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| El Gobierno ya habla de un waiver con el FMI |
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21/08 - 08:44 Ambito Financiero |
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Por Carlos Buirgueño - El Gobierno se prepara iniciar en septiembre las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo
acepte un waiver (perdón) por no cumplir con una de las pautas estipuladas en
el acuerdo firmado en julio: el límite de inflación de 32%. Como argumento se
utilizará una paradoja: que impidieron ese objetivo las exigencias del propio
FMI de desmantelar de manera rápida la bomba de tiempo de las Lebac y la
imposibilidad de financiar corridas bancarias con el dinero aportado. Según las
autoridades argentinas, la presión devaluatoria provocada por ambas medidas
negociadas con el organismo que dirige Christine Lagarde fue la principal causa
del alza de los precios desde mayo de este año hacia delante; aun por encima de
la presión de los aumentos de los combustibles y de las tarifas de los
servicios públicos y el transporte. Para los técnicos del oficialismo, el alza
de la divisa tiene en la estructura económica nacional una incidencia directa
en el incremento de la inflación de tal tamaño, que a veces hasta es difícil de
entender desde el exterior. Incluso el macrismo en toda su trayectoria de algo
más de dos años y medio, comprendió que una devaluación implica una inevitable
alteración ascendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y que lo único
que restaría es aplacar las consecuencias y hacerlas lo menos dolorosas
posibles. Incluso el elenco gobernante, en los tiempos de Alfonso Prat Gay y
Federico Sturzenegger incluyeron un nuevo término al fenómeno: el pass
through.
Al comienzo de la misión oficial del FMI este argumento generaba dudas. Los
enviados de Lagarde al mando del italiano Roberto Caldarelli, acostumbrados a
controlar las cuentas de países más estables y obedientes a las reglas
mundiales de la macroeconomía; mostraron al comienzo de su gestión en julio de
este año, muchos cuestionamientos a la teoría del alza de la inflación
provocada por una devaluación. Y menos en situaciones y escenarios recesivos.
Fue con los datos sobre la mesa obtenidos en las fiscalizaciones mensuales de
los técnicos, que Caldarelli y su gente comprendieron que la Argentina tiene
sus propias reglas económicas, que a veces queman los libros de la ortodoxia y
obligan a los actores más respetados a repensar sus ideas. Aparentemente, los
datos inflacionarios de junio y julio (casi cercanos al 7% bimensual, un
porcentaje que los países de la región tienen en todo un ejercicio), provocados
por el alza del dólar y su efecto en los precios; convencieron a los enviados
de Washington. O al menos eso es lo que esperan desde Buenos Aires.
Los números inflacionarios que maneja el ministerio de Hacienda de Nicolás
Dujovne y el Banco Central de Luis Caputo, aún son optimistas, y hablan de la
pelea cuerpo a cuerpo para sostener el 32% final. Sin embargo ya son varios los
funcionarios, incluyendo los aún poderosos hombres de la jefatura de Gabinete
de Marcos Peña, que comienzan a escuchar las voces de los economistas privados
que hablan de un 34% seguro y la posibilidad de romper la empalizada del 35%
anual. Inevitablemente esto implicaría no cumplir con una de las metas
fundamentales del acuerdo con el FMI, y la obligación de negociar un perdón que
incluya no sólo la variable inflacionaria sino además la de crecimiento. Según
lo firmado, este año el país debería crecer 1%, y desde la Casa de Gobierno ya
hay cierto convencimiento pesimista que este año volverá a cumplirse la
maldición de los años pares. Esto es, una caída en la actividad económica
similar a la del 2014 y el 2016. El incumplimiento de esta meta esa asumido por
el Gobierno de Mauricio Macri, en parte, por la crisis truca y, en parte, por
las esquirlas de la causa de los cuadernos. El problema es la interpretación
del incumplimiento del 32%.
Hacienda y el BCRA quieren que desde Washington se comprenda que fue la última
imposición del FMI la que hizo trizas la posibilidad de sostener el 32% final.
La estrategia acordada para desmantelar la bomba de tiempo de las Lebac, con la
consecuente liberación mensual de unos $100.000 millones al sistema financiero
para que puedan operar en el mercado libre de cambios; combinado con la
exigencia irrenunciable del Fondo de no permitir que con el dinero del préstamo
de u$s50.000 millones se financien corridas cambiarias; hacían imposible
sostener el tipo de cambio en los límites pactados. Y que, en parte, también en
Washington deben hacerse cargo de las consecuencias; por ejemplo, aceptando el
"perdón".
Obviamente, ni en Buenos Aires ni en Washington, gusta hablar de un waiver a
menos de un año de iniciado el acuerdo de reinicio de las relaciones
crediticias entre el FMI y el país. Sin embargo, peor sería decretar el fracaso
de la ayuda y liberar a la Argentina a su suerte.
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