Alejandra Caballero, asesora legal financiera del ministerio, subrayó que los PPP "no pueden reemplazar toda la obra pública ni a otros sistemas; en el mundo representan entre un 15 y un 20% del incremental que se ejecuta". Dijo que hay inversores que decidieron "esperar" y "ver cómo evoluciona" la crisis.

"Hay interés y expectativas, pero también reparos", dijo, y señaló que hay interesados esperando la segunda convocatoria para obras de transmisión eléctrica y la tercera, para el tren norpatagónico.

En mayo, en medio de los problemas financieros y cambiarios, la funcionaria realizó una gira por España para tratar de sumar interesados.

Caballero disertó en la jornada sobre PPP y transparencia organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el contexto del escándalo de los cuadernos de las coimas, los funcionarios nacionales participantes insistieron en que hay "mecanismos preventivos" para evitar la corrupción en el sistema.

Los potenciales inversores siguen "de cerca" el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, apuntó Caballero, e insistió en que si no se empleara este sistema habría infraestructura que "se demoraría o nunca se realizaría".

Hace tres semanas, el Gobierno firmó los dos primeros contratos para el corredor vial de Las Flores a Coronel Dorrego y otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata, y otro que atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar a Mendoza.

El abogado Héctor Mairal, socio del estudio Marval, O'Farrell & Mairal, describió el modelo argentino de PPP como un "híbrido" que responde al "muy pequeño" mercado financiero local y a que en el país no hay prácticamente operadores.

"El énfasis está puesto en la construcción, entonces es posible que terminadas las obras el constructor salga del negocio y lo venda a un operador", señaló.

A su entender, ese es un riesgo al que hay que estar atentos. En el mundo, los operadores auditan las obras porque les interesa su vida útil posterior. "Acá, aunque hay ciertas restricciones para la cesión, hay que seguir de cerca si el operador que compraría es solvente y da garantías; si no, el problema lo tendrá el Estado", dijo a LA NACION.

Mairal admitió que sin un mercado financiero relevante la única alternativa es pagar la obra mientras se ejecuta: "En la Argentina acceden al sistema un número limitado de empresas, y hay que pensar también si no resulta demasiado caro. Con todo, es un mecanismo que dinamiza no solo la obra pública, sino también el financiamiento".

Para proyectos de obras más complejas de operar, como cárceles y hospitales, entiende que los interesados pueden ser extranjeros con experiencia, "pero que no desplazarán a nacionales, porque directamente no los hay".

Las próximas licitaciones de PPP incluyen nueve proyectos de transmisión eléctrica en alta tensión, el RER (red de expresos regionales, que prevé conectar las líneas ferroviarias metropolitanas en la ciudad de Buenos Aires mediante un sistema de 16 kilómetros de túneles debajo del centro porteño) y el tren de carga desde Bahía Blanca hasta Vaca Muerta.

Además, hay previstos seis hospitales en la provincia de Buenos Aires y otro en Neuquén; tres cárceles en Buenos Aires, y proyectos de viviendas, aguas y cloacas, junto con el recambio del alumbrado público al sistema de led en diez municipios.

Sobre la adhesión de las provincias a la ley nacional, Buenos Aires y la CABA son las únicas jurisdicciones, de las diez que se sumaron, que reglamentaron y pueden operar. De hecho, el gobierno de María Eugenia Vidal ya analiza el portafolio de proyectos a poner en marcha. Roque Spidallieri, secretario de Financiamiento del Ministerio de Inversión de Córdoba, dijo que no se instrumenta -aunque hay adhesión- porque en la coyuntura no están dispuestos a pagar una sobretasa de financiamiento.