"Es el dilema de correr de atrás el ajuste de tarifas. Cuando alcancemos el nivel de precio que cubre el costo de producción, los precios van a subir solamente al ritmo de la inflación", dice Nadin Argañaraz, director del Iaraf. Con una suba de precios interanual de 29,5%, un aumento mayor de tarifas es insostenible para los residentes y las empresas, sobre todo cuando el consumo y las ventas se mantienen retraídos.

El Gobierno, por su parte, tiene por un lado la meta de cumplir con un déficit fiscal menor al 2,7% del PBI este año y no excederse de una inflación anual del 32%. Para el año próximo, el desafío es aun mayor: el gasto debe ser menor al 1,3% del PBI y la inflación no puede superar el 21%, según el límite superior que figura en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"A partir de mayo y junio hubo un salto en el nivel de subsidios que está explicado por la suba abrupta que tuvo el dólar y por la propia dinámica inflacionaria. Si la tarifa aumenta solo al ritmo de la inflación, el subsidio tiene que subir", explicó Argañaraz, que señaló un incremento del 290,8% en subsidios a la energía y una suba de 135% en subsidios al transporte.

"Lo relevante es que con este comportamiento, en términos de energía se va achicando la caída real de los subsidios que se venía logrando en el año. En el período enero-abril, los subsidios a la energía habían caído un 59% en términos reales con respecto al año pasado, y habían provocado una fuerte baja en el gasto público. Pero cuando se analiza enero-julio, hubo solo una baja del 14% en términos reales. El ahorro real se va achicando", indicó el economista.

"Habría que ir viendo el comportamiento de los subsidios mes a mes, pero en el acumulado a agosto podría haber un crecimiento real por cómo viene la tendencia", agregó, e indicó que en el año se devengaron $28.661 millones para subsidiar las tarifas energéticas.

El Gobierno anunció la semana pasada un aumento en las tarifas de electricidad de 24,4% en promedio, menor al 60% que debería ser -según los cálculos oficiales- si se trasladaban al precio final todos los costos de la devaluación. El ministro de Energía, Javier Iguacel, comentó que uno de los ahorros que se haría sería en el precio en boca de pozo al cual compra el gas Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico mayorista, que bajó de US$5,20 a US$4,20 el millón de BTU (unidad de medida del fluido) a partir de agosto. Según los datos del Iaraf, en el acumulado entre enero y julio, las transferencias del Estado a Cammesa crecieron un 55,3%, mientras que solo en julio se observa un aumento de 352% en relación al crédito devengado en julio de 2017.

"Por otro lado, en la ley de presupuesto para este año se proyectaron transferencias a Enarsa (Energía Argentina SA) por un equivalente a $12.727,3 millones para 'financiar erogaciones destinadas a solventar la diferencia entre el precio de importación del combustible y el precio del mismo en el mercado interno'. A julio, las partidas devengadas por Enarsa equivalen a $12.886 millones, lo que implica una sobreejecución de la partida presupuestada (101%) y registran un crecimiento igual al 129%", resaltó un informe del Iaraf.

En cuanto a los subsidios al transporte, a julio se registra un devengamiento de fondos por $23.817,5 millones, lo que equivale a un crecimiento interanual en torno del 31,3%, según el instituto.