La decisión de la jueza de Nueva York no será inmediata, y dependerá de la resolución final que tome la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso YPF. El lunes, el máximo tribunal anunció que pedirá opinión al Solicitor General de los Estados Unidos, sobre el reclamo de la Argentina de mudar la causa de los tribunales norteamericanos a los del país. El gobierno de Donald Trump recibió ayer el pedido a través del abogado Noel Francisco, representante del Ejecutivo de EE.UU. ante el Supremo, quién se tomará su tiempo para dar una posición oficial. Se especulaba ayer en Washington que el dictamen final del gobierno de Trump se conocería recién en el segundo semestre del año. Quizá más cerca de octubre. La Corte tomará luego inmediatamente una de dos resoluciones: o rechaza el pedido de la Argentina y la causa pasa a los tribunales de Preska o el caso pasa a los jueces locales. Lo más probable es que suceda lo primero. Y si eso pasa, llegaría el momento en que la jueza de primera instancia pueda reclamar el Discovery.

La amplitud de ese requerimiento dependerá de la decisión de la propia Preska, la que podría estar influenciada por la vehemencia que una de las partes pueda reclamarle. Por ejemplo, Argentina podría pedirle a la magistrada un pedido amplio para ejercer el derecho a saber a quienes, con nombre y apellido, habrá que pagarle en el caso de una sentencia final negativa. En ese momento será una cuestión de Preska hacer el corte del pedido de información.

Podría reclamar que el listado se limite a los tenedores de acciones al momento de ejecutar la eventual liquidación. Esta opción le permitiría a los accionistas con identidad complicada desprenderse durante este año, lo más rápido posible, de sus posiciones y no figurar en el listado final. Así no se conocería su nombre, pero no llegarían al final de la causa con la ganancia máxima que sentencie eventualmente Preska. Igualmente la rentabilidad sería, en dólares, extraordinaria. Sin embargo, otra posibilidad, sería que Preska decida una investigación más a fondo y que comience reclamando datos desde el mismo momento en que se privatizó YPF a comienzos de la década del 90. Podría también comenzar su recorte más acá en el tiempo, a partir de la reestatización del 2012 y la manera en que se resolvió dejar de lado en las negociaciones a los accionistas que quedaron fuera de los pagos resueltos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, todos menos Repsol, que detentaba el 51% de las acciones. Si la decisión de Preska es esta última, no importaría que los tenedores complicados se apuren a desprenderse de sus tenencias en la causa, ya que igualmente quedarían expuestos a aparecer en los listados. La definición dependerá de la jueza, pero los abogados que representan a la Argentina podrían eventualmente presentar escritos para reclamarle a la justicia de los Estados Unidos la identidad de las personas a las cuales les va a pagar.

Lo mismo pasó con el juicio contra los fondos buitre cerrado en abril de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. A instancias del entonces ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, se le pidió a Griesa, y este concedió, la elaboración de un listado total y detallado sobre quiénes eran los litigantes a los cuales el país les liquidaría sus tenencias por el juicio iniciado luego del default del 2012.

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la justicia española, parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país pero que al momento de la reestatización ya había abandonado y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles. Luego, una vez adquirido el paquete a precio de remate, mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente al mismo tribunal en el que Argentina litigaba contra los fondos buitre: el de Thomas Griesa. Sabía Burford que el juez norteamericano le haría un lugar al reclamo, ante el malhumor generalizado que en 2013 tenía Griesa contra el país por la batalla que el kirchnerismo hacía en ese juzgado por la demanda contra los fondos buitre.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem. Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina, obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso que aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones.

Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución. La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres y sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur. Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden a su vez vender esos papeles o comprar una porción mayor. También puede figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.

En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años. Incluso Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en 440 millones de dólares, luego de haber comprado todo el paquete por menos de 30 millones de dólares a la justicia española. ¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o Holdout que haya sido demandante al país en el “Juicio del Siglo” cerrado en 2016. O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Se trata en realidad de algo habitual en Burford; un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realiza la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes. Secreto que podría terminar si Preska decide aplicar de manera profunda el proceso de Discovery.