Por Ignacio Ostera - El inicio de nuevos juicios laborales cayó 40% en 2018, de acuerdo a un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las cifras muestran un derrumbe en la litigiosidad como consecuencia de la ley sancionada a finales de 2016, que impuso nuevos requisitos para iniciar una demanda por parte de empleados que hayan sufrido algún accidente durante su jornada.

Según el reporte de la SRT, las provincias que ya adhirieron a la norma "mostraron una tendencia sostenida en la reducción de la cantidad de juicios iniciados". Tal fue el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en donde bajó 63,7%, Córdoba con un retroceso del 74%, Mendoza con un descenso del 54,3% y la provincia de Buenos Aires con una contracción del 16,7%. Este último distrito fue uno de los últimos en aprobar la iniciativa, por lo que el impacto se reflejó con mayor fuerza en el cuarto trimestre, que marcó un derrumbe del 61% en la litigiosidad.

Por el contrario, en Santa Fe -distrito que aún no se sumó-, hubo un 19,4% más de juicios entre octubre y diciembre en comparación al mismo lapso del año anterior, y un incremento del 3% si se toma el año en su totalidad.

La norma aprobada por el Congreso hace más de dos años obliga a los trabajadores que quieran iniciar una demanda a partir de un accidente laboral a pasar previamente por una comisión médica. El objetivo de la misma era terminar con la llamada "industria del juicio" que según el Gobierno y un sector del empresariado exacerbaba los costos no salariales: los litigios continuaban en aumento año a año a pesar de que los siniestros y fallecidos disminuían.

Esta dinámica se cortó a partir de la sanción que modificó la ley que dio origen a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Así, mientras en 2016 las notificaciones de nuevas demandas llegaron a 121.812, al año siguiente dejaron de crecer y se redujeron a 120.317, para finalmente hundirse a 74.831 en 2018, cuando comenzó a regir plenamente en las provincias más pobladas del país.

En ese sentido, la SRT destacó que esto permitió reducir las alícuotas que le pagan las empresas a la ART por cada trabajador cubierto por el sistema, desde el 3,52% de enero de 2016 al 2,78% del mismo mes de 2018. Así, las compañías se ahorraron unos $25.000 millones.

Sin embargo, sigue latente un stock de 347.172 juicios sin resolver que representan un pasivo contingente de u$s2.350 millones, advirtió la Superintendencia.