El origen fue en una reunión secreta que se realizó en la Industrial Argentina'>Unión Industrial Argentina hace poco más de un mes atrás. Hasta allí llegaron representantes de la justicia bonaerense de Departamentos judiciales de distintas regiones, como San Isidro, San Martín, Lanús-Avellaneda y Campana, entre otros. Por parte de la entidad nacional estuvieron Miguel Acevedo -presidente-, Daniel Funes de Rioja -vicepresidente- y Diego Coatz -director ejecutivo-.

La convocatoria estuvo en manos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por su presidente, Martín Rappallini, junto a su Comité Ejecutivo completo. Fueron más de dos horas en donde quedaron dos conclusiones: la creación de una mesa de diálogo, y la necesidad de tener un panorama para anticiparse a eventuales conflictos judiciales.

Hasta la sede porteña de la UIA se acercaron jueces con afinidad por la producción, otros con fallos “habitualmente” contrarios a las fábricas y algunos dispuestos a dialogar para conocer la situación de la actividad. “Todos tuvieron una apertura para sentarse a hablar sin condicionamiento de ninguna de las dos partes, sólo como parte de una necesidad de hablar”, confesó uno de los presente en el cónclave.

La agenda formal incluyó un análisis de un proyecto de reforma laboral. La idea de los empresarios era conocer la mirada que tenían los jueces laborales sobre el tema. No hubo un pronunciamiento sobre la situación, pero los empresarios se fueron con una impresión “positiva” sobre la necesidad de actualizar convenios laborales. “Ya se están poniendo en marcha por sectores, así que lo mejor es poder dialogar”, sostuvo la fuente consultada.

También se analizó la “mirada desde la Magistratura sobre proyecto de Reforma de Tribunales en Provincia”; la situación de la litigiosidad en territorio bonaerense; y la perspectiva desde la Magistratura sobre la creación del ICLO (un organismo homólogo al Seclo nacional para realizar acuerdos laborales). También hablaron sobre la “prevención en accidentes laborales pymes” y sobre el “proyecto de reforma de la ley ART que se está impulsando entre la UIA, laCGT y el Estado”.

A paso firme y con la necesidad de evitar que sean “tildados de parciales”, los jueces prometieron volver a juntarse con los empresarios para avanzar en una agenda conjunta. La primera necesidad de los empresarios es tener “seguridad jurídica” para invertir. “No pedimos que fallen a favor nuestro sino que exista equidad para tener previsibilidad de los costos. No puede ser que siempre se condene a las empresas y que los montos que se imponen son aleatorios y no responden a una línea única sino que en muchos casos son estipulados de manera caprichosa”, se quejó uno de los asistentes al encuentro.