La polémica medida despertó airadas protestas de parte de sectores empresariales de todos los colores, entre ellos de la industria de la alimentación, que advirtió sobre el encarecimiento de los costos de producción y, por ende, su traslado a los precios. “Se está analizando cuál va a ser la magnitud de la modificación”, indicó una fuente del Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. Los cambios incluirán a los bienes temporales (son aquellos que ingresan al país para formar parte de un producto o bien que luego se exporta) y a los bienes de capital. En ese caso, en el Gobierno no tienen claro todavía si estarán alcanzados todos los bienes de capital o sólo los que se destinan a Vaca Muerta.

La necesidad de introducir modificaciones ya había sido advertida por tributaristas hace unos días, quienes indicaron que el texto del decreto mediante el cual el Gobierno subió la tasa dejaba abiertas varias puertas que se prestaban a diferentes interpretaciones.

Se trata de Decreto 332. Si bien la alícuota no corresponde a un tributo, sino al precio que fija la Aduana por la prestación de sus servicios a los operadores del comercio exterior, el incremento tiene clara finalidad recaudatoria. “El Gobierno nacional se ha propuesto equilibrar las cuentas públicas y eliminar el déficit primario a partir del año 2019”, dice el texto de la norma en sus considerandos. Señala además que “en ese contexto, es necesario incrementar transitoriamente la alícuota de la tasa de estadística”. La suba llegará hasta el 31 de diciembre. Se supone que luego debería retornar al 0,5%, pero tratándose de un Estado que siempre tiene problemas para financiarse genuinamente, las dudas persisten entre las empresas importadoras.

Cuando se conoció la medida el presidente de la Asociación de Fábricas de Atomotores (ADEFA), Luis Fernando Peláez Gamboa, advirtió que los empresarios de ese sector analizan “con muchísima preocupación” su alcance “teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el sector y esperando que esta no profundice aún más la caída de la actividad”.

Luego el Gobierno dispuso una compensación para el sector automotor. Le subió al 6% el reintegro a las exportaciones, un beneficio que desapareció para la mayoría de las grandes industrias en el marco del ajuste fiscal.

Por otro lado, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que la medida tendría efectos “devastadores” en la producción nacional.

Dijo que solamente persigue un “fin recaudatorio, sin contemplar la crítica situación por la que atraviesa la actividad industrial” y generará un encarecimiento de los insumos importados que se utilizan para la agregación de valor local.