Por Andrés Sanguinetti - El listado de obras de infraestructura relacionadas con el sector energético que fueron adjudicadas por el ex gobierno K y por la administración de Mauricio Macri a las empresas que figuran en los cuadernos de las coimas involucra un monto global de al menos u$s22.000 millones.

La cifra abarca los contratos pagados por el Estado nacional y vinculados con la energía que fueron adjudicados por el ex Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido y también por sus empresas satélites. Es decir, por Enarsa, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o Nucleoenergática Argentina S.A, entre otras.

Aparecen además otras adjudicadas por el actual Ministerio de Energía que comanda Javier Iguacel y las mismas sociedades estatales a las siete empresas cuyos directivos están detenidos o bajo investigación por la causa de los cuadernos K.

Se involucran la realización de obras en gasoductos y plantas compresoras de gas; la construcción de terminales de ciclo combinado y trabajos en Atucha III, la central térmica de Río Turbio. También, dos mega represas en Santa Cruz y la central hidroeléctrica Piedra del Águila, entre otros millonarios emprendimientos.

Pero no todas se encuentran bajo sospecha. De hecho, las cedidas a partir del 2016, bajo la gestión del actual gobierno de Mauricio Macri, no recibieron denuncias.Incluso, la propia administración de Cambiemos canceló, rescindió o denunció ante la Justicia varias de esas obras como la que investiga los fondos desviados a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y la expansión de una serie de gasoductos entre el 2006 el 2007, entre otras.

Según una recopilación de datos realizada por iProfesional en base a documentos públicos, se trata de concesiones que estuvieron o están a cargo de Esuco, Isolux, IECSA, Albanesi, Impsa, Electroingeniería y BTU. Todas estas compañías o los nombres de algunos de sus ejecutivos de mayor relevancia figuran en las anotaciones que entre el 2008 y el 2015 llevó a cabo Oscar Centeno en sus ocho cuadernos.

Durante ese lapso, el ex chofer de Roberto Baratta fue describiendo encuentros, lugares y pagos que recibio la mano derecha de De Vido mientras ocupó el segundo puesto en importancia en el Ministerio de Planificación Federal. De acuerdo con sus registros, durante esos casi ocho años de viajes recogió en su auto $35 millones en coimas pagadas por firmas proveedoras del Estado. Aunque tanto el fiscal del caso, Carlos Stornelli, como el juez Claudio Bonadio habrían estimado que

Los casos más relevantes

En el caso de Esuco, cuyo propietario es Carlos Wagner, hasta ahora hay contabilizados u$s2 millones en pagos. Pero la empresa del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), habría desembolsado un número mucho mayor si se tiene en cuenta que obtuvo como legado del kirchnerismo una obra por u$s286 millones para la construcción de una parte del tendido del Gasoducto del NEA.

Tiene un grado de avance del 98% y Esuco creó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con BTU (otra de las involucradas en las coimas) y la firma Víctor Contreras, que se encargó de la ejecución de los ramales de aproximación.

En cuanto a las obras de BTU no hay detalles sobre los pagos de coimas pero se mención a su titular, Carlos Mundin, efectuando "aportes" de dinero en un restaurante de Av. Libertador al 1.900, en una reunión de la que participó un hijo de De Vido, Santiago De Vido, y Lazarta, según Centeno. El chofer aseguró que entre julio y septiembre de 2012 se entregaron bolsos con dinero aunque no se especificaron montos.

BTU es la misma empresa que figura como adjudicataria de obras por u$s961 millones, como la que comparte con Esuco en el Chaco en la cual también estuvo involucrada la sueca Skanska, que participó de esas obras y que luego admitió el pago de "comisiones indebidas". También forma parte de un fideicomiso creado por De Vido para financiar la expansión de una serie de gasoductos en Santa Cruz que nunca se terminó y que el Ministerio de Energía actual pidió frenar.

