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Por Ariel Maciel
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La espiralización de la inflación en los costos de la producción
nacional puso condiciones de superviviencia que son repudiadas incluso para los
propios ejecutores de las nuevas formas de emplear, pagar y cobrar. Meses atrás
un grupo de empresarios había advertido la extensión de la informalidad, una
práctica anteriormente condenada en el mundo del sector privado, que en ese
momento buscaba demostrar que la legalidad era más beneficiosa que el atajo.
Las tasas de interés que hacen inviable el financiamientos de las
empresas para producir, el constante aumento de los costos energéticos por sus
valores dolarizados y una inflación que deja sin competitividad local obligó a
rediseñar los negocios. Los dueños de las fábricas aclaran: "no somos
ilegales, sino que tener una tasa de interés multiplicada en comparación con el
mundo es lo realmente ilegal".
Así, los acuerdos de ventas sin IVA y con plata en mano comenzó a ser
moneda corriente para los industriales y comerciantes. De ese modo pueden
ofrecer costos menores y evitar la volatibilidad financiera, con pagos que se
extendían desde los 60 a 180 días, en donde la licuación de los valores ante
cambios en la cotización del dólar eliminaban la rentabilidad, en el mejor de
los casos.
Así como en el promedio de la gestión Cambiemos los fabricantes
sustituyeron su propia producción por la importación de algunas partes, hoy no
son pocos los que decidieron informalizar parte de sus ventas, despedir
empleados pero mantenerlos no registrados para poder sostener los aumentos de
salarios sin pagar costos fiscales, como también venderle al mercado ilegal que
tanto enfrentaron en épocas de crecimiento.
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