|
Por Daniel Sticco
- Con los datos de apenas 3 meses desde la decisión de llevar a cabo una política
monetaria extrema de emisión cero, y más modesta en materia de
eliminación del déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, porque se
apoya más en la creación de impuestos, como las retenciones de emergencia a los
productos del campo y la industria, y desde este año a los servicios de
software y la industria del conocimiento, como a la venta de tierras fiscales,
que en un recorte real de gasto de la burocracia y del asistencialismo de
arrastre de la política, se observa la posibilidad de consolidar un proceso de desinflación.
No sólo porque desde el pico
de 6,5% en septiembre se pasó a 5,4% en octubre y 3,2% en noviembre, y las
previsiones indican que diciembre cerró en torno a 3% y enero apunta a una
décimas menos, sino porque el Informe Monetario del Banco Central mostró que
2018 terminó con una expansión del circulante de billetes y monedas en poder
del público de apenas 4,5% respecto de un año antes; y el total de dinero para
transacciones que incluye depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro
bancaria subió 15,2%; muy lejos de la tasa anualizada de inflación del 48% que alcanzó en diciembre.
El voluntarismo de la
política, más inclinado muchas veces a los clisé de campaña que a los
fundamentos empíricos, llevó al Presidente a creer que "bajar la inflación iba a ser
muy fácil", sin embargo los expertos de la economía
internacional han demostrado que, en el mejor de los casos, pasar de una tasa
de suba de los precios a un ritmo de dos dígitos altos interanual, como
mantiene la Argentina desde hace más de 13 años, requiere de una
disciplina fiscal y monetaria rigurosa para que sus primeros efectos se
manifiesten en un período mínimo de 7 a 8 meses, y puede llevar hasta más
de 2 años.
Si eso se sostiene, en medio
de ajustes de tarifas como los anunciados en las últimas semanas, y próximos
aumentos de salarios que se acuerden en paritarias, con la regulación de las
tasas de interés de referencia del mercado vía la licitación diaria de las
Leliq para los bancos, es probable que el Gobierno llegue a fin de mandato
con una tasa de inflación en torno a la mitad del último año.
Las expectativas de mercado que releva el Banco Central se
encaminan en esa dirección, aunque cada mes se modifican, a tono con los
anuncios de política económica y sus consistencias.
La opción por las políticas
gradualistas para recomponer los denominados precios relativos, como se define
a las relaciones entre el nivel de los precios, las tarifas, el tipo cambio,
los salarios, las tasas de interés, entre otras muchas variables, anticipaba la
alta probabilidad de fracaso, como ocurrió en 2018.
Ahora, se afirma que se
persistirá con la nueva estrategia, pese a que el principal efecto colateral es
una fuerte recesión que se manifiesta en caídas de más de 30% en las ventas de bienes durables como departamentos,
automotores y motos, y más modestos en el consumo de bienes
perecederos, como consecuencia de la caída del poder de compra de los salarios
de un 14 por ciento.
"El Comité de Política
Monetaria (Copom) considera que, dado el incremento de la demanda por
circulante, la meta de Base Monetaria estipulada para enero genera un
sesgo suficientemente contractivo y es consistente con la tendencia
desinflacionaria en marcha. Febrero y marzo, por otro lado, son meses con
demanda estacional por circulante históricamente más baja. Por consiguiente, el
BCRA cumplirá la meta de BM en enero y podría sobrecumplirla en los siguientes
dos meses".
Sin margen
para flexibilizar las políticas monetaria y fiscal
Pero para que la rápida
contracción que se observó en la cantidad de dinero en la economía se traduzca
en una tasa de inflación cercana a la nueva meta objetivo del 23% anual hacia
fin del año, menos de la mitad de la actual, será clave que el Gobierno no
caiga en la tentación de apreciar el peso como ancla fallida de la inflación,
es decir no sostener el tipo de cambio virtualmente congelado, como se observó
en el último trimestre, porque puede reaccionar en el peor momento, como
ocurrió a fines de abril de 2018 cuando se reglamentó el Impuesto a la Renta Financiera para los no residentes.
La historia argentina muestra
que en los años de elecciones presidenciales se despierta un aumento de la
dolarización de carteras, más aún si crece la probabilidad de cambio de signo
político en diciembre. Y si a ese momento se llega con una paridad
atrasada, esto es muy por debajo del nivel que sea atractivo para los
exportadores y poco conveniente para los importadores de bienes de consumo
que compiten con la producción nacional, podrían afectarse severamente las expectativas y acelerar la inflación,
como ocurrió en el tercer trimestre del último año.
Lo mismo podría suceder, como
también ocurrió en 2018, si se presentara un cambio de escenario
internacional con el tipo de cambio rezagado, sea por un giro en la política de
tasas de la Reserva Federal de los EEUU, o en la relación bilateral entre los
EEUU y China; o que las política comercial, laboral y tributaria que adopte
Jair Bolsonaro en Brasil aumente la brecha con la de su socio en el Mercosur.
Mientras que en materia
fiscal, el ministro Nicolás Dujovne deberá mantenerse firme en no
ceder a las presiones de flexibilidad del gasto público, como ha sido
usual en tiempo de elecciones.
|