La obra fue reactivada por el jefe de Baratta ocho días antes de dejar su cargo en Planificación Federal, al punto que destinó $1.000 millones del Estado nacional para la obra sospechada de arrastrar un sobrecosto general de al menos 100%, según documentos oficiales y privados y testimonios que recopiló el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación.

Pero BTU también recibió obras para construir plantas compresoras de gas en la localidad salteña de Pichanal y otras similares en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y en el gasoducto Córdoba-Santiago del Estero-Salta, que se encuentran completadas.

En el caso de las plantas compresoras, fueron licitadas por TGN y TGS y pagadas con fondos de Nación Fideicomisos. Si bien no hubo contratos con Energía ni se conocen los montos de los acuerdos, las obras fueron denunciadas en los tribunales de Comodoro Py y canceladas por “flagrantes irregularidades y sobrecostos". 

En lo que respecta al gasoducto Córdoba-Santiago del Estero-Salta, tampoco fue licitado ni adjudicado por el ministerio a cargo de Iguacel y se desconocen los valores.

Con respecto a la participación de IECSA, figura como adjudicataria de obras por u$s3.500 millones durante el kirchnerismo y que en algunos casos todavía se mantiene, más aún luego de haber sido vendida por su anterior dueño, Angelo Calcaterra, al empresario Marcelo Mindlin en marzo del año pasado.

La de mayores dimensiones es la referida al desarrollo de dos acueductos en las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López, en las cercanías de la ciudad de La Plata, que encaró en sociedad con Isolux, otra de las empresas mencionadas en la ruta de las coimas de Centeno. De hecho, las obras quedaron inconclusas y Energía debió reorientarlas para que las terminara Enarsa, durante la gestión de Juan José Aranguren.

El ex ministro revocó el contrato con IECSA cuando esa compañía aún estaba en poder de Calcaterra y su CEO era Javier Sánchez Caballero, ahora convertido en uno de los “arrepentidos” del caso de los cuadernos de Centeno.

Según el chofer de Baratta, el ejecutivo realizó pagos por ODS y por IECSA por más de u$s2,2 millones en el 2015 que ahora Calcaterra los atribuye a “colaboraciones” para la campaña política presidencial de Cristina Fernández. De hecho, argumentó ante el juez Bonadio que Sánchez Caballero hizo esos pagos por orden suya y que se llevaron a cabo bajo “extorsión” de los ex funcionarios K y como forma de poder cobrar parte de la deuda por las obras que se adjudicaron.

Con respecto a los dos acueductos en las centrales Ensenada Barragán y Brigadier López las obras fueron terminadas por la ex Enarsa con un presupuesto adicional de u$s1000 millones. Esta obra fue licitada en 2011 cuando Enarsa era controlada por Walter Fagyas, a su vez mano derecha de Baratta y desde un comienzo estuvo rodeada de sospechas y de acusaciones por incongruencias técnicas.

Pero además, IECSA fue elegida por De Vido para la construcción de una estación transformadora en la localidad de Esperanza; para varios trabajos en la central Atucha II y para el gasoducto Regional Centro II (Sacde-TGS) que se encuentra en ejecución.

En el caso de Isolux, el ex ministro De Vido le entregó obras por $4.950 millones, algunas de las cuales compartió con IECSA como, precisamente, los ciclos abiertos de las usinas de Ensenada y Brigadier López.

También fue protagonista de las investigaciones por las irregularidades y las demoras en la finalización de los trabajos en la Central Térmica de Río Turbio, que fue rescindida por Energía y que tenía un presupuesto de u$s1800 millones.

Participó además de la central eólica Loma Blanca IV Puerto Madryn y de otro emprendimiento en la localidad de Saenz Peña, en Formosa.

