Los bancos son de los primeros asustados por el escenario de incertidumbre. Todos son prestamistas de los constructores privados y dependen del flujo de dinero del Estado que llega a las empresas de la construcción, algunas ahora bajo sospecha.

Por eso, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , organizó una reunión con las principales entidades financieras para esta mañana en el Palacio de Hacienda. Allí estará también el secretario de Política Económica, Guido Sandleris, mano derecha del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne . Además, participará del encuentro José Luis Morea, secretario de Participación Público Privada (PPP).

"Hacemos esta reunión para que no haya ningún error de información. Van seguir fluyendo la obra pública, los anticipos, los comienzos de obras, todo, para que nada impacte entre las empresas constructoras y los bancos", afirmó Dietrich a LA NACION. "La idea de esta reunión es que los bancos locales, que financian a las empresas constructoras, tengan de primera mano y con total claridad la certeza de que el proceso continúa. Que vean cómo vienen los procesos de pago, que se han acelerado mucho para bajar la deuda de las empresas", dijo.

Claramente hubo una lectura de que [la causa de los cuadernos de las coimas] puede tener similitudes con lo que pasó en Brasil. Pero es lo opuesto a ese proceso

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte

"Ocurre lo mismo con los PPP. Las empresas tienen un año para cerrar el financiamiento. Hay que separar las personas físicas de las personas jurídicas (empresas). Aquí hay cientos o miles de personas que no tienen que creer que ponemos en riesgo su trabajo por lo que hayan hecho algunos empresarios, si la Justicia efectivamente lo prueba", indicó el funcionario.

"Claramente, hubo una lectura de que [la causa de los cuadernos de las coimas] puede tener similitudes con lo que pasó en Brasil. Es lo opuesto a ese proceso. Acá hay un nuevo gobierno que no tiene ninguna relación con los cuadernos. Las obras que se licitaron se hacen con total transparencia", dijo.

"Una cosa es que en la obra pública se puedan hacer los pagos y las redeterminaciones, lo que va a depender de la Justicia, pero creo que no necesariamente va a ser un problema", afirmaron en un ministerio encargado de la obra pública. "Otra es que esto te afecte la economía por algún lado. Probablemente sí, ya que todas estas empresas van a tener problemas para emitir deuda cuando el mercado financiero se abra. Genera un nivel de incertidumbre importante", concluyó un funcionario.

Pero el optimismo oficial no es acompañado, por ahora, por el sector privado. Los empresarios creen que las consecuencias de la investigación son complejas para la obra pública. Así lo sugirió Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, días atrás en Córdoba. El espejo más usado es Brasil. Siguiendo esa imagen, creen que los funcionarios dejarán de firmar órdenes de pago y los bancos frenarán el financiamiento. Todo esto -estiman- se da en una situación complicada de la economía, momentos de escaso margen fiscal, aumentos de los insumos y con problemas de pagos por las elevadas tasas de interés.

Sin ir más lejos, el Indec confirmó que la construcción tuvo en junio su primera caída en quince meses: -0,1%. El último documento del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) señaló que al finalizar el primer semestre del año, la Dirección Nacional de Vialidad había comprometido partidas presupuestarias por $24.400 millones, pero había realizado pagos por $11.900 millones, menos del 50%. La baja se nota en la venta de insumos: la tasa de aumento de la comercialización de asfalto fue en junio de las más bajas del año. La compra de cemento prolongó en junio la caída de mayo, pero sin el efecto de las lluvias.

El del Ieric no es el único dato que preocupa a los analistas, sobre todo de los bancos. Por ejemplo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que los subsidios a la energía y al transporte crecieron un 290% y un 135%, respectivamente, en julio. En medio del ajuste que el Gobierno debe hacer tras el acuerdo stand-by firmado con el Fondo, algunos creen que para no aumentar más las tarifas tras la devaluación se frenarán más obras. Sobre todo, en momentos en que la recaudación tributaria parece haber comenzado a sentir el freno en la economía por las altas tasas.

Algunos creen que el ajuste de Dujovne es más ambicioso. "Un recorte de $300.000 millones en el gasto público implicaría lograr un déficit primario de 0,3% del PBI en 2019", estimó ayer el Iaraf. En medio de la corrupción, la crisis y el ajuste, a los constructores solo les queda la fe. "Dios proveerá", rezaba un empresario ayer.