Es necesario, para medir el tamaño de la injusticia, profundizar en el desvarío de la Corte Suprema. Una vieja jurisprudencia del tribunal sostiene que los jueces supremos tratan casos penales solo cuando estos tienen sentencia definitiva. Es decir, cuando ya pasaron por el juez de primera instancia, por la Cámara Federal, por el juicio oral y público y por la Cámara de Casación. Hay muy pocas excepciones de extrema gravedad en la historia. Algunas apelaciones de Cristina Kirchner llegaron a la Corte en noviembre del año pasado, y otras en marzo de este año. ¿Era necesario que la Corte le arrebatara el expediente a las instancias inferiores una semana antes de que se iniciara el juicio oral? ¿Por qué no lo hicieron antes si consideraban que existía tal gravedad? No hay explicación para eso. No la puede haber. La Corte Suprema, cuya función esencial es velar por el cumplimento de la Constitución, tiene siempre, al final del proceso, la oportunidad de señalar si un juicio fue constitucional o inconstitucional. Nunca antes del final, porque si lo hace se convierte en un tribunal ordinario. Es lo que hizo el martes. La propia Corte había rechazado, con la firma unánime de sus miembros, una apelación de Cristina Kirchner en esta misma causa porque "no se dirige contra una sentencia definitiva" (había pedido la nulidad del sorteo que asignó el caso al Tribunal Oral número 2). Fue en diciembre pasado. La Corte modificó al martes ya no la jurisprudencia histórica de la Corte, sino la suya propia.

Si bien el juicio oral y público contra la expresidenta y otros exfuncionarios por la obra pública, que debe iniciarse el próximo martes, no fue formalmente postergado por la Corte, todo depende de la decisión que esos jueces tomen sobre las apelaciones de Cristina. Uno de los pedidos de prueba de la expresidenta, que ahora está en poder de la Corte, reclama una auditoría de la obra pública durante los 12 años del kirchnerismo. Los jueces de instancias inferiores le denegaron ese pedido porque lo consideraron una artimaña para postergar el juicio oral y porque solo es necesario juzgar los delitos probados. ¿Qué sucedería si la Corte aceptara la auditoría? Ocurriría que el juicio se postergaría no semanas ni meses, sino años.

Insistentes versiones que circulan en la Corte Suprema, y cerca de la propia Cristina, aseguran que Ricardo Lorenzetti se vio con la expresidenta hace uno o dos meses. Le habría planteado le necesidad de una reconciliación entre ellos. Lorenzetti es un "zorro herido", según lo definen en los despachos de la Corte, desde que perdió la presidencia del cuerpo. De hecho, ayer en sus oficinas señalaban que él no haría ninguna aclaración sobre por qué firmó esa resolución y agregaban que quien debía hablar por la Corte era su presidente, Carlos Rosenkrantz , porque se trató, aseguraban a su lado, de una "decisión institucional" del tribunal. No es cierto. No hubo decisión institucional, sino las sorpresivas firmas de cuatro de los cinco jueces del tribunal. La excepción fue precisamente Rosenkrantz, quien ya hace tiempo estampó en esas apelaciones de Cristina una frase corta y terminante: "No, porque no hay sentencia definitiva". Digan lo que digan de Rosenkrantz, es el único juez de la Corte que primero lee la ley y luego la jurisprudencia del tribunal para después tomar una decisión. Es difícil encontrar en sus decisiones retorcidos intereses políticos. El propio Gobierno suele criticarlo por lo bajo por su extremo apego a las leyes más allá de las opiniones de sus colegas en el tribunal. Lorenzetti lo desprecia profundamente y lidera la franja de jueces que le negaron a Rosenkrantz hasta la posibilidad de nombrar personas de su confianza para administrar los cuantioso recursos de la Corte. "Lorenzetti está trabajando un pacto de impunidad para el kirchnerismo", disparó ayer Elisa Carrió .

