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Por Pablo Fernández Blanco - El equipo económico
comandado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, trabaja diariamente con
una convicción: pese a que el año próximo hay elecciones y el ajuste es una
práctica impopular entre los votantes, la prioridad del Gobierno es reducir el
quebranto del Estado para cumplir con las metas acordadas con el Fondo
Monetario Internacional ( FMI ), de 2,7% del PBI para este año y de 1,3% el
próximo. Esa convicción proviene del propio presidente Mauricio
Macri , quien en las reuniones hace hincapié en las cifras,
pero no menciona -al menos en ese espacio de trabajo- la obligación de ir a las
urnas en 2019.
Hacienda puso en marcha en los últimos meses una serie de ardides,
medidas y negociaciones con vistas a que cierren los números en diciembre. La
primera decisión tiene que ver con la plata que sale de la caja. En una
práctica que suele irritar a sus colegas del Gabinete, el Ministerio se puso
receloso al momento de firmar certificados de pago.
Si bien cada cartera tiene un presupuesto propio que está aprobado por
el Congreso, los pagos deben contar con la autorización de Dujovne. Con la
revisión pormenorizada de cada certificado, le envía una señal de cuidado con
el gasto al resto de las dependencias, que saben que deben enfrentar una dura
negociación para justificar la salida de dinero.
En la lista anterior se encuentran los pagos de algunos bienes y
servicios que insumen millones de dólares. Un ejemplo es la importación de gas
de Bolivia. A mediados de agosto, por caso, el país del Altiplano informó que
la Argentina le debía US$255 millones por el fluido.
Hacienda también les comunicó a los ministerios que no tendrán
disponibles para utilizar todos los fondos aprobados por el Congreso en el presupuesto
de este año. Esa cuenta, que en el lenguaje de la contabilidad estatal se
denomina crédito vigente, representa los recursos que tiene cada cartera, de
los que suele hacer un uso relativamente cronológico a medida que avanza el
año.
La ejecución del presupuesto se refiere al empleo efectivo de esos
recursos. Su uso se mide en porcentaje, por lo que es probable que la mayoría
no alcance el 100% este año, como estaba previsto a fines de 2017.
Según los últimos números oficiales, el presupuesto de la Nación tiene
una ejecución del 61,8% a esta altura, poco menos del 66% que le correspondería
a un uso cronológico de los recursos. Sin embargo, algunas carteras muestran
una gran subutilización de las partidas. El mejor ejemplo es la jefatura de
Gabinete, a cargo de Marcos Peña, que solo empleó $3075 millones de los
$8.836,58 millones disponibles. Es un 35 por ciento.
En paralelo, Hacienda inició una competencia entre los ministerios para
definir dónde colocará las inversiones del Estado el año próximo, entre las que
se encuentran las relacionadas con la obra pública.
Hace aproximadamente dos semanas partieron hacia todas las carteras las
indicaciones del equipo de Dujovne a los ministerios con indicaciones precisas sobre
cómo armar el presupuesto que se presentará al Congreso. Entre ellas figura una
reducción de los recursos destinados a infraestructura.
En los próximos días Hacienda hará una revisión de los proyectos
enviados por los ministerios. Según sostuvo ante la consulta de LA NACION un
funcionario que talla en esas decisiones, perdurarán los que hayan sido
elegidos con más inteligencia según los ministros. Eso implica, por ejemplo,
que las iniciativas seleccionadas tengan un grado importante de avance físico.
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