El funcionario se toca la barbilla con la mano derecha, se inclina hacia atrás y finalmente reflexiona: "Habíamos prometido no aumentar más impuestos…" y agrega que "estos son los errores no forzados" en referencia al rechazo que generó el último anuncio de Javier Iguacel que logró unir a todo el arco opositor. Pero no es sólo ese el problema sino que nuevamente cruzan la vereda los socios radicales que en clima de nerviosismo ayer intentaban consensuar con el PRO una propuesta para dejar sin efecto la resolución 20/2018 del secretario/exministro que dispuso el pago extra, en 24 cuotas, de una compensación a las compañías proveedoras de gas. Hasta Cristina Kirchner, en silencio y con unos pocos tuits, empezó a sumar frente a una medida que para muchos es impopular justo cuando Mauricio Macri había logrado remontar la última tormenta con cambios de gabinete.

El nuevo anuncio del viernes pasado empujó hacia un mismo lado al kirchnerismo, el massismo, el PJ más dialoguista que responde a los gobernadores, el Movimiento Evita y la izquierda. Ese amplio abanico pidió una sesión especial para el jueves 18 y si tienen asistencia perfecta les sobran diputados para tener quórum propio. Sólo tendrían dificultades para aprobar sus proyectos (citación a ministros y secretarios y derogación de la resolución) que en este caso requieren de dos tercios de los legisladores.

Todo decantó justo cuando el Gobierno celebraba haber sumado a gran parte de los gobernadores a favor del Presupuesto 2019 y en plena negociación para conseguir dictamen de comisión el próximo 19.

El clima no es el mejor en el Congreso donde las principales figuras habían vuelto a ejercer el arte de la política. Los nervios eran visibles ayer en reuniones acaloradas donde los diputados hacían malabares con los números para intentar una solución política para un problema técnico. Y no faltó quién se quejara porque otra vez las decisiones económicas no los tuvieron en cuenta.

"Hay consenso en que se debe revisar", admitía un hombre del riñón macrista mientras en la UCR apenas se ilusionaban con que se tome en cuenta su propuesta. El fifty/fifty que idearon los técnicos de los equipos de Alfredo Cornejo en su doble rol de gobernador de Mendoza y presidente del centenario partido y de Gerardo Morales, el primero en protestar esta vez por la medida y por no haber sido notificado, sería de poco agrado en los despachos del Ejecutivo. En palabras sencillas, de los 20 mil millones de pesos que hay que compensarle a las empresas por el servicio del gas a valor dólar, la mitad deberían asumirlas las empresas y la otra mitad sería subsidiada por el Estado nacional. Pero subsidiar es un verbo en desuso en tiempos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El despacho de Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, ayer fue una romería. Entraban y salían diputados de Cambiemos, radicales y macristas por igual. Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto era de los más movedizos. Con Emilio Monzó, Nicolás Massot y Silvia Lospennato también en la mesa, buscaban una salida que conforme a todas las partes y que exima a los usuarios, fundamentalmente a la golpeada clase media. 

Un rato antes de la medianoche la UCR emitió un comunicado. En el largo texto se justificó la medida con reparos: "Si bien se ajusta al marco regulatorio vigente, es evidente que el estrés social generado por los aumentos en el precio del gas aconseja tomar medidas excepcionales".

En el mismo comunicado pidieron a su propio gobierno frenar la judicialización del tema que podría derivar en la suspensión de los aumentos, como ya ocurrió en 2016 con un fallo de la Corte Suprema; "estudiar la suspensión de la aplicación de las Diferencias Diarias, como medida temporaria y de emergencia mientras dure la actual volatilidad cambiaria" y aplicar la teoría del sacrificio compartido, es decir que en lugar de los usuarios paguen las empresas y el Estado nacional a razón de casi once millones de dólares por mes cada uno "o buscar una alternativa de financiamiento que sea factible cumplir". El costo fiscal se compensaría con las retenciones a las exportaciones de gas, indicaron en el mismo documento que considera el tipo de cambio a $ 38 por cada dólar.

"Una condición para poder negociar el Presupuesto con los gobernadores es no subir más impuestos", admitía un senador días atrás a Infobae. Parece un siglo pero lo decía el jueves, apenas 24 horas antes del anuncio de Iguacel que hizo estallar una nueva crisis externa que se viralizó puertas adentro.

Los diputados, y algunos senadores, acostumbrados al debate político y enfrascados en la búsqueda de consenso para un Presupuesto que el Gobierno quiere y necesita aprobar durante los próximos 30 días, se preguntan esta semana por qué se hizo el antipático anuncio en este momento. En el Parlamento los tomó por sorpresa y la UCR, después de patalear con tibieza en los medios, diseñó un proyecto de apuro que suena a utopía. ¿Por qué el Ejecutivo aceptaría financiar 10 mil millones cuando todo el plan implica ajuste para llegar al déficit cero?, intentaba alguien despabilar a los que se sentaron a redactar la iniciativa. De hecho hubo quien recordó que en el caso de YPF el Estado debería pagar dos veces, el porcentaje de los usuarios y el que le corresponde como dueño de la compañía estatal. El tema de todos modos no se cerró y para hoy se anticipan más reuniones para evaluar cómo y de dónde sacar el dinero.

Desde Mendoza, Cornejo habló varias veces con Morales y con el correntino Gustavo Valdés antes de pasarle la posta a los bloques parlamentarios. Si bien la UCR no fue consultada, el cuyano se mostró más conciliador que cuando acusó a Aranguren de haber hecho mucho daño al Gobierno. En una semana será anfitrión de una cumbre que reunirá a la cúpula del Comité Nacional, los presidentes de todos los distritos y todos los diputados y senadores radicales para analizar la coyuntura y el vínculo con Cambiemos. No puede recibir a sus correligionarios sin un mensaje más alentador pero tampoco puede aparecer derrotado cuando crece la demanda interna por la  gestión.

"Las empresas tienen que hacer un esfuerzo, la gente está muy cansada, hay que encontrar una solución como se le encontró a las retenciones", ofició de vocero Negri puertas adentro del Gabinete ayer en la reunión en que buscó hacer causa común con Monzó.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había prometido que el Gobierno escucharía propuestas de la oposición para morigerar el impacto en los bolsillos de los argentinos. No alcanzó para aplacar los ánimos de un peronismo que aprovechó para posicionarse otra vez y señalar que Cambiemos beneficia a los que más tienen. A los propios les cuesta también defender una medida que si bien se apoya en una ley de 1992 consideran a destiempo, mal comunicada y dolorosa de pagar.

Desde Mendoza el mensaje que se mandó a la Rosada apuntó a señalar que el costo político es mucho mayor al que demandaría subsidiar este pago extra. El más afectado, se subrayó, es el votante de Cambiemos. "Que las empresas hagan el esfuerzo", repetían frente a la decisión del Presidente y a pesar de que fue el propio Macri quien ayer reconoció que "cuesta llegar a fin de mes" y defendió el camino que calificó de "correcto".