En el caso de los cuadernos, Centeno asegura en sus escritos que Juan Carlos de Goycochea, ex ejecutivo de Isolux, realizó nueve entregas de dinero por u$s5,7 millones. Tras haber sido detenido y declarar ante Bonadio, este empresario también optó por buscar el amparo de la figura del “arrepentido” admitiendo los pagos.

En cuanto a Albanesi, es una de las empresas que más obras tiene bajo la ahora atenta mirada del ministerio que comanda Javier Iguacel. Más que nada porque fue adjudicataria de 14 trabajos por u$s611 millones.

En el listado figuran las centrales térmicas Maranzana; Independencia I y II; Roca; La Rioja; Sorrento; La Banda; Frías; Ezeiza; Cogeneración Arroyo Seco; Renova Santa Fe; Cierre de Ciclo Ezeiza y Timbúes.

Su dueño, Armando Loson, fue acusado por Bonadio, ya que en los cuadernos se detectaron pagos millonarios que siempre fueron retirados en la sede de la compañía por Nelson Lazarte, mano derecha de Baratta.

Y en lo que respecta a Electroingeniería, De Vido le dejó un importante legado. Un total de 17 obras que ahora Energía investiga. La más relevante tiene un presupuesto de $4.500 millones para la construcción de dos represas en Santa Cruz.

Se trata del proyecto Condor Cliff y Barrancosa, por las cuales la empresa de Gerardo Ferreyra ya recibió u$s824 millones y que debe levantar en sociedad con el grupo chino Gezhouba como parte de una UTE en la cual también participa la empresa Hydrcuyo, de San Juan.

Para el Gobierno de Mauricio Macri es una obra de vital importancia si se pretende lograr la autonomía energética para el país. De hecho, se renegoció el monto inicial a casi a la mitad del costo de la obra a través de varias adendas, se hizo un estudio de impacto ambiental y se llevó a cabo una audiencia pública en el Congreso.

Por ese motivo, se negocia que los dos socios de Electroingeniería en este mega proyecto se queden con la participación del grupo cordobés que llega al 35% del total de la UTE. De hecho, otro 65% está en poder del holding asiático y el 10% de la firma sanjuanina.

Pero no es la única obra en manos de Electroingeniería. También se le entregaron varios emprendimientos más por otros u$s4.195 millones. Todas adjudicaciones cedidas por De Vido y Baratta como la de los ciclos combinados San Martín I; Belgrano I y Belgrano II; trabajos en la Central Nuclear Atucha II; la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse y gasoductos troncales en Córdoba.

En este último caso, la obra fue licitada y adjudicada por la provincia. Mientras que por los contratos de líneas de alta tensión se estima, en base a datos informados por la propia compañía, se desembolsaron u$s1.600 millones.

Electroingeniería también participa de un programa de interconexión eléctrica como el que se realiza entre Mar del Plata y Bahía Blanca o entre las ciudades de Lavalle y Santiago del Estero, o Pico Truncado y Esperanza.  Además, está presente en la construcción del tercer tramo de Yacyretá y de los sistemas de interconexión Comahue-Cuyo; NEA-NOA o Pilar Córdoba.

En sus cuadernos, Centeno asegura que Ferreyra y otro ejecutivo de Electroingeniería, Jorge Neyra, entregaron coimas por un total de u$s11 millones a Daniel Muñóz en Uruguay 1306, el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

Por su parte, Impsa logró que De Vido la tuviera en cuenta solamente para tres obras como son las vinculadas con la represa hidroeléctrica Piedra del Águila, la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse y la construcción del reactor nuclear de baja potencia CAREM 25, que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 

En conjunto, estas adjudicaciones suman algo más de u$s700 millones, mientras que en los cuadernos de Centeno, la ex empresa de Enrique Pescarmona aparece entregando coimas por u$s2,8 millones en varias oportunidades.

El chofer de Baratta identifica al ex CEO de Impsa, Francisco Valenti, como el entregador del dinero en ocho oportunidades durante 2008 y todos en nombre de la empresa mendocina.