En contactos de los últimos dos años entre ambos países, las autoridades de los Estados Unidos solicitaron pruebas del origen ilícito del dinero que Muñoz llevó a Miami. Así lo transmitieron en conversaciones reservadas con los representantes argentinos. La información comenzó a ser enviada a Estados Unidos . Pero la traba principal aparece en la falta de avances en la Justicia argentina en el enriquecimiento del exsecretario privado de Néstor Kirchner.

En 2015, el juez federal Luis Rodríguez dictó el sobreseimiento de Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, al asegurar que había sido imposible probar los dichos de la excolaboradora de Kirchner Miriam Quiroga, quien había denunciado la entrega de bolsos con dinero en la Casa Rosada. El fallo fue muy celebrado por el kirchnerismo como una confirmación de la inexistencia de un circuito de pagos en negro. Sin embargo, un año después, gracias a los documentos revelados por LA NACION a partir de la investigación de los Panama Papers, se descubrió que Muñoz había creado firmas inmobiliarias, petroleras y de servicios financiero y que había operado con una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La riqueza que la Justicia argentina no había logrado probar estaba escondida en el exterior. Según exhibían los mails de la firma panameña Mossack Fonseca, Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black Limited, una compañía fundada con el objetivo de comprar propiedades en los Estados Unidos. Muñoz había llegado en 2003 a secretario de Kirchner con un Volkswagen Gol modelo 99 como único bien. El exsecretario murió en mayo de 2016.

Por las dudas, después del éxito del sobreseimiento de 2015, las firmas vinculadas al entorno de Muñoz se encargaron de correr una carrera frenética para que los fondos pasaran de una sociedad a otra, ya fuera en las Islas Vírgenes o en Andorra, para complicar el rastreo de la riqueza. Para entonces, el marplatense Sergio Todisco y su esposa, Elisabeth Ortín Municoy, habían sido señalados como posibles testaferros de Muñoz y su esposa. El fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, le solicitó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, que siguiera el rastro de las propiedades de Muñoz, a fin de lograr recuperar los bienes cuando la Justicia argentina dictara una condena. Allí comenzaron los contactos con Estados Unidos. La respuesta fue positiva, pero necesitaban una reacción de la Justicia argentina.

Todisco, quien reconoció que había asumido la representación de la offshore por su amistad con Muñoz, había realizado compras millonarias, que incluían desde departamentos en la avenida Collins valuados en 10 millones de dólares hasta un shopping de 900 metros cuadrados. Entre 2010 y julio de 2015, Todisco y su esposa entonces crearon 13 sociedades en Miami y en el estado de Delaware.

A comienzos del año pasado, una investigación del Miami Herald advirtió que el emporio inmobiliario vinculado a la dupla de Todisco y Municoy había comenzado a vender propiedades millonarias en Florida, incluso resignando ganancias. Entre otras propiedades, el Miami Herald enumeró un negocio en Little Havana por US$13,1 millones; sucursales bancarias en Pompano Beach y Kendall por US$5,8 millones en agosto y US$6,5 millones, y un departamento en la torre de lujo Icon Brickell por US$320.000. Todo en apenas cinco meses.

La mayoría de las sociedades, como informó ayer LA NACION, pasaron a nombre de la panameña Perla Aydeé Puente Resendez y se disolvieron en julio del año pasado.

Con el objetivo de reabrir la investigación, la UIF apeló el sobreseimiento de Muñoz y pidió que, más allá del enriquecimiento ilícito, se investigaran las operaciones del exsecretario de Kirchner por lavado de dinero. La Cámara Federal dio la razón. Pero entonces reaccionó la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien reclamó que se cerrara la investigación porque era "cosa juzgada". El tribunal de Casación aceptó el pedido de Pochetti y la UIF debió recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. Allí, el caso espera una definición, que puede marcar el destino de los 65 millones de dólares desparramados en los Estados Unidos. Desde que llegó la alerta por el origen ilícito de los bienes, los norteamericanos pusieron en marcha un seguimiento de aquellos, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Sin embargo, cada día que pasa sin un requerimiento judicial la posibilidad de recuperar el dinero se aleja.