La nueva etapa del stand by inaugurada esta semana que se anunció el lunes será definitivamente aprobada en la próxima reunión del board del organismo, programada para junio y donde se evaluarán los números de la Argentina que durante este mes estarán recabando en Buenos Aires el italiano Roberto Cardarelli y el resto del equipo que tiene a su cargo el caso argentino. El economista del FMI vendrá al país en pocos días, para su segundo periplo local del año. El Gobierno confía en que en esta oportunidad sea más indulgente que lo duro que resultó su informe final, elaborado a partir de los datos recogidos en su visita de febrero. El paper que luego entregó a los integrantes del directorio (que igualmente aprobaron el crédito de 10.870 millones correspondientes al primer desembolso del año) incluía la palabra “decepción” en cuanto a los éxitos del Gobierno en la lucha contra la inflación y hasta avanzaba en recomendaciones políticamente utópicas de aceptar para el macrismo: eliminar las exenciones del IVA a los alimentos y la eliminación del monotributo. Supone el Gobierno que los datos que se le mostrarán a Cardarelli serán ahora mucho mejores que los que se expusieron en Buenos Aires en febrero pasado. Ahora, confían en Hacienda, la inflación mostrará un nivel alto pero en una baja real (se espera 3% en mayo y algo menos en junio), la recaudación presenta un nivel de incremento similar al alza de precios (en mayo y junio sería incluso superior) y, lo más importante, el superávit fiscal acumulado para el primer trimestre del año llegó a los $10.347 millones contra los $31.000 millones de déficit del mismo período de 2018. Además el saldo de la balanza comercial, que está arrojando un superávit de algo más de u$s1.000 millones por año (aunque sea fruto de la demolición de las importaciones y un nivel bajo de exportaciones), se podrá mostrar como la generación de dólares genuinos. Si la estrategia resulta, y los visitantes del FMI quedan conformes en la segunda revisión del año, se supone que no habrá problemas para que cerca del 14 de junio (cuando se reúna el board), se aprueben los números de la segunda revisión y el segundo desembolso del año por unos u$s5.400 millones queden liberados. Si esto sucede, el Gobierno tendrá manos libres para garantizar que al menos hasta fin de año todos los vencimientos de deuda tienen fondos garantizados para su pago. Aún si el Gobierno debiera utilizar la totalidad de los casi u$s9.000 millones negociados con el FMI para sostener el dólar al menos hasta octubre.