Por Roberto Cachanosky - Para LA NACION - La política económica inaugurada en enero de 2002 tuvo como objetivos centrales, además de producir una fenomenal transferencia patrimonial, hacerles pagar a los sectores de ingresos fijos (asalariados y jubilados) el costo del no ajuste del sector público y producir una fuerte transferencia de ingresos de los sectores mencionados hacia los que sustituyen importaciones.

La devaluación no tuvo, como muchos creen, la finalidad de aumentar las exportaciones, sino de sustituir importaciones. Como el modelo de sustitución de importaciones restringe artificialmente la oferta de bienes transables en el mercado interno, es inevitable que el precio de estos aumenten, y aumentan más si, paralelamente, el Banco Central (BCRA) expande moneda al ritmo que lo viene haciendo.

Dada la insistencia del Gobierno de mantener la obligación de los exportadores de liquidar divisas, al quedar ofrecido el mercado de cambios, el BCRA tiene que expandir moneda constantemente para sostener el tipo de cambio en el nivel cercano a los tres pesos. Dicho en otras palabras, la política económica gira, fundamentalmente, en torno de un determinado tipo de cambio para definir en forma arbitraria una determinada estructura de precios relativos, estructura de precios que, inevitablemente, conduce a salarios bajos.

En este contexto, el debate que se ha abierto sobre si los aumentos de salarios generan inflación o si los empresarios están extorsionando a la gente con amenazas de subas de precios parece no considerar la influencia que tiene la política cambiaria y monetaria sobre la tasa de inflación.

En un contexto de política monetaria no expansiva, todo aumento de salarios por decreto o por presiones sindicales tienen como contrapartida una disminución en la rentabilidad de las empresas. Los incrementos de salarios establecidos por el Gobierno son algo así como un intento por redistribuir los ingresos argumentando que si las empresas ganan más, tienen que pagar más. La primera contradicción del Gobierno en este rubro es la siguiente: quiere sostener alto el tipo de cambio para transferirles ingresos a los que sustituyen importaciones, pero luego se arrepiente y quiere "recortar" parte de esas mayores utilidades aumentando por decreto los salarios.

Por su parte, el sector empresarial argumenta que más aumentos de salarios pueden conducir a un incremento de la inflación, argumento que, a mi juicio, termina generando más confusión. Porque no es cierto que un aumento de salarios, aunque sea por decreto, genere inflación.

Si la cantidad de moneda en el mercado no aumenta, lo que se produzca con un aumento de salarios por decreto será un cambio de precios relativos por el cual los salarios se hacen más caros, la rentabilidad empresarial disminuye, la tasa de inversión se reduce, la productividad de la economía tiende a estancarse y, en el largo plazo, el salario real también se frena. En ese escenario, lo que tenemos es una lucha por la distribución de un ingreso que deja de crecer a causa de la falta de inversiones.

Un proceso diferente

En los países que le brindan a su población un creciente nivel de vida, el proceso es totalmente distinto al que aplicamos aquí. En primer lugar, existen reglas de juego eficientes y estables, cualquiera que fuere el partido político que gobierne y, a partir de esa previsibilidad, fluyen inversiones, aumentada la demanda laboral, la tasa de desocupación baja y el salario real crece. En esto no hay secretos. Lamentablemente, en la Argentina siempre queremos inventar la pólvora y buscar atajos a las reglas más elementales que sientan las bases del crecimiento, pero, lo que es más grave, ese constante inventar de la pólvora, termina produciendo enfrentamientos sociales donde unos acusan a otros de ganar mucho, sin definir qué es mucho y por qué es mucho.

El resultado es que con este debate se quita del foco a la verdadera responsable de la creciente presión inflacionario que no es otra que la expansión monetaria.

Si uno observa cómo ha aumentado la cantidad de dinero para transacciones en el último año (ver gráfico), puede descubrir fácilmente que ese aumento ha superado ampliamente cualquier incremento en la oferta de bienes y servicios. En otras palabras, el salario real se derrite porque está cambiando el precio relativo moneda versus el resto de los bienes en la economía. O, si se prefiere, lo que tenemos es un incremento en la oferta monetaria mayor a la oferta de bienes que puede generar la economía.

No hace falta tener un doctorado en economía para advertir que cuando un bien abunda, en este caso la moneda, su precio baja. Dicho de otra forma, todos los precios están aumentando al mismo tiempo, no porque se produzcan aumentos de salarios por decreto, sino porque sobra moneda en el mercado en relación a los bienes disponibles.

Veamos un poco más en detalle el problema. La política económica insiste con obligar a los exportadores a liquidar sus divisas a un tipo de cambio alto. ¿Por qué? Mi visión es que se debe a dos razones: a) modelo de sustitución y b) objetivo de recaudación impositiva. Tener un dólar alto y obligar a quienes exportan a su liquidación, le produce al fisco dos ingresos relevantes: a) derechos de exportación más altos, dado que no es lo mismo recaudar dicho impuesto con un dólar a 3 pesos que otro a 2,5 y b) se beneficia con el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Costo por pagar

Si el Gobierno quiere beneficiarse con mayores recursos fiscales y de paso sustituir importaciones, tiene que aceptar que el costo a pagar es el de una creciente tasa de inflación, porque su superávit fiscal no le alcanza para comprar los dólares excedentes del balance comercial.

La política cambiaria del gobierno tiene el costo de una constante inflación que inevitablemente están pagando los sectores de ingresos fijos, quienes están reclamando incrementos de salarios para recuperar la pérdida del salario real. Así, estamos llegando a una lucha entre sectores para ver quien se hace cargo del costo del tipo de cambio alto. Si los empresarios con menores utilidades o los asalariados con menores ingresos reales.

Los empresarios no quieren asumir el costo del impuesto inflacionario, las asalariados tampoco y el Gobierno pretende seguir mejorando sus ingresos sin verse claramente para qué dado que, dicho sea de paso, los bienes públicos que está ofreciendo distan mucho de alcanzar una mínima calidad aceptable.

Lo que sí se observa es que el impuesto inflacionario le permite al presidente inaugurar obras públicas permanentemente en este año electoral. Basta con ver el incremento que está teniendo este rubro en el gasto público, para advertir que semejante despliegue tiene un costo: el de volver a los viejos debates del pasado, sobre el cual se dice permanentemente no querer volver.

El autor es economista.