Por estas horas, una comisión de expertos presidida por la secretaría de Seguridad Social, encabezada por Gonzalo Estivariz, revisa los regímenes diferenciales de unas 50 actividades del transporte, la industria y servicios, que prevén un retiro con un mínimo de edad de 55 años y 25 de aporte en promedio por trabajo riesgoso o envejecimiento prematuro.

La iniciativa, que ya despertó el malestar de los sindicatos, es una de las que varias que integran los lineamientos trazados por el FMI para reducir el gasto social y sirve de ensayo para avanzar en cambios ambiciosos, hoy cajoneados por falta de consenso político.

Seguridad Social recolectó en los últimos días nuevos datos sobre los esquemas de jubilación anticipada y contribuciones patronales de medio centenar de gremios y entidades empresarias del sector aeronáutico, marítimo, ferroviario, taxista, tranviario y portuario, según confirmaron desde el área a iProfesional.

Fue luego de enviarles una batería de notas en las que les solicitaban consignar en un plazo de 30 días "las tareas y puestos de trabajo incluidos en el régimen diferencial", "condiciones y medio ambiente en que se desarrolla cada puesto", "organización del trabajo", "regímenes horarios", "cantidad de trabajadores en actividades diferenciales", y "factores de riesgo para la salud", entre otros items.

Por decreto, el Ministerio de Trabajo y Producción le encomendó en junio del año pasado a los funcionarios, técnicos y médicos de Seguridad Social, ANSES y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo elaborar un informe en el plazo de un año sobre las actividades o tareas que "merecen" ser objeto de un régimen diferencial previsional, con los requisitos de edad, servicios y cotizaciones adicionales correspondientes.

Aunque las autoridades niegan que esté en estudio un "recorte" de dichas jubilaciones, en la comisión evalúan la elevación de la edad, la supresión de regímenes o tareas consideradas obsoletas por el cambio tecnológico y la supuesta desaparición de riesgos, junto con un incremento de contribuciones patronales adicionales.

El temor a un tijeratazo motivó una reunión de urgencia el 22 de febrero pasado en la sede de la Confederación gremial del Transporte (CATT), donde una comitiva recibió al ministro Producción y Trabajo Dante Sica, y al secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio.

Los sindicalistas les trasmitieron su rechazo a cualquier cambio en su esquema de retiro temprano, mientras los funcionarios se comprometieron a gestionar una audiencia en los próximos con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Del encuentro, participaron Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (portuarios), Mario Caligari (UTA), Andres Junor (Aeronavegantes) y Roberto Coria (guincheros).

Schmid fue uno de los dirigentes que recibió en las últimas semanas una carta con membrete de la cartera de Stanley dirigida a la Federación Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) y a la que tuvo acceso este medio en la que las autoridades explican que "se considera fundamental que los regímenes diferenciales se propongan ser sustentables a partir de la implementación de un adecuado financiamiento y para las tareas estrictamente justificadas desde el punto de vista técnico, es decir, que efectivamente se compruebe un riesgo, un desgaste o un envejecimiento precoz de la salud de los trabajadores que la desempeñan".

La argumentación oficial, sin embargo, no convenció a los gremialistas, quienes sostienen que el carácter anticipado de sus jubilaciones está justificado por el envejecimiento prematuro y las enfermedades profesionales que provoca la actividad.

Los choferes de colectivo, por caso, se jubilan con 30 años de aporte y 55 años de edad, mientras que en el sistema general el requisito es 60 años de edad para las mujeres y 65 para los hombres .

En la CATT intuyen que el pedido del Gobierno no solo apunta a restringir los beneficios de los que hoy gozan determinadas actividades sino que además sería el primer paso de una eventual reforma de todo el sistema previsional, como advirtió Maturano a este medio previo a la reunión de la CGT con el FMI.

En dicho encuentro, la cúpula de la central obrera anunció la posibilidad de realizar un paro en contra de las medidas económicas "de ajuste", a lo que la misión encabezada por el italiano Roberto Cardarelli respondió que la reforma laboral y presivional "no son parte del programa" acordado con la Argentina, según revelaron fuentes del organismo a iProfesional.

