"El mercado dice que estamos atados de pies y manos por el Fondo. Pero no nos vamos a suicidar políticamente. Si se complica todo, vamos a usar las reservas", admite con franqueza un hombre clave del equipo económico. "Pensar algo distinto es no entender cómo funciona el mundo. Es una cuestión política: un país soberano toma decisiones soberanas, después el board [del FMI] lo avalará o no. Esto está hablado, aunque no va a hacer falta", continúa.

Hace semanas que la tensión en el mercado cambiario es evidente. El viernes, pocas horas antes de que el directorio del Fondo Monetario Internacional liberara los US$10.800 millones pautados para la Argentina, la divisa había tocado un nuevo máximo: $45 en bancos y casas de cambio. En Hacienda esperan que la semana próxima aparezca la oferta y la presión empiece a aplacarse.

El lunes 15 el Tesoro comenzará con las subastas diarias de US$60 millones -por un total de US$9600 millones- acordadas con el FMI, y confían en que, en paralelo, irán ingresando los dólares de la cosecha de soja. "Aunque liquiden la mitad de la cosecha, ya van a ser más dólares que los que hubo el año pasado", se entusiasman. Para conocer de primera mano la situación de las cerealeras, la semana pasada hubo reuniones individuales con algunas de ellas en el Palacio de Hacienda.

Pero pese al optimismo permanente que manifiestan en la sede de Hipólito Yrigoyen 250, la posibilidad de que la elección que se ha planteado como un "todo o nada" siga castigando al peso no está del todo descartada.

El equipo económico no pierde oportunidad de plantear ante los burócratas del Fondo la necesidad de habilitar al BCRA a usar reservas para intervenir en el mercado de cambios antes aun de que el dólar llegue al techo de la banda, aunque admiten que es casi imposible hacer que los técnicos se alejen de sus manuales. No importa que hasta el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Vegh, haya declarado la semana pasada en Washington que "sería de la idea de que la Argentina pudiera intervenir dentro de la banda cambiaria". "Mi posición, en general, es que el Banco Central se reserva el derecho de intervenir para apaciguar fluctuaciones monetarias", dijo, alineado con la visión de gran parte de los economistas locales.

Dada por perdida la batalla, en privado en el Gobierno admiten que, ante una situación de estrés, podrían volver a apelar a la estrategia que el año pasado terminó expulsando a Luis Caputo del BCRA. El aval del presidente Macri está. Lo estuvo también en su momento, cuando Caputo peleaba con el FMI para poder contener una corrida cambiaria que amenazaba transformarse en una corrida bancaria (en el calor de la crisis, los depósitos en dólares habían llegado a caer 6% en dos días). Solo resta saber si el presidente del Central, Guido Sandleris, o el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, están dispuestos en tal escenario a proponerse de fusibles. Es más que una cuestión de estoicismo.

Quienes participan de las decisiones económicas revelan que el proceder de Caputo había sido conversado con el Presidente. Incluso que habría sido el propio Caputo quien le ofreció a David Lipton, número dos del FMI, su renuncia a cambio de poder operar libremente para calmar el mercado cambiario. "Literalmente Toto se inmoló porque no había otra salida", recuerda una fuente que sigue participando del Gobierno.

Caputo insistía ante el FMI en que se había llegado a un punto en que una mayor devaluación solo profundizaría la recesión y recalentaría la inflación. Defensores a ultranza de un esquema de flotación libre, los técnicos del Fondo consideraban que el tipo de cambio debía encontrar solo su precio de equilibrio. Los resultados de sus manuales están a la vista.

A un año del primer cimbronazo cambiario, la actividad económica apenas si logra asomar la cabeza y la inercia inflacionaria corrió a una velocidad a la cual los modelos de los técnicos del organismo no pudieron siquiera vislumbrar. "Los resultados en términos de inflación han decepcionado", dijo, impune, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en el comunicado del viernes.

¿El único consuelo para el Gobierno? En Hacienda estiman que cada punto que sube la inflación promedio anual por sobre lo presupuestado mejora el resultado fiscal en 0,05% del PBI.

Ante una fragilidad económica que no admite malas noticias, la decisión de las autoridades sería la de evitar probar medidas que no tengan un impacto predecible en el mercado. La intención del BCRA de ofrecer entre los bancos letras -las Leliq- a 30 días de plazo para alentar una suba de tasas de plazos fijos habría quedado presa de esa lógica.

Dilema para la Anses

En la Anses, entretanto, evalúan por estos días las implicancias de un canje de acciones que el Banco Macro tiene previsto anunciar en el mercado local y en Wall Street entre mayo y junio. Emulando los casos de Galicia y de Supervielle, la entidad financiera quiere crear el Grupo Macro, con el objetivo de incorporar bajo un solo paraguas la operación bancaria y desarrollar además nuevos negocios de seguros y de créditos al consumo. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que contiene todas las carteras de bonos y acciones heredadas de las AFJP, la Anses tiene el 27,49% del capital social de Banco Macro. Es el principal accionista individual que tiene la entidad.

Recelos

Pero en el organismo que encabeza Emilio Basavilbaso miran la transacción con algo de recelo. Temen que la operación pueda licuar su participación en el banco nacional. Las consultas entre los abogados de la Anses y del Gobierno no se hicieron esperar. Los responsables del FGS saben que son presa fácil de demandas penales. Para desterrar sospechas, el banco explicó tanto en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como en el BCRA que su intención -a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió a comienzos de 2000 con Galicia- es que el canje de acciones del Macro por las nuevas del grupo financiero sea de 1 a 1.

La administración activa de la cartera del FGS es otro de los temas pendientes que, tarde o temprano, el próximo gobierno deberá poner sobre la mesa. El purismo -o desconocimiento- financiero de muchos legisladores hace que los gestores del fondo con el que se prevé pagar la reparación histórica a los jubilados tengan poco margen de acción.

La reparación histórica le demanda a la Anses el desembolso de $8000 millones por mes. Los fondos del blanqueo le alcanzan para pagar las cuentas hasta abril de 2020. Luego, tal como prevé la ley, será el FGS quien deberá financiarlo. De las cuentas actuariales del Gobierno se desprende que si el FGS lograra obtener un rendimiento del 4% anual, quedaría al final del día un fondo activo igualmente relevante.

Una de las propuestas que planea resucitar el oficialismo de continuar en el gobierno -dado que se necesita un proyecto de ley, algo impensable hoy- es la de transformar el FGS en un fondo soberano, como el que tienen países como Noruega y Singapur. Aun con un reglamento de gestión que sea público, el cambio les daría a los administradores del dinero mayor autonomía.

En las dependencias públicas pocos se animan a hablar de los proyectos para 2020. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, viene teniendo reuniones con los representantes del sector empresario y les intenta insuflar optimismo. "Dicen que hay 1000 cosas buenas que se hicieron y de las que no se habla. Que todo el mundo habla de las 1000 malas -describe un banquero-. Y piden que tratemos de no hablar si no tenemos nada bueno para decir".

Entre los empresarios, el mensaje no termina de calar. Salvo excepciones, puertas adentro de la compañías la caída en el volumen de ventas es la principal preocupación.