"Estamos cerca", volvieron a entusiasmarse en el Gobierno. La última vez que habían dejado trascender a la prensa su entusiasmo, les valió el malhumor de los gobernadores.

En el oficialismo se entusiasman con un tratamiento rápido. Imaginan que el proyecto se vote en Diputados el 24 de octubre y en el Senado el 13 de noviembre.

provinciales se reunirán a solas con el ministro del Interior Rogelio Frigerio en una Casa de Provincia en esta capital, posiblemente la de Chaco.

Para entonces, la oferta del Gobierno variará poco. El equilibrio fiscal que ahora se propone el Ejecutivo -que oscilará entre el déficit 0 y un rojo de 0,4- deberá terminar de cocinarse antes. Este jueves desde las 13, Frigerio buscará tratar de conformar a los enviados de los gobernadores.

También participarán los ministros de Economía de los cinco distritos que administra Cambiemos, que estaban citados para este miércoles, pero que finalmente fueron convocados junto a los opositores. También, estarán el secretario y el subsecretario de Provincias de Interior Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero. Si el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne regresa a tiempo de Washington podría participar del encuentro. Si no estará representado por funcionarios de su Cartera. “El gasto no se toca más y con las medidas anunciadas, debiéramos llegar”, contaron en la Rosada.

El Gobierno no tiene previsto restituir el Fondo Sojero, uno de los ítems que puso en pie de guerra a la oposición y que afecta de manera directa a los municipios. Este miércoles precisamente intendentes del PJ bonaerense dejaron una nota en la mesa de entrada de la Casa Rosada para reclamar por la restitución del fondo calculado -antes de la corrida del dólar- en $26 mil millones.

Para contener la demanda de los jefes comunales, que quieren partidas para obras, el Ejecutivo estudia otorgar créditos -que deben pedir las provincias- a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y/o del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Como informó Clarín, el plan oficial es que las provincias absorban $ 43 mil millones por subsidios al Transporte (más de la mitad correrá por cuenta de Ciudad y Provincia); $ 14,5 mil millones de tarifa social para el servicio de electricidad. Serán los gobernadores quienes decidirán si sostienen los subsidios o lo trasladan a los usuarios. 

Para contentar a los gobernadores, la Casa Rosada asume que las provincias serán compensadas relativamente por los reintegros del IVA, que se coparticipa, y por el aumento de la recaudación. Una fracción del peronismo ve con desconfianza los movimientos del oficialismo. Creen que busca estirar la negociación hasta sellar un acuerdo con el FMI y, sin consenso, prorrogar el Presupuesto. En el Gobierno lo niegan tajantemente. “No tenemos mucho más margen para enviar señales que el acuerdo con el Fondo y el Presupuesto”, se sinceran. Al mismo tiempo reconocen que los gobernadores no podrán compensar toda la pérdida en el gasto. "Todos perdemos", insisten. 

Mientras tanto, Frigerio continúa recibiendo gobernadores. El martes recibió a la fueguina Rosana Bertone y este miércoles, a la catamarqueña Lucía Corpacci. Como en el Gobierno saben que no todos los gobernadores pueden garantizar el voto de sus diputados, el ministro político avanza con Emilio Monzó en un acuerdo con legisladores del Argentina Federal y de bloques más pequeños. La semana pasada se reunieron en un coqueto restaurante italiano de Recoleta. Para no entorpecer las negociaciones y, en el medio de la crisis, el Presidente levantó las reuniones con los gobernadores opositores de Cuyo previstas para el jueves y viernes.  

En el Gobierno siguen con el plan de que Macri reciba dentro de los próximos 10 días -antes del 15 de septiembre, cuando el proyecto llegará al Congreso- a Sergio Massa. En el oficialismo creen que no todo el Frente Renovador acompañará el proyecto.

En la Casa Rosada se habían ilusionado con la idea de incluir en el proyecto una intención para sancionar un proyecto de ley que obligue a los jueces a pagar Ganancias. En el ministerio de Justicia, por lo bajo hicieron saber su desagrado. "Un proyecto de ley que haga pagar a todos va a generar una cantidad de juicios y discusiones que tornaría inviable la solución ideal", dijeron cerca del ministro Germán Garavano.