Por Carlos
Burgueño - El Gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) brinde
el último aporte a la gestión de Mauricio Macri para este año. El
organismo financiero deberá aprobar en los próximos días el plan de amento de
gastos para fin de año, incluyendo el pago del bono para los empleados públicos
y, quizá, un aporte extra para jubilados y beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo (AUH). Para que los hombres del FMI den el visto bueno, el
Ejecutivo tiene un argumento sólido: los números fiscales del año acumulados a diciembre,
son mejores a los esperados y comprometidos en el acuerdo 2.0 firmado con el
organismo en septiembre pasado. Y los recursos fiscales alcanzarían para hacer
frente a los gastos extras que demandará el plan "Felices Fiestas"
que Macri tiene en mente para garantizar un buen final para el 2018. Y preparar
el trascendental 2019.
Será el propio Presidente el que, personalmente, terminará de negociar el apoyo
final al país para cerrar el ejercicio actual, sin que el FMI cuestione el
incremento del gasto. Macri será anfitrión desde el 30 de noviembre de la
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, una de las invitadas especiales
que tendrá el país para la cumbre del G-20 de Buenos Aires. Además estará el
presidente norteamericano Donald Trump, padrino del acuerdo con el FMI y, por
si hiciera falta, el chino Xi Jinping; este último, desde hace tiempo, con la
intención de convertir a su país en uno de los de mayor presión en el
organismo. De hecho es ya el segundo aportante de dinero para que el FMI tenga
fondos prestables. Xi Jimping vendrá además con el acuerdo firmado la semana
pasada en Beijing por el presidente del Banco Central Guido Sandleris, por unos
u$s8.700 millones; que completan unos u$s19.000 del swap final que China le
prestará al país.
El equipo económico sabe que estos apoyos serán fundamentales para que Lagarde
dé el visto bueno al cierre de los números del 2018. Desde el lunes están
revisando, exhaustivamente, las cuentas del país el responsable del caso
argentino, Ricardo Caldarelli, y el representante permanente en la Argentina,
el jamaiquino Trevor Alleyne. Saben en Buenos Aires que el tándem no avalaría
el aumento del gasto público que tiene proyectado el gobierno; especialmente en
el caso del bono de fin de año de $5000 y el eventual pago extra a jubilados.
De hecho, en la mira del FMI, siempre estuvo el déficit previsional crónico
argentino; al punto de obligar a los negociadores que firmaron el acuerdo 2.0
de septiembre, a comprometerse a avanzar el próximo año con un proyecto de ley
de reforma jubilatoria. Esto aun sabiendo que políticamente es imposible que
una idea semejante pueda ser aprobada en el Congreso durante el durísimo año
electoral 2019. En todo caso, y así se lo hicieron saber al board del Fondo,
podría ser uno de los primeros proyectos en ser presentados al Poder
Legislativo ante un eventual triunfo de Cambiemos en la reelección de Mauricio
Macri.
Para que Caldarelli y Alleyne no sean tan duros con el plan "Felices
Fiestas", el Gobierno le presentará datos positivos de la marcha de las
cuentas fiscales hasta noviembre. Según las proyecciones del equipo económico,
el déficit fiscal proyectado para este año no superará el 2,5%, cuando el
compromiso original era de 2,7%. Incluso se demostraría que el Ejecutivo está
en línea para proyectar hacia 2019 una reducción acelerada ya en el primer
semestre del año, lo que si bien no garantizaría el promocionado "déficit
cero", al menos lo acercaría. No se lo dirá públicamente, pero la
proyección de la que habla el Gobierno para todo el 2019 se acercaría aún 0,4%;
un desvío que podría ser manejable y defendible ante el FMI. Para esto habrá
tiempo. Será cuestión de plantearse en el último trimestre de 2019 con la
victoria de Macri en la mesa de discusiones. Si Macri perdiera, el tema será
responsabilidad de su sucesor.
Si, mientras tanto se cumple el déficit menor a 2,7% para este año, y el
Gobierno se garantiza el financiamiento para el comienzo de 2019; se especula
con que el comienzo de la batalla para el 2019 estará ganada. La visión oficial
es que, en serio, la economía comenzará a dar resultados positivos en el
segundo trimestre del próximo año; tal como coincidieron Caldarelli y Alleyne
en sus primeras declaraciones al llegar al país. Los datos fiscales que se le
presentan en estos días al FMI, incluyen la buena perfomance de la recaudación,
incluyendo el ritmo de aproximadamente 10.000 millones de pesos mensuales que
están aportando las nuevas retenciones a las exportaciones aplicadas desde el
mes pasado por el Gobierno, y que para la AFIP representan la posibilidad de
seguir con la recaudación impositiva al ritmo de la inflación. Con todo esto se
le mostrará al FMI que el dinero para el aumento del gasto en diciembre
(empleados públicos, jubilados y AUH), tendrá financiamiento y no alterará la
meta de 2,7%. En todo caso, no se cumplirá la esperanza que en algún momento
manejó el equipo económico, de acercarse al 2% de déficit final para este año
El otro argumento a favor es la marcha de la Zona de No Intervención. En este
capítulo el Gobierno le demostró al FMI que la nueva política monetaria implica
una mayor estabilidad del dólar y que, lo más importante para Washington, el
dinero aportado por el FMI no se está utilizando para financiar corridas o
sostener el valor del dólar. Se sabe que dentro del board el principal
cuestionamiento a cualquier país es que el dinero que se presta desde el FMI se
utilice para financiar gastos corrientes.
Los términos del nuevo acuerdo habían sido negociados a comienzos de septiembre
en Washington, fundamentalmente por Guido Sandleris, que diseñó junto con el
vicepresidente de la entidad, Gustavo Cañonero, la "zona de no
intervención" en el mercado cambiario de entre los 34 y los 44 pesos.
Sandleris discutió, además, con Lagarde, el mexicano Alejandro Werner (el
director gerente para el hemisferio occidental) y Caldarelli, la manera en que
se aplicaría la política de reducción a cero de la emisión monetaria y la
posterior generación del equilibrio fiscal durante 2019.
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