En primer lugar, hay que destacar que el ingreso de los trabajadores sigue una tendencia declinante en el mediano plazo y actualmente se encuentra un 17% por debajo de los niveles del año 2015. No obstante, es posible que nos encontremos frente a una dinámica similar a la registrada en el bienio 2016-2017: fuerte caída en el año par, leve crecimiento en el impar. ¿Podrá repetirse este escenario?

La evolución del salario real depende fundamentalmente de dos variables: el desarrollo y los resultados de las paritarias y la inflación. En cuanto a las paritarias, en varios casos se establecieron aumentos anuales superiores a 30% (están allí los casos de metalúrgicos, comercio, entidades civiles y deportivas, vestido); en otros gremios se han pactado incrementos trimestrales según la inflación pasada (por ejemplo, mecánicos, sanidad, construcción). Si ello se suma a los aumentos que se hicieron efectivos en el primer trimestre de este año, no son pocas las actividades que mostrarán variaciones nominales en torno a 50% anual en el segundo semestre del año.

Es allí donde el segundo componente de la ecuación entrará a jugar su partido. Si el Gobierno logra contener la inflación (que, a abril pasado, acumuló un 55,8% en 12 meses), posiblemente comiencen a registrarse incrementos reales en los próximos meses. Estos serán insuficientes para recuperar la caída de 2018, pero sí al menos alcanzarán para mostrar una mínima recuperación. Si es así, ¿estaremos frente a una nueva ilusión que antecede a nuevo recorte?

Estamos muy lejos de poder responder este interrogante, pero nada indica que estos aumentos del salario real, al igual que el actual esquema macroeconómico, sean sustentables en el tiempo. Al igual que en 2017, la ilusión salarial posiblemente será un efecto acotado a los meses que coinciden con el calendario electoral.

Finalmente, dos aclaraciones adicionales. Por un lado, este escenario está condicionado a que no se incremente el ritmo de la inflación; por el otro, nada de ello es aplicable a los trabajadores del sector público, cuya remuneración sigue siendo licuada en términos reales a un ritmo que no se registraba desde la salida de la convertibilidad en el año 2002.

(*) El autor es integrante del Observatorio el Derecho Social de la CTA Autónoma