Por Juan J. Llach - Pese al buen desempeño de la recaudación, uno de los pilares de la recuperación de la economía, subsisten importantes problemas en el sistema impositivo. Tarde o temprano habrá que encarar su reforma, y cuanto antes mejor, porque el momento para hacer estos cambios es cuando las cosas marchan bien.

Quizás el argumento más elocuente para cambiar es el cuadro adjunto, que muestra que la estructura impositiva argentina está muy lejos de la normalidad tributaria internacional.

Comparando con los países federales desarrollados, cobramos mucho menos en impuestos directos (ganancias y propiedad) y en contribuciones sociales, y mucho más en impuestos indirectos. Dentro de éstos, es abismal la diferencia del peso de los impuestos específicos (incluye débitos bancarios) y al comercio exterior en la Argentina, tanto en relación a los países desarrollados como a los latinoamericanos.

Detrás de esta elocuente muestra se ocultan otros importantes problemas de evasión, competitividad y equidad. A pesar de los progresos recientes, la evasión y elusión impositivas se acercan hoy a un 40%, pudiendo considerarse que 20% sería la meta a alcanzar por un país del grado de desarrollo de la Argentina. Para llegar a ese nivel faltan apenas 36.000 millones de pesos, ó 7,3% del PIB en 2004.

Por su parte, la recaudación de impuestos distorsivos llegará este año a unos $ 32.000 millones, más del 6% del PIB, dejando en claro claro que con evasión normal no serían necesarios los impuestos distorsivos. Todo esto da lugar a un sistema poco equitativo, tanto entre sectores sociales como económicos.

Una reforma gradual no sólo no complicaría el imprescindible equilibrio fiscal. Lo haría más sólido al depender menos de malos impuestos. En un trabajo realizado con Marcela Harriague para la Fundación Producir Conservando, pudimos mostrar que ello es posible.

El trabajo incluye dos propuestas, con y sin cambios de la Coparticipación Federal. En el primer caso, se eliminan los impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones, débitos y parte de ingresos brutos y de la tasa de seguridad e higiene). No se recomienda la eliminación de las retenciones sobre combustibles fuera del marco de una redefinición global del marco tributario y regulatorio del sector. El impacto de la eliminación de las retenciones en el precio de los alimentos es compensado 100% con una rebaja del IVA al 9% para toda la cadena agroalimentaria.

El financiamiento de la reforma incluye varios elementos:

Autofinanciamiento, porque un tercio de la alícuota de las retenciones se retiene en la Aduana a cuenta del impuesto a las ganancias (o, en otra alternativa, las retenciones son pago a cuenta de dicho impuesto)

Eliminación de casi todas las exenciones en los impuestos a las ganancias, los combustibles y el IVA, injustificables desde el punto de vista de la equidad. También se plantea la posibilidad de eliminar los regímenes de promoción –mantenidos a pesar de los beneficios sustanciales recibidos con la devaluación– o bien no eliminar las retenciones para estos proyectos.

Lucha contra la evasión, ya que la propuesta contiene elementos que presionarán fuerte al blanqueo de la economía, tales como el vínculo retenciones–ganancias y la rebaja del IVA agroalimentario, sector de altísima evasión.

El crecimiento de la economía. En plazos de 2 a 4 años y con un crecimiento del 4% o más la propuesta es fiscalmente viable, es decir, cumple con las metas de superávit consolidado (3,53%) y con la ley de Responsabilidad Fiscal. También sería viable con un crecimiento del 3%, aunque más lentamente.

Es crucial evitar el círculo vicioso que puede presentarse en un futuro no tan lejano, de crecer menos por tener malos impuestos y de no poder cambiarlos por crecer poco. Los impuestos distorsivos parecen no molestar hoy, pero reducen las utilidades entre un 20% y un 30%, limitando así la inversión y el crecimiento (por eso, no es serio el argumento de que las retenciones son como un Impuesto a las Ganancias).

Su eliminación gradual, en cambio, podría compensar la probable revaluación adicional del peso. Como se observa en el cuadro, una reforma de este tipo acercaría a la Argentina a la normalidad tributaria internacional. La estructura seguiría menos equitativa que la de los países desarrollados, pero resultaría mayor que la de los latinoamericanos.

Para seguir progresando en la misma línea, el estudio propone cambios importantes en la Coparticipación Federal que, al dar mayores potestades tributarias a provincias y municipios, permitirían mejorar mucho más la recolección de impuestos directos.