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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, deberá defender hoy a partir
de las 14 el Presupuesto 2019 en el Congreso, el cual introduce una serie de modificaciones sobre
el impuesto a las Ganancias sobre asalariados, las condiciones para llevar
adelante un canje de deuda, restricciones para gozar de la pensión universal
para el adulto mayor (PUAM), y un recorte en el plus que cobrarán a partir de
ahora los jubilados en la Patagonia, acaso los puntos que generarán las mayores
rispideces en el debate.
El proyecto enviado el lunes a la cámara de
Diputados levantó sospechas respecto a la posibilidad de realizar una
reestructuración de los pasivos del estado, ya que pretende eliminar el
artículo 65 de la ley 24.156, que establece que para llevar adelante un canje
debe haber una mejora en el monto, los plazos y/o la tasa. La ley de leyes para
el año próximo borra este requisito y habla de hacerlo "atendiendo a las condiciones
imperantes del mercado financiero".
En cuanto a las jubilaciones, por un lado se
establece que los adultos mayores que gocen de la PUAM no podrán desempeñarse
con una actividad en relación de dependencia o por cuenta propia (artículo 38).
Por el otro, se reduce el coeficiente de 1,40 a 1,20 para estimar las nuevas
jubilaciones en zonas geográficas "desfavorables". Es decir que a
partir de ahora quienes se retiren en las provincias patagónicas tendrán un
plus un 50% inferior, en tanto quienes ya están gozando del beneficio, no lo
verán recortado.
También se baja en diez puntos porcentuales el
adicional de las asignaciones familiares para el sur del país, al pasar del 40%
al 30%.
A su vez, el artículo 86 estipula que no serán
aplicables las deducciones del impuesto a las Ganancias que estén por fuera de
la ley del tributo, es decir, que hayan sido adquiridas por medio de
"decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o
norma de inferior jerarquía".
De acuerdo al proyecto, esto afectará a los
montos que pueden deducirse de ese tributo en concepto de "gastos de
representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo
profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional,
responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra
compensación de similar naturaleza".
De esta manera, el Gobierno busca elevar lo
recaudado con este gravamen, en una jugada que busca seducir a los gobernadores
para que aprueben el Presupuesto, ya que se
trata de fondos coparticipables.
"Los distintos conceptos que bajo la
denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión o
autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de
recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros
conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a
favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este
impuesto", plantea el texto sobre el que deberá responder Dujovne.
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