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Por Alejandro Bercovich
- El martes, mientras los portales de noticias informaban con letras rojas
sobre el histórico derrumbe del 11,5% de la actividad industrial durante
septiembre, la City
porteña se abalanzaba sobre las acciones de dos compañías:
Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Los dos
principales accesos viales a Buenos Aires, donde la familia Macri amasó una
buena parte de su fortuna y cuyas últimas participaciones vendió recién en mayo
del año pasado, después de haber aumentado el peaje máximo de $20 a $50, se
convirtieron en la vedette del mercado. Ayer treparon un 4% y un 7%
respectivamente, aunque el Merval bajó, y en lo
que va de noviembre acumulan subas del 30%.
No es que un boom de venta de autos haya convencido a los inversores de
que a los administradores de autopistas los espera un futuro venturoso. En
octubre, de hecho, los despachos de cero kilómetro se desplomaron un 39%. Lo
que catapultó a las dos acciones fue un trascendido que terminó de
oficializarse anteayer: que Ausol anotó en su balance al 30 de septiembre una
ganancia de 16.615,7 millones de pesos y que GCO pagará un dividendo de $7,80
por acción, un dineral para una especie que se vende a $43.
La sorpresa que exhibió el mercado debería hacer reflexionar a los
operadores bursátiles sobre sus fuentes de información y su capacidad de
análisis. El negoción de las dos concesionarias, en realidad, se había
terminado de abrochar en los primeros días de julio, cuatro meses atrás, cuando
el Gobierno decidió reconocerle al grupo español Abertis (controlante de ambos
accesos) la deuda que le reclamaba al Estado por 1.100
millones de dólares y extenderle la concesión hasta que termine de cobrársela,
sin llamar a una nueva licitación. El reclamo de la multinacional era por los
supuestos incumplimientos del Estadodesde 2001, cuando
los contratos de todas las privatizaciones volaron por el aire junto con la
convertibilidad. Los antiguos socios de Macri habían amenazado con un juicio en
el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), aunque nunca lo iniciaron formalmente.
Autopistas del curro
La escandalosa renegociación de julio se concretó mediante un decreto
que lleva la firma del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y de la
vicepresidenta Gabriela Michetti. Como apenas hacía un año de la venta de las
acciones de SOCMA en Ausol, efectivizada luego de que su cotización subiera un
394%, Macri se excusó de firmarla. La norma extendió la concesión hasta el año
2030 o hasta que se cobre la deuda, benefició a los concesionarios con una
rentabilidad del 13% al 15% anual en dólares y les garantizó dos aumentos de
peajes por año por encima de la inflación. También los eximió de indemnizar a
sus empleados cuando finalice la concesión y de la obligación de levantar las
barreras del peaje cuando la fila de autos supere los 100 metros.
Las monumentales ganancias que registraron Ausol y GCO no son más que la
traducción de esa renegociación a los balances de ambas compañías, algo que se
repetirá en sus próximos balances. Como escribió un operador en el foro de Rava
Bursátil, el de Ausol (que ayer cerró a $128) "es un papel para no vender
más aunque valga $200, una máquina de generar dinero".
Dietrich sabe que tarde o temprano la justicia hurgará en una
renegociación tan favorable para los antiguos socios de su jefe. Pero como Luis
Betnaza, el lugarteniente de Paolo Rocca en Techint que aceptó cargar con toda
la responsabilidad por los pagos que un valijero del holding le hizo al alfil
devidista Roberto Baratta, el ministro de Transporte pone el cuerpo por el
Presidente. Momentáneamente, además, no tiene por qué preocuparse. En plena
feria, el verano pasado, el fiscal Guillermo Marijuán archivó la causa que
había impulsado inicialmente cuando Margarita Stolbizer denunció que el grupo
Macri vendió las acciones después de subir los peajes.
La causa de los cuadernos, sin embargo, amenaza con complicar la cosa
nuevamente para el Gobierno. El extitular del Órgano de Control de las
Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, se convirtió en agosto en el
primer exfuncionario kirchnerista dispuesto a declarar como
"arrepentido" ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos
Stornelli. Según las fuentes de la investigación citadas por los diarios Clarín y
La Nación y el portal Infobae, Uberti aseguró que entre 2003 y 2007 él era
responsable de "recaudar coimas de las empresas de corredores
viales". A fines de 2005, el propio Uberti definió con Ausol el Acuerdo de
Renegociación de Ausol que se firmó en diciembre de ese año. El CEO de Ausol en
aquel momento era Luis Ramón Freixas Pinto, a quien Macri designó en diciembre
del año pasado al frente del reestatizado Correo
Argentino, otro viejo conocido de las Sociedades Macri (SocMa).