Tras las conversaciones, el propio Cardarelli ratificó, sin embargo, la necesidad de avanzar en "reformas estructurales" para que la economía crezca. Y en cuanto a las jubilaciones, el Fondo ya hizo varias recomendaciones desde que el Gobierno inició la revisión de sus cuentas bajo el artículo IV.

Tareas pendientes

En enero pasado, el Fondo propuso "reducir la generosidad de las jubilaciones", incluidos los retiros tempranos en un documento que analiza "el futuro del ahorro" a nivel mundial. Allí, los técnicos recomiendan a la Argentina "reformas adicionales", tales como la disminución de la "tasa de beneficio" en relación a los salarios.

Las sugerencias van en línea con el compromiso asumido en octubre por el Gobierno de reducir en 2019 el gasto en pensiones del 4,5% al 4,2% del PBI, el equivalente a $1.634.000 millones.

Se trata de un aumento de $334.000 millones o del 24%, que al estar por debajo del 30% de la inflación esperada para este año representa una caída en términos reales. Las cifras surgen de la primera revisión del stand-by en la que el organismo volvió a insistir con la "necesaria reforma previsional".

La otra presión que enfrenta el Gobierno es la influencia de Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro aprobó una reforma que elevó la edad jubilatoria y los años de aporte.

Sin margen para implementar semejantes cambios en un año electoral, Macri intentará al menos enviar señales del reordenamiento fiscal que prevé hacer en 2020 de uno de los gastos más sensibles que abarca a 5,7 millones de jubilados y pensionados.

Después de todo, la revisión del regimen previsional estuvo siempre en su agenda. En junio del año pasado, advirtió que todos los argentinos debían trabajar "la misma cantidad de horas y de años", y pidió terminar con los "privilegios".

Una de las primeras tareas en ese sentido fue la creación en 2016 una Comisión de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social destinada a diseñar un sistema de tres pilares (no contributivo, contributivo y voluntario o de capitalización privada) y donde trascendieron algunos de los criterios que finalmente derivaron en la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en diciembre del 2017, por la que los haberes y asignaciones dejaron de actualizarse por recaudación para quedar solo atados a la inflación, lo que ocasionó una pérdida para los beneficiarios. Pero los sucesos violentos frente al Congreso frenaron los otros cambios que estaban bajo estudio.

Así y todo, el Gobierno pudo avanzar en la "conformación de una agenda para la futura reforma de la seguridad social", como reza la memoria de lo realizado en el 2017 por la comisión. En línea con las propuestas del FMI, se creó el denominado segundo pilar del nuevo regimen, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, un beneficio de carácter no contributivo que aumentó la edad para la mujer a los 65, rebajó el haber mínimo garantizado a un 80% de la mínima y es incompatible con el derecho a otra pensión.

La comisión, por otra parte, dejó planteada las tareas pendientes del plan oficial, que fueron rechazadas tanto por las dos CTA como por la CGT:

-Modificar de los regímenes especiales de jubilación. Apunta a diplomáticos, judiciales, científicos o docentes, quienes se jubilan a los 60 en el caso de los hombres y a los 57 en el de las mujeres.

-Armonizar las cajas de jubilación provinciales. La Ley de Reparación Histórica aprobada en 2016 contemplaba una eventual reducción de las transferencias de la ANSES a las provincias.

-Resolver la "asimetría" entre la edad jubilatoria de los hombres y las mujeres. El FMI había recomendado aumentar la edad de las mujeres a 65.

-Avanzar en un tercer pilar voluntario, que implicaría un regimen de capitalización privada o mixta, como las AFJP y las mutuales, de las que en su momento participaron los sindicatos.

-Constituir un fondo de reserva.

Todas estas medidas tendrán que pasar primero por el filtro de la oposición y el sindicalismo. Como quedó reflejado en la memoria, las dos CTA plantearon que la capitalización individual "va en detrimento de la sustentabilidad del sistema previsional público y de reparto", cuestionaron la baja de contribuciones patronales por considerar que atentan contra el financiamiento de la seguridad social, y rechazaron el "vaciamiento" del Fondo de Garantías de Sustentabilidad.

Mientras que los representantes de la CGT explicitaron la falta de consenso en torno a las iniciativas y advirtieron que"no acompañarán ningún menoscabo de los derechos previsionales hoy existentes".