Por Daniel Sticco - En una economía bimonetaria como la Argentina, en la que las empresas facturan y pagan los salarios en pesos, pero que se piensa mucho en dólares para ahorro, reserva de valor y compra de bienes durables, los argentinos se  acostumbraron a asociar las expectativas de inflación con la variación de la cotización del dólar en el mercado local de cambios, más que con el ajuste de las tarifas.

Claramente, los episodios de aceleración del ritmo de devaluación del peso, aunque se vincula con múltiples factores, internos y externos, han coincidido con el aumento de la tasa de inflación. Así volvió a ocurrir en marzo.

Frente a un salto promedio del tipo de cambio mayorista de 7,8% en el mes, el Índice de Precios al Consumidor del Indec subió 4,8%; el Índice de Precios al por Mayor 4,1%; y el Costo de la Construcción 2,6%. En todos los casos se superaron las tasas de variación registradas en el mes previo, como las de un año antes, pero en general quedaron rezagadas frente a la devaluación del peso.

Y cuanto más significativo resulte ese rezago entre la variación del tipo de cambio y la de los precios internos, mayor será el aumento de la competitividad cambiaria de la producción nacional, y consecuentemente la mejora de la balanza comercial derivada del mayor impulso de las exportaciones que el de las importaciones, como desde hace siete meses refleja el resultado del intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo.

Sin embargo, las expectativas generales hacían pensar que frente al salto cambiario de marzo, tras cinco meses de subibaja, luego de la brusca escalada que acusó entre mayo y septiembre de 2018, el impacto sobre el promedio de los precios al por mayor sería más significativo que el observado por el Indec.

Esa relación que los economistas definen como pass through (traslado a precios de la devaluación) se fue atenuando a medida que se profundizaba y extendía la recesión, al punto que en el caso del promedio general de los precios mayoristas pasó de un promedio del 77% desde diciembre de 2016, a 65% en los últimos 12 meses y apenas 52% en marzo; mientras que en el caso del índice de inflación fue en general mucho menor: 66% en 27 meses; 52% en los pasados 12, y se aceleró a 60% en el último mes.

Pero en marzo de 2019 no fue tanto la corrección cambiaria que impuso el mercado, en un contexto de creciente incertidumbre proveniente más del ala de la política que de la economía, lo que motivó el mayor ritmo de suba del índice de los precios al público, sino el efecto de los ajustes de las  tarifas programadas de los servicios públicos, en particular en transporte y comunicaciones, luego de que en febrero se concentraran en los servicios esenciales para el hogar, como energía eléctrica y combustibles.

De ahí que ahora que el Gobierno decidió suspender los aumentos previstos en las tarifas, mientras que ratificó la política de austeridad fiscal y contención de la oferta de dinero, las expectativas de inflación de la población muestran un freno hacia adelante, con una proyección a un año de un 40%, es decir unos 15 puntos menos que la tasa actual acumulada por el IPC en 12 meses, y de casi 30 por debajo del salto que acusó en ese período el promedio en el canal mayorista.

Sin embargo, la "prueba ácida" que deberá superar el mercado es si frente a los próximos aumentos de salarios que se acuerden en paritarias, las cuales se concentran entre lo que queda de abril y junio, la suba de los precios al consumidor podrá sostener la esperada desinflación y dar paso a la reactivación del consumo y la producción, o con salarios nuevos se asistirá a un nuevo salto de los índices de inflación y de recesión.