Bonito
La danza de millones en las autopistas contrasta con el hielo que
empieza a corroer al resto de la economía a partir de la política de supertasas
de interés pactada por Nicolás Dujovne y Guido Sandleris con el Fondo
Monetario. Con excepción de los choferes de camiones, los bancarios y los
petroleros, ningún gremio logró siquiera arrimarse al 40% de recomposición
salarial en los últimos 12 meses, lapso durante el cual el INDEC midió una
inflación del 40,5%. Y todavía falta computar un octubre durante el cual la
inflación también superó el 6%.
A lo largo de 2018, un empleado privado formal que gana el sueldo
promedio, hoy en torno a los 26.000 pesos de bolsillo, habrá perdido 19.800
pesos a causa de la inflación según cálculos del Observatorio de Derecho Social
de la CTA Autónoma. El bono compensatorio que pactaron la CGT y el Gobierno con
el aval de la UIA, la Cámara de Comercio y la de la Construcción no llega a
cubrir ni una tercera parte de esa pérdida. Y aún así, anoche todavía se
negociaba la letra chica del decreto para dejar abierta la puerta a que las
Pymes lo paguen en un plazo mayor que dos cuotas.
El problema es más agudo en la industria que en ningún otro sector. Las
fábricas, que ya se deshicieron de un 10% de sus empleados desde que asumió
Macri, en muchos casos dejaron de cumplir con el cronograma de pago de sueldos
que marca la Ley de Contrato de Trabajo. El pago desdoblado de salarios ya se
hizo costumbre en ramas como la textil o la de alimentación. "Yo pago en
dos veces y me ahorro el 70% anual de tasa de interés sobre la mitad de la masa
salarial. Salvo las más grandes, lo están empezando a hacer todos",
admitió ante BAE Negocios un socio de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Soviéticos
Esa morsa que asfixia a los industriales -unos costos que no paran de
subir y una demanda que no da señales de vida- llevó a que algunos pusieran el
grito en el cielo cuando se enteraron de que el bono saldría por decreto.
Claro, ni el soviético Axel Kicillof se atrevió a tanto. "Están haciendo
política con plata nuestra", se indignó el martes un miembro del Comité
Ejecutivo de la UIA. Hubo incluso algunos reproches contra el jefe de la
central fabril, Miguel Acevedo. Pero al final la sangre no llegó al río y el
zar aceitero fue reivindicado por sus colegas. "Mucho peor sería que se
nos prenda fuego todo", le concedieron.
La idea, en rigor, fue de Dante Sica. El ministro de Producción y
Trabajo busca deshacerse de Jorge Triaca desde que supo que el degradado
exministro (ahora secretario bajo su órbita) lo puentea y habla directamente
con Macri. El enojo creció cuando se enteró del contenido de una de las últimas
de esas charlas telefónicas: Triaca le dijo al Presidente que la interlocución
de Sica con los gremios no iba a servir para desactivar el paro que preveía
hacer la CGT a
fin de mes.
El bono es una carambola a tres bandas de Sica, un consultor que se
fogueó como funcionario en el convulsionado 2002 y que aprendió rápido a hacer
política. La carambola apunta ante todo a frenar el paro de 36 horas con el que
amenazaba la CGT.
Pero también a reemplazar el diálogo social que ya había iniciado la UIA con
gremios más combativos y con movimientos sociales, bajo el auspicio de la
Iglesia, por otro con interlocutores obreros más moderados y el Gobierno como
árbitro.
Por último, Sica procura terminar con la tensa convivencia con Triaca
que lo tiene a maltraer desde que asumió. Además de su gesto de autoridad con
el bono, a Triaca lo empuja hacia fuera de su oficina en Alem 650 la
investigación que inició el juez Daniel Rafecas sobre presuntos desvíos
multimillonarios de fondos del gremio de vigiladores privados (UPSRA),
intervenido por la dependencia a su cargo. Quizá haga más fuerza que el caso de
"Sandrín", la empleada doméstica de su quinta a la que le pagaba (en
negro) con fondos de otro sindicato intervenido, el SOMU. O quizá sea roja por
acumulación de amarillas, por decirlo en términos del evento que mantendrá en
vilo durante las próximas 24 horas al Presidente. Para bonos, sueldos
devaluados, autopistas e intrigas de palacio ya habrá tiempo después.
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