Por Gabriel Morini - A partir de las 12, Cristina de Kirchner ocupará el lugar que tiene asignado en la segunda fila de la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py. La secundarán sus abogados, uno de cada lado, y le verá la espalda al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez y a Carlos Santiago Kirchner, todos acusados que están actualmente detenidos, quienes serán los que ocupen la primera fila frente al Tribunal Oral Federal N°2. Hoy comenzará el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, conocida como “Vialidad”, eje vertebral del resto de las causas por corrupción que involucran a la exmandataria.

Pero más allá de la imagen histórica de una expresidenta (ya lanzada a la campaña como candidata) sentada en el banquillo de los acusados, el inicio del proceso ofrecerá los tecnicismos habituales: se estima que por lo menos un mes durará la lectura de la acusación que motivó la elevación y que también se complementará con la de la fiscalía a cargo de Diego Luciani y de las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF). Eso si se cumpliera a rajatabla el manual que impone el Código Procesal, que impide a las partes hacer planteos antes de que se culmine con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Abogados y jueces son conscientes de que este no será un proceso cualquiera. Por ende se espera que los abogados de los acusados estén preparados para lanzarse a la batalla por las nulidades, que serán protagonistas del proceso y que podrían, incluso, empantanarlo. El TOF despejó las últimas dudas que se habían presentado el viernes para obturar la audiencia luego del mal paso de la Corte Suprema. La defensa de Báez intentó infructuosamente lograr un aplazamiento y recusar a dos de los jueces, algo que fue rechazado por “extemporáneo”.

Está previsto que esta primera audiencia dure solamente hasta las 15. Serán tres horas en las que se debería proceder a los controles de rigor y a la primera parte de lecturas de las 600 carillas de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. A partir de la semana próxima, la cita será más temprano y los lunes, una vez por semana. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu -junto a la cuarta jueza Adriana Palliotti- están evaluando la conveniencia de sumar una audiencia semanal más, que podría ser los martes. Con ese ritmo, el volumen de documentación que está en análisis y 160 testigos, el pronóstico es que con viento a favor, el juicio dure al menos dos años. Cristina deberá agotar la instancia de lecturas (y la indagatoria si es que decide declarar a mediados de julio) para volver a presentarse recién al momento de los alegatos. Mientras que, en paralelo, la Corte trabajará sobre los planteos “en queja”, sin plazos, las defensas argumentarán que existe prueba de que no fue producida y es insuficiente (las pericias sobre 5 de las 51 obras cuestionadas) y que todo el juicio arrastra nulidades insalvables. Se especula que cada paso cuente con alguna objeción de parte de las 13 defensas. Apartado, detrás de las querellas y alejado de sus excompañeros de Gabinete estará José López, el exsecretario de Obras Públicas que declaró como arrepentido en la causa “cuadernos”, ubicado a un pasillo de distancia del resto de los enjuiciados. Sentados delante de quien apareció revoleando los bolsos con dinero, se ubicarán los titulares de las querellas Laura Alonso, por la Oficina Anticorrupción y Mariano Federici, por la UIF, quienes también buscarán la foto en el inicio de un juicio con características de histórico pese a los cuestionamientos que podrían hacerlo naufragar por deficiencias en la instrucción y apresuramientos para su elevación. Por lo bajo, en tribunales señalaron el inconveniente de haber fijado fecha para un año electoral.

En las siguientes filas se ubicarán los exintegrantes de Vialidad Nacional durante la era K, también acusados y los abogados. Escucharán de boca del secretario del tribunal que existió una “operatoria criminal” por la “existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles, definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años destinada a cometer múltiples delitos, para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. Todo a través de la contratación de las empresas de Báez por un monto de $46.000 millones. El precandidato presidencial Alberto Fernández podría acompañar a Cristina, aunque no podrá estar en la sala de audiencias porque es uno de los exjefes de Gabinete citados a prestar testimonio junto a Sergio Massa, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Ocupa el número 117 en la lista de testigos. Existe, además, otra dificultad que analizaron los operadores judiciales luego de evaluar la instrucción del juez Julián Ercolini: se deberá probar durante el juicio que la expresidenta estaba al tanto de los delitos que pudieron haberse consumado, un detalle no menor en materia probatoria para los procesos por corrupción que ha sido uno de los mayores obstáculos históricos en las megacausas contra expresidentes.

Además de la pericia completa sobre la muestra de todas las obras, existe un pedido denegado por el Tribunal para realizar un estudio comparativo con otras empresas por precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones. Si la Corte decide intervenir dando por válido algún planteo de las defensas, el juicio podría terminar suspendido, aunque el debate -formalmente- se dará por iniciado hoy.