Horacio Rosatti , nombrado junto con Rosenkrantz en la era Macri, es un peronista que conserva buena relación con Cristina Kirchner. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner , cargo al que renunció sin aclarar nunca explícitamente por qué se fue. Algunos colaboradores suyos fueron funcionarios en la época del kirchnerismo. Highton de Nolasco conserva indebidamente su cargo. Ya cumplió los 75 años y está aferrada a una cautelar que la confirmó como jueza, a pesar de que los otros jueces de la Corte firmaron una acordada ordenando que los magistrados deben jubilarse a los 75 años, según el mandato de la Constitución. Convive con quienes opinan que debería estar en su casa, en la placidez del retiro. Highton de Nolasco sobrevive entre traición y traición. Primero lo traicionó a Lorenzetti cuando ayudó a su caída de la presidencia y ahora lo traiciona a Rosenkrantz, a quien votó como presidente, porque siempre lo deja solo. El exjefe de Gabinete Alberto Fernández , reconciliado con Cristina Kirchner y convertido en uno de sus hombres de mayor confianza, tiene una vieja relación con Highton de Nolasco. Juan Carlos Maqueda ("el único caballero entre los jueces peronistas", dicen en la Corte) prefiere siempre acompañar a Lorenzetti y a Rosatti antes que a Rosenkrantz.

Uno de los argumentos más trasegados por los jueces del tribunal es que se trataba de un "caso de envergadura" que ameritaba que la Corte revisara las apelaciones para que en el futuro no se pidiera la nulidad de la causa. ¿Cuál es la envergadura? La única que salta a la vista es que se trata de Cristina Kirchner. Pero, ¿Cristina no es igual que cualquier otro ciudadano que debe someterse a la Justicia y esperar las sentencias de todas las instancias inferiores para solo entonces recurrir a la Corte? En tal caso, ¿dónde quedó olvidado el principio constitucional de que todos los argentinos son iguales ante la ley? ¿O Cristina tiene una jerarquía especial que no la iguala al resto de los argentinos?

Algunos jueces supremos señalaron que la escandalosa resolución del tribunal cayó en el abismo de la grieta política y que ellos no están de un lado u otro de la grieta. Son ellos los que están politizando la cuestión. No se trata de la grieta política, sino de la jurisprudencia de la Corte, del respeto a otras instancias de la Justicia y de sentido común. El sentido común indica que no se puede, ni se debe, amenazar con postergar un juicio oral y público a una semana de su inicio. Los jueces del tribunal oral no saben qué hacer o que harán. Otros jueces de instancias inferiores desconocen también cómo seguirá la jurisprudencia de la Corte. ¿Es una nueva jurisprudencia, en la que la Corte puede intervenir en cualquier instancia del proceso, o es una jurisprudencia especial para Cristina? Se trata, además, de un caso probado de direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez, sobre el que el juez Julián Ercolini hizo una impecable investigación.

Hace poco circuló la versión de que merodeaba la idea de un acuerdo de impunidad en la causa de los cuadernos (no en la del direccionamiento de la obra pública) y que ese acuerdo tenía como epicentro la Corte Suprema. Consistiría en que la Corte tome la causa, la coloque en un cajón, lo cierre con llave y tire la llave al río. Muchos años después, otra Corte podrá absolver a todos porque pasó el "tiempo razonable", como sucedió ya con Carlos Menem en el caso del contrabando de armas. Pareció inverosímil. Solo pareció hasta ahora, cuando la Corte hizo algo muy parecido a lo que se insinuaba para aquel eventual acuerdo. Sea como fuere, la Corte tiene poco tiempo para reflexionar. En una extraña costumbre, la Corte toma decisiones con connotaciones políticas en años electorales hasta la feria judicial de julio. Después se calla hasta que hayan pasado las elecciones.

Si ese fuera este caso, no se sabrá nada del juicio a Cristina hasta diciembre. Pero la realidad que acecha a la Corte es otra, más dura que esas costumbres demasiado electoralistas. Si el juicio se postergara más de una o dos semanas, los jueces del tribunal no serán criticados por arbitrariedad manifiesta, como los critican ahora, sino por obstrucción de justicia y por complicidad implícita.