Por Claudio Zlotnik - Terminada la reunión, saludo de rigor mediante, la nutrida comitiva de importantes inversores comenzó a transitar el pasillo del ministerio rumbo al ascensor. 

En el escueto dialogo mantenido hasta llegar a la planta baja, todos coincidieron en algo: la tranquilidad con la que habían sido recibidos. 

Esperaban encontrarse con un funcionario más apretado por la tensión y absorbido por la inquietante coyuntura económica. Pero su buen ánimo y rostro distendido los tomó por sorpresa.

Más allá de la lógica "buena onda" que debe tener y de su interés por mostrar a sus invitados que las cosas fluyen pese a la crisis, el anfitrión puso especial énfasis en que se le notara su "paz interior".

Tenía sus motivos, en gran medida vinculados con el plan trazado por Macri para llegar a las elecciones 2019 basado en un timing correcto para aplicar el ajuste de modo tal de quedar con buenas chances para ser reelecto.

Concretamente, hay dos aspectos clave que el Presidente tiene en mente:

- Uno: la apertura de una nueva negociación con el Fondo Monetario para que se adelanten los desembolsos en caso de que los mercados del mundo sigan cerrados para la Argentina.

- Dos: la chance de que el ajuste sobre las cuentas públicas sea menor al que figura teóricamente en los papeles

¿Magia? No. Simplemente la utilización de una ingeniería financiera avalada por elFMI para que durante el año electoral la reducción del rojo fiscal sea menos dramática que la estipulada.

Ambas posibilidades ya fueron contempladas al bosquejar los aumentos tarifarios que se acaban de anunciar.

Contrariamente al 2017, año en que los incrementos fueron "pateados" hasta después de los comicios de octubre, en 2018 se produjo una catarata de aumentos anunciados, sobre todo, en las últimas semanas.

Transporte, luz, combustibles y posiblemente el gas forman parte de la lista de rubros que el Gobierno decidió retocar ahora.

Esta estrategia, si bien va en línea con el cumplimiento de las metas firmadas con el FMI, tiene su razón principal en el calendario político.

En otras palabras, Macri se juega a lograr un sobrecumplimiento de los objetivos de modo tal de contar con mayor tranquilidad y desahogo durante el año electoral.

Por qué el ajuste será menos duro en 2019

Los funcionarios le sacan punta al lápiz y hacen cuentas una y otra vez sobre el ajuste de cara al 2019. 

El Palacio de Hacienda ya redondeó el monto: $300.000 millones. Y prevé que la Nación esté dispuesta a absorber las dos terceras partes.

Sin embargo -y en el inicio de las negociaciones con gobernadores para que avalen el Presupuesto 2019-, el Ejecutivo prefiere callar los atajos que está dispuesto a tomar para ablandar el ajuste, sin necesidad de incumplir con el Fondo.

Pasando en limpio: Nicolás Dujovne se comprometió a achicar el déficit primario del 2,7% de este año al 1,3% en 2019

Sin embargo, los funcionarios de Hacienda han venido trabajando sobre algunos "vericuetos financieros" para reducir esa presión. A saber:

1.- Sobre un rojo fiscal prometido del 1,3% del PBI, se pueden computar fondos por el 0,4% proveniente de ANSES. De esa manera, ese 1,3% puede ser "estirado" al 1,7 por ciento

2.- Hay otro 0,2% que el FMI permite utilizar para asistencia social, con lo cual se llega al 1,9 por ciento.

3.- Pero hay más: un 0,2% adicional vinculado a préstamos de organismos internacionales (BID y Banco Mundial) para obras sociales y de infraestructura que también podrían tomarse en cuenta. 

Conclusión: ese 1,3% pactado como rojo permitido podría estirarse al 2,1% del PBI. Todo esto, con la luz verde del propio FMI.

Dicho de otra manera: Dujovne sabe que el 1,3% de desequilibrio en las cuentas públicas a ser incorporado en el Presupuesto 2019 (pactado con el Fondo) podrá "acomodarse" al 2,1 por ciento. 

Parece poco, pero es un montón de plata (y de tranquilidad).

Pero hay más: el alivio sería mayor ya que este cálculo no contempla el eventual "stop" en la baja de las retenciones a la exportación de soja. 

El presidente Macri le prometió al campo que cumplirá su promesa de continuar con el cronograma de caída de medio punto porcentual por mes (6% en un año), para un sector que actualmente está tributando 26% de su volumen exportado.

Pero la presión de su propio equipo de gobierno es cada vez mayor. Los argumentos fiscales son contundentes: en ese esquema de caída de retenciones, cada mes se resignan ingresos por $1.400 millones, cifra difícil de sostener en una situación de emergencia.

Hay, además, otro conejo para sacar de la galera: como la última revisión trimestral del FMI antes de las presidenciales será a fines de junio, el Ejecutivo tendrá margen para desviarse (subir el gasto público) justo en los meses previos a las urnas. 

En el Gobierno descuentan que la misión que llegue a Buenos Aires a fines de septiembre 2019 recién divulgará el resultado pasados los comicios. Entonces, la corrección podría hacerse ni bien pasen las elecciones. Es decir, con el resultado ya puesto.

Todo esto es lo que justifica la tranquilidad que en Hacienda dispensan a los eventuales visitantes, ejecutivos de grandes empresas y financistas del exterior. 

En el calendario rumbo a las presidenciales se adiciona un dato que no debería pasar por alto ningún analista político, dicen en el Ministerio: la cosecha agropecuaria del segundo trimestre, que ayudará a levantar la economía con un timing preciso, de cara a las elecciones.

Operativo seducción al FMI

Así como Dujovne estudia y agudiza su ingenio para que el ajuste 2019 se note lo menos posible, hay otra verdad que presiona a los funcionarios: el financiamiento de ese año. 

Los desembolsos comprometidos por el FMI, unos u$s3.000 millones cada trimestre, no alcanzan para tapar el bache fiscal.

Este año, en enero, Caputo colocó bonos de deuda por u$s9.000 millones. Son fondos que no están disponibles ahora, ya que los mercados globales están cerrados para la Argentina.

En los bancos de inversión de Wall Street no hay consenso sobre el monto que resta financiar. Las estimaciones van desde u$s7.000 millones hasta u$s10.000 millones. 

¿Qué es lo que explica esa diferencia? Los variados escenarios económicos que puedan ocurrir. 

Esas cuentas también incluyen la refinanciación del total de vencimientos de Letes (en dólares), algo que no se vino concretando en estos últimos meses.

Es más: desde la consultora LCG -fundada por Martín Lousteau- advierten que si, en lo que resta del año, el Gobierno no logra refinanciar ese pasivo (u$s10.100 millones), todavía faltaría tapar un bache de u$s1.700 millones en 2018.

Queda claro que la plata no alcanza. Y menos aún con los mercados cerrados.

Por eso, el Gobierno tiene un "Plan B": negociar con el FMI un adelanto "generoso" de desembolsos. 

¿Cuánto? Disponer de los u$s50.000 millones el año que viene, pese a que el acuerdo con el organismo es de tres años y está previsto que ese dinero sea transferido de manera gradual durante ese lapso de tiempo.