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| Una de tres, el complicado saldo temporal de las metas comprometidas con el FMI |
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16/08 - 08:59 Ambito Financiero |
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Por Carlos Burgueño - Al anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la conducción económica del país tenía tres metas finales
para cerrar el año "exitosamente": que el déficit fiscal primario no
supere el 2,7% del PBI, que el país crezca en 2018 (aunque sea de una manera
mínima) y que la inflación no supere el 32% acumulado. Ahora, a menos de 5
meses del 31 de diciembre, sólo la primera está garantizada, y es probable, que
las otras dos resulten fallidas. De ser así, dadas las circunstancias, hacia el
último trimestre del año el Gobierno debería evaluar la alternativa de pedir un
"waiver" con el FMI. Para esto, al menos, Mauricio Macri debería
haber logrado que el Congreso nacional le haya aprobado el proyecto de ley de
Presupuesto 2019, con el 100% del ajuste comprometido políticamente
garantizado.
Las medidas fiscales de mayor presión sobre el ingreso de los recursos fiscales
anunciadas por el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, le dan la garantía
al Estado nacional de conseguir un nivel de superávit fiscal primario de 2,7%;
porcentaje que incluso podría ubicarse cerca del 2,5%, o aún por debajo. Para
esto deberían cumplirse expectativas positivas que tiene el Gobierno: que la
recaudación impositiva aporte unos $20.000 millones extras a lo presupuestado y
que la aplicación del ajuste anunciado el lunes llegue a los $15.000 millones
de ahorro. Supone Hacienda que esta meta es la principal preocupación de los
técnicos del Fondo, con lo que su cumplimiento debería generar la suficiente
confianza en el equipo que maneja Ricardo Caldarelli, como para que acepte
negociar las otras dos variables comprometidas que se le complicaron al
Ejecutivo.
A nadie sorprendió en el Palacio de Hacienda el dato final de la inflación de
julio de 3,1% (ver pág. 3). Hasta el viernes había esperanzas de un 3% redondo.
Sin embargo, el dato que se manejaba el fin de semana era pesimista. Hubo
incluso quien pensó que podría ser aún peor, y que se podría haber acercado más
al 3,5% que pronosticaban las consultoras privadas. Lo cierto es que el dato
del acumulado del año a 19,6% complica la meta anual prometida de un límite de
32% anual, cuando los privados más pesimistas están hablando de entre 34% y
35%. Se descarta, aún en los despachos oficiales que agosto traerá malas
noticias. Sólo por el descarte residual de julio y los efectos de las subas de
los combustibles y alimentos, sería inevitable que el incremento de los precios
llegue este mes a 3%. Con esto se acumularía en los primeros ocho meses de 2018
un total de 22,5%; o incluso 23%. Para el resto del año debería lograrse menos
de 9,5%; o, dicho de otro modo, un promedio aproximado de 2,4% mensual. No
sería una meta imposible, especialmente entre octubre y noviembre. Pero para
esto todo el gabinete económico debería hacer gala de una característica que
aún no mostró: coordinación extrema. Especialmente en el momento de aplicar
incrementos de combustibles y tarifas fuera de lo presupuestado. Lejos de esta
posición estratégica, el mes próximo comenzarán las subas del gas, resta una
nueva alza de los combustibles de aproximadamente 10% y diciembre es
tradicionalmente un mes de alto nivel inflacionario.
El panorama se complica aún más al proyectar las posibilidades ciertas de lograr
en 2018 un crecimiento de la economía, aunque sea de una manera austera. Sólo
un 0,1% alcanzaría para que Mauricio Macri rompa la maldición de los años
pares, que se viene acumulando desde 2014. Sin embargo, las perspectivas no son
buenas. Es inevitable que el país caiga en recesión entre el segundo y el
tercer trimestre del año. El problema es el cuarto. Hasta fines de julio las
expectativas eran favorables. Sin embargo, el estallido de la crisis turca y
los efectos en la economía real de la causa de los cuadernos (que, como mínimo,
paralizarían la obra pública) fueron baldazos de agua fría en las proyecciones.
El golpe final, aseguran en el campo (el sector que más puede influir
positivamente en el EMAE), fue la suspensión por seis meses del cronograma de
retenciones para las exportaciones industriales de la soja.
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