El hecho de que la fecha de este nuevo desembarco del Fondo esté ya tan cerca del cierre de alianzas electorales y de las PASO habría llevado al organismo a optar por evitar una nueva ronda de contactos con la oposición. Esa recorrida ya se había hecho en la visita anterior, en febrero, cuando mantuvieron encuentros con Roberto Lavagna y Axel Kicillof. Con Sergio Massa y su equipo ya se habían reunido en noviembre del 2018.

Según destacaron voceros del organismo, tanto Roberto Cardarelli, jefe de la misión, como los técnicos sí tendrán encuentros con representantes académicos, economistas y representantes de la sociedad civil. De esta forma, buscarán tener una impresión de primera mano sobre la situación económica y sobre todo social que atraviesa la Argentina. Un dato relevante es que también estará en Buenos Aires el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.

Según destacan en el Gobierno, el grueso de la actividad del Fondo se concentrará en la cuestión fiscal, ya que desde el punto de vista monetario las cartas están echadas. Sobre todo luego de la decisión de permitirle al Banco Central utilizar reservas si se produce una variación brusca del tipo de cambio, incluso sin necesidad de esperar que llegue al techo de la banda, en 51,45 pesos.

Uno de los temas que ya ronda el futuro de la relación de la Argentina con el FMI está relacionado con la devolución del préstamo recibido por el Gobierno. A esta altura, ya casi nadie discute la necesidad de ir hacia un nuevo programa, de más largo plazo, con el objetivo de refinanciar los vencimientos con el organismo y eventualmente negociar nuevos desembolsos.

Si las metas fiscales se aprueban, después de junio llegaría un nuevo desembolso de alrededor de USD 5.500 millones, que completaría un 78% del total del préstamo.

Sin embargo, uno de los problemas que hay por delante es la concentración de vencimientos que debería enfrentar el próximo gobierno con el FMI. Según se acordó, el plazo de repago es de tres años, por lo que en 2021 habría que devolver USD 3.700 millones, U$S 20.100 millones en 2022 y otros USD 22.300 millones en 2023.

La salida sería negociar un nuevo acuerdo a partir del año que viene, pero pasando del "stand by" a un "extended fund facility". Esto permitiría ingresar a un programa más largo, con la posibilidad de estirar la devolución del crédito, aunque siempre pagando los intereses. Pero no sería gratuito. El Gobierno debería comprometerse a realizar una serie de reformas estructurales, que ya figuran en la lista de 10 puntos que Mauricio Macri envío a la oposición. Allí se plantea la necesidad de avanzar en el plano laboral, previsional y tributario, claramente con la mirada puesta en lo que sucederá con la nueva administración.