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Por Omar Lavieri - El ex
defensor de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su
yerno son los nuevos detenidos que tiene el expediente iniciado a partir de las
anotaciones del chofer Oscar Centeno. El juez Claudio Bonadio ordenó la
detención del abogado Miguel Ángel Plo y su yerno, Federico
Zupicich. La orden no incluyó a la hija del abogado, la abogada María Jesús
Plo, para quien los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo,
también habían pedido su detención.
Plo -un
respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y fue que
secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó
en la mira de los investigadores en el capítulo de la investigación en el que
se intenta determinar qué pasó con más de 70 millones de dólares que salieron
de la recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del
fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda. En el expediente figuran
una serie de viajes que Plo y su familia hicieron a Estados Unidos vinculados a
la disolución y reconducción de los activos que, para principios del 2016,
poseía el matrimonio de Muñoz y Pochetti en aquel país.
Plo, su
yerno y su hija fueron indagados por Bonadio. Aseguraron que los viajes se
hicieron por razones personales. Pero el testimonio de varios de los
arrepentidos del capítulo Muñoz-Pochetti del Caso Cuadernos les otorgaron un
papel preponderante en la organización investigada en Argentina y Estados
Unidos por el delito de lavado de dinero. Hasta hoy Plo y su yerno estaban en
libertad. Pero luego de las confesiones de Pochetti y de su primo Carlos
Gellert -ambos arrepentidos- el juez ordenó la detención de los dos. Los fiscales
Stornelli y Rívolo habían solicitado la detención el 14 de diciembre pasado.
Plo -a
partir de testimonios y de documentación sumada al expediente- está considerado
un actor importante en las maniobras que se activaron para que su ex defendida
y otros imputados, considerados testaferros de Muñoz, se desprendieran de las
propiedades que se detectaron en Miami y Nueva York.
Stornelli
ya investigaba a Muñoz y su entorno, primero por su patrimonio y después
(cuando dejó de ser funcionario) a raíz del escándalo de los Panamá Papers. La
causa estaba en manos del juez Luis Rodríguez. En setiembre pasado, Stornelli
motorizó indagatorias y pedidos de detención para la viuda de Muñoz y sus
testaferros, precisamente por haber encontrado las pruebas sobre un entramado
de sociedades que armaron el ex secretario presidencial y Pochetti. El
matrimonio, a través de prestanombres, compró 16 departamentos en Miami y Nueva
York. Luego se detectó que habían buscado venderlos rápidamente. Rodríguez
rechazó aquellos pedidos de detenciones.
El caso
comenzó a activarse cuando la investigación sobre los bienes de Muñoz pasó a
formar parte de la causa de los cuadernos, ante la sospecha de que la plata que
movió el secretario de Kirchner era parte de la recaudación ilegal descripta
por Centeno en sus anotaciones. Muñoz era el destinatario de los bolsos que
recolectaba el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, para quien
trabajó Centeno hasta el día de su detención el 31 de julio pasado.
Luego de
las detenciones de Pochetti y de otros imputados en octubre, el fiscal
Stornelli sospechó que el rol del entonces abogado de la viuda superaba el de
una mera defensa. "La participación de Miguel Plo, María Jesús Plo y
Federico Zupicich exceden y desbordan cualquier tipo de asistencia jurídica y
técnica que los nombrados pudieran haberle prestado, en su carácter de abogados
defensores, a Carolina Pochetti y Daniel Muñoz, mientras este se hallaba en
vida", sostuvo en un dictamen al que accedió Infobae.
Los dichos
de varios imputados en calidad de imputados-colaboradores se lo confirmaron.
"Se conforman claras y evidentes acciones de lavado de activos, en las que
los nombrados en exceso a sus funciones de asesoramiento jurídico le habrían
prestado a Pochetti y a Muñoz para que éstos se desprenden y reconduzcan los
activos que tenían en los Estados Unidos", sostuvo Stornelli.
Una de
ellas fue la acusada Elizabeth Ortiz de Municoy, quien –como arrepentida-
incluso aseguró que había sido "amenazada de muerte" por Plo.
"Me dijo 'esto es fácil, vos sabés que levanto el teléfono, llamo a una
persona y se manda a matar a la persona que no hace lo que decimos",
afirmó.
Luego, el
ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo –arrepentido y aún
detenido- también vinculó directamente a Plo. En la declaración que reveló
Infobae el 17 de enero, Campillo habló de la "reticencia" de Plo en
confiar en él y las trabas que le puso para acceder la documentación cuando lo
convocó –según sus palabras- el ex secretario de Cristina Kirchner Isidro
Bounine para lavar dinero en el exterior. "Siempre chocaba contra la pared
y la pared era siempre Miguel Ángel Plo (…) Plo era mágico. Eso era lo que
decía el matrimonio Muñoz. Lo que entiendo yo es que ellos consideraban que era
influyente en ese juzgado. Se comentó delante mío que los honorarios de Plo por
las maniobras de reestructuración era una cifra de varios millones de dólares.
No escuché el número exacto. Lo escuché de Carolina Pochetti. Lo mencionó en
una reunión (…) Miguel Plo era la cabeza de todo esto. Él fue el encargado de
serrucharme el piso", afirmó.
Cuando
Pochetti fue arrestada y declaró por primera vez ante Bonadio, aseguró que no
sabía nada de los negocios de su marido ("yo solamente soy la viuda de
quien fuera en vida el secretario del ex presidente de la Nación…Daniel
Muñoz", dijo) y destacó la ayuda que había recibido de su abogado
defensor.
Ahora,
Pochetti busca convertirse en arrepentida: ya declaró el jueves pasado ante los
fiscales y espera que Bonadio homologue ese acuerdo. Su primo Gellert, también
vinculado en el entramado de sociedades, consiguió el rol de
imputado-colaborador ese mismo día, aunque todavía no salió de la cárcel.
Un detalle:
cuando la investigación avanzaba en su contra, Plo hizo dos denuncias en
Comodoro Py 2002. Una contra Bonadio y Stornelli por violación de secreto; y
otra –que no ratificó- diciendo que en su estudio habían aparecido dos abogados
de un importante estudio jurídico de Estados Unidos y habían amenazado con
acceder a "determinadas disposiciones patrimoniales" para evitar
"mayor daño" a Pochetti. Stornelli interpretó que esa segunda
denuncia buscaba "pre construir prueba a su favor, frente a la
inminencia" de que se lo involucrara penalmente en la causa. También que
las amenazas a Municoy constituían un agravante a su libertad.
Cuando Plo
fue imputado e indagado en la causa, dejó la defensa de Pochetti. En aquel
momento asumió como defensor de la viuda de Muñoz, el abogado Daniel Campos,
quien -según fuentes judiciales- fue puesto a representar a Pochetti por el
propio Plo. Pochetti desistió de su abogado particular y pasó a ser
representada por el defensor oficial Juan Hermida. Fue entonces que Pochetti se
encaminó a confesar y con ellos cambió la situación de Plo y de su yerno,
quienes fueron detenidos hoy por la mañana por personal de la Policía Federal.
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