Este era uno de los mayores reclamos de las aseguradoras, que decían que, de seguir con este nivel de litigiosidad, el sistema no era sostenible. "Con respecto a los nuevos juicios que ingresan mes a mes, el resultado ha sido muy bueno", dicen en la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Otra batalla que libraron estas empresas fue que se adhiriesen a la ley las diferentes provincias (menos CABA, que fue de aplicación inmediata), cosa que fue sucediendo paulatinamente. Hoy hay 15 provincias adheridas a la ley, aunque todavía falta, de las más grandes, Santa Fe.

Como positivo, se resalta que los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo "tienen una mirada favorable en siete salas para lo que son las comisiones médicas y ocho salas en la aplicación del Baremo [la tabla en la que figura para cada dolencia el porcentaje de incapacidad]", dicen desde la unión de aseguradoras. También hubo fallos positivos en otros tribunales del interior.

El informe de la entidad agrega que "la misma Corte Suprema ratificó entre 2017 y 2018 aspectos claves de la ley, sobre los cuales se suscitó alguna controversia judicial". Por ejemplo, hubo un aval a las fórmulas prestacionales tarifadas, entre otros aspectos de la reforma.

En el debe

El "pendiente", según la UART, es la conformación de los cuerpos médicos forenses. "La ley previó que cada corte provincial, y en el caso de CABA la Corte de la Nación, conformara estos cuerpos en el ámbito judicial para que una vez que se haya transitado el paso administrativo a través de la comisión médica la Justicia se expidiera [por ejemplo, en la diferencia en el porcentaje de discapacidad]", continúan. Por eso, aseguran, es que podría volver a reactivarse la industria del juicio.

"Previamente, antes de la reforma, había mucho descalabro judicial", explicaron en la UART, en diálogo con LA NACION. "Un esguince podía tener 15 puntos de incapacidad médica más 10 puntos de incapacidad psicológica. No usaban el Baremo, por lo que nunca iba a coincidir la evaluación de la ART con la de la Justicia". La UART recopila muchos casos que califica como "disparatados y sin asidero lógico", por ejemplo, un perito médico judicial otorgó 60% de incapacidad por estrés postraumático y 10% de incapacidad por secuelas de orden físico a un trabajador que, regresando a su domicilio, sufrió un esguince de tobillo.

Parte de la reforma estipula entonces que se conformen estos cuerpos médicos forenses, que además de usar el Baremo, "no cobren en función del porcentaje que peritan. Pero hoy los peritos son los mismos que antes de la reforma y esto agrava el stock de juicios".

Hay un presupuesto especial para conformar estos cuerpos médicos, aunque todavía no se asignó. "Hay que darle jerarquía a ese cuerpo y que conozcan del tema", solicitan.

Por otro lado, consultados sobre la posible baja en las tarifas de las prestaciones de las ART a partir de la nueva legislación, desde la UART creen que es difícil que esto suceda. "La judicialidad no fue cobrada en su totalidad, por lo que no hay margen para bajar demasiado las tarifas de las prestaciones. Además, hubo un aumento del 50% en el monto de las indemnizaciones a raíz de la reforma". Y agregan que las indemnizaciones se ajustan por tasa activa, que llegó estar entre el 80 y el 120% en el segundo semestre de 2018", cierran.