato. Sin embargo, nada de eso podrá ocurrir sin la voluntad de jueces y fiscales de llevar adelante las causas sin más demoras, sin los instrumentos legales más adecuados que debe proveerles el Congreso y sin el aval del propio arco político de ir a fondo contra la corrupción.

Otra de las enormes deudas del Congreso es la sanción, antes de fines del corriente año, de una nueva ley sobre financiamiento de la política, que contemple, entre otros puntos, la bancarización de los fondos para tener un mayor control; el registro en tiempo real, para que los ciudadanos puedan observar qué y cuánto recibe cada partido; poner topes a esas contribuciones; registrar a los proveedores de las campañas de vía pública; cruzar la información entre los organismos de control, y castigar el clientelismo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido muy clara respecto de la responsabilidad que cabe a los legisladores. "El abordaje del delito con medidas eficaces -ha dicho el más alto tribunal- reduce el impacto negativo que este provoca en la sociedad, especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción, que degrada las instituciones del país. Con medidas como las relacionadas con la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo se beneficia directamente a la población".

Como venimos reiterando desde estas columnas, es hora de dar pasos firmes y seguros en esta lucha tanto para que aparezcan los bienes robados como para que se sepa dónde se encuentra la plata mal habida y para que vuelvan al Estado convertidos en políticas públicas como educación, salud y seguridad. Y, fundamentalmente, para que de una vez por todas se depuren la política y la Justicia, con hombres y mujeres apegados a los valores republicanos y a la transparencia de los actos de gobierno.