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Por Joaquín Morales Solá - Hay una contradicción notable en la incesante crisis
económica. Mauricio Macri es el presidente de la democracia argentina con mayor
nivel de apoyo en el mundo político internacional. Los gobiernos de los
principales países del mundo han manifestado su respaldo explícito al
mandatario argentino. No valoran solo lo que hace, sino también el contraste
con el gobierno que existió en la Argentina hasta diciembre de 2015. Sin
embargo, los mercados lo están castigando como si fuera una versión argentina
de Nicolás Maduro o la continuidad de Cristina Kirchner.
¿Qué explica esa contradicción? Si bien la división que provocó la
globalización entre el poder político mundial y los mercados (que tienen su
propio poder) podría ser una razón, el argumento es muy parcial.
Los economistas ortodoxos se frotan las manos: la historia les dio la
razón, dicen, porque ellos criticaron desde el principio la política
gradualista, que debió ser modificada cuando resta poco más de un año para las
elecciones que decidirán -o no- la reelección de Macri. La verdad no está nunca
de un solo lado. Quizá el error de Macri haya sido el excesivo optimismo con
que encaró los primeros años de su gestión.
Creyó que el crecimiento del país terminaría licuando el déficit fiscal
con solo congelar el gasto público en valores constantes. Al aumentar el PBI,
caería automáticamente el porcentaje del déficit sobre el PBI. El proyecto
habría sido perfecto si todo hubiera ocurrido sin sobresaltos. El problema es
que no hay nada más imprevisible que la economía internacional. Aquel programa
se convirtió entonces en un riesgoso juego a suerte y verdad, a ganar o morir.
En aquellos planes no figuraba tampoco la profundidad de la sequía, que
significó una pérdida para el país de entre 8000 y 10.000 millones de dólares.
Ni incluían las dudas del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger,
un académico brillante que dejó escapar unos 15.000 millones de dólares de las
reservas cuando sucedió la crisis cambiaria de abril y mayo.
Encima, el dólar se fortaleció en el mundo y aumentaron las tasas de
interés. Todos los países emergentes sufrieron sus consecuencias, pero la
Argentina las padeció aún más porque el gradualismo necesitaba desesperadamente
del financiamiento internacional. Los fondos se agotaron porque ya los mercados
internacionales estaban hastiados de bonos argentinos en un momento en que los
dólares volvían a las economías más seguras, sobre todo a la de los Estados
Unidos.
Donald Trump no hizo nada que afectara a Macri, pero sus políticas
dañaron la política y la solvencia del único presidente en el mundo que conocía
al jefe de la Casa Blanca desde que los dos eran hombres de negocios. De hecho,
el gobierno de Washington fue decisivo para que el Fondo Monetario
Internacional le otorgara a la Argentina un crédito de un volumen inédito. Pero
las peleas de Trump con China y con Turquía inyectaron más inestabilidad en la
economía internacional y los capitales se encerraron en las economías
solventes.
El caso de Turquía se parece mucho al de la Argentina por su déficit de
cuenta corriente (en Ankara, como en Buenos Aires, gastan más dólares de los
que producen). La política puede distinguir entre un presidente democrático y
un sátrapa sin atenuantes, como es el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
pero los mercados no hacen esa clase de distinciones. La crisis de Turquía
golpeó a una Argentina que se estaba levantando del último golpe. Ahora se le
agregó también la inestabilidad electoral de Brasil (donde las preferencias
oscilan entre un candidato preso y un neofascista), país que es el principal
destino de las exportaciones industriales argentinas y el principal socio
comercial de la Argentina.
El escandaloso caso de los cuadernos le agregó, además, una secuela
inesperada a la economía. Muchas empresas involucradas en la investigación
judicial proyectaban participar del programa de obras públicas con recursos
estatales y privados. Las empresas privadas iban a recurrir al crédito
bancario, pero el protocolo de la mayoría de los bancos les prohíbe darles
créditos a empresas comprometidas en causas penales.
No se perjudicaron solo las empresas de la construcción, sino también
otras que nada tienen que ver con el caso de los cuadernos. Son compañías que
habían programado colocar bonos por varios miles de millones de dólares en el
exterior para invertirlos en la Argentina, pero que decidieron postergar las
operaciones por la suba del riesgo país, que significa un aumento considerable
en la tasa de interés.
¿Es malo entonces que esté sucediendo la investigación judicial más
importante de la historia por casos de corrupción? No es malo. Todo lo contrario:
gran parte de la vieja Argentina corporativa y propensa a recurrir a los
métodos corruptos explica también la constante crisis de su economía.
En ese contexto, nadie sabe ahora cuánto cuesta el dólar. Cualquier
cifra es posible para grandes, pequeños o medianos inversores. En julio se
compraron para atesorar 3350 millones de dólares, casi tanto como en el peor
mes de Cristina Kirchner, octubre de 2011. No se trató de una corrida porque
los pesos pasaron a dólares y se quedaron en cuentas de ahorro de los bancos.
La sociedad o las empresas no desconfían de los bancos, sino del precio del
dólar. Para peor, algunos economistas (y algunos cercanos al oficialismo)
atizan el fuego pidiendo un dólar más caro todavía, como si eso no influyera en
la inflación y no significara, en los hechos, una caída vertical del valor del
salario.
El único mecanismo interno que le queda al Gobierno es la aprobación
rápida del presupuesto para 2019. Puede pedir más ayuda externa, pero tanto en
el exterior como en el interior del país están esperando un mensaje de sensatez
de su dirigencia política.
El presupuesto no se aprobará sin el asentimiento de un sector
importante del peronismo, como el que responde a Sergio Massa y los
legisladores que tienen como referentes a sus gobernadores. Según el jefe del
bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, los gobernadores peronistas
más importantes están dispuestos a contribuir a la aprobación del presupuesto.
La cuestión más conflictiva será (o ya es) la propuesta del Gobierno de bajar
por un tiempo el nivel de la coparticipación que distribuye entre las
provincias.
Esa decisión necesita de una mayoría especial en el Congreso: la mayoría
absoluta de las dos cámaras. Es decir, la mitad más uno de todos los
integrantes de cada cuerpo, no solo de los que están presentes en el recinto.
Son 138 diputados y 38 senadores los que deberán aprobar esa decisión. Al revés
que otros años, el presupuesto requiere esta vez que el acuerdo sea previo a la
presentación en el Congreso de esa ley fundamental del Estado.
En la era de Macri las provincias recibieron más recursos que durante
toda la gestión de Cristina. Ahora casi todas están con superávit o con sus
economías equilibradas. Pueden hacer un sacrificio. El conflicto de Macri no es
el presupuesto de 2019, sino el de este año. El peronismo se lo enrostra. El
presupuesto de 2018 preveía una inflación del 15,7 por ciento (será del 34, con
suerte); un dólar a 19,3 pesos (ayer tocó los 32 pesos); un crecimiento del 3,5
por ciento (Nicolás Dujovne acaba de reconocer que habrá una caída del uno por
ciento, en el mejor de los casos), y una expansión del consumo del 3,3 por
ciento (hasta mayo el consumo cayó un 2 por ciento y se espera un descenso del
4 por ciento entre julio y septiembre).
Es la consecuencia de drásticos cambios en la economía internacional, de
errores locales, de gestos de los opositores de Macri (como el proyecto de ley
que congelaba las tarifas de servicios públicos) y de la siempre frágil
economía de los argentinos. La democracia argentina divagó durante demasiado
tiempo entre políticas e ideologías y creyó que todo era posible con simple
voluntarismo. El tiempo de los charlatanes se agotó.
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