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Por Roberto Cachanosky - Hace rato que vengo insistiendo que la
democracia en Argentina derivó en una competencia populista, en la que los
políticos que compiten por algún cargo público ofrecen todo tipo de planes
sociales. En nombre de la solidaridad social le quitan el fruto de su trabajo a
los que se desloman todos los días con su trabajo y lo reparten entre millones.
Digamos que “compran” votos con la plata del contribuyente. Si uno propone
desarmar esa competencia populista, la respuesta inmediata es: te incendian el
país. Mi respuesta es que el país va a terminar incendiado de todas maneras, si
no salimos rápidamente de esta locura en que cada vez somos menos los que
producimos y más los que consumen sin producir, utilizando al estado para que
se apropie del trabajo de la gente que trabaja para que les transfiera una
parte a ellos.
Establecer la relación entre la gente que todos los meses pasa por la
ventanilla del estado a buscar algún cheque y cuántos aportamos para pagar esos
cheques no es tarea sencilla. Los llamados programas sociales están
distribuidos a lo largo de todo el presupuesto. Unos programas los maneja la
ANSES, otros el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, otros el Ministerio de
Trabajo, otras reparticiones que dependen de algún ministerio pero están
separadas de ese ministerio en el presupuesto. Una tarea titánica buscar todos
los datos.
De todas maneras, recurriendo al informe del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales y al Presupuesto Nacional, se puede tener
una aproximación de cuántos pasan por las ventanillas del estado a cobrar un
cheque todos los meses como puede verse en el cuadro 1
Sin haber incluido todos los planes sociales y tomando el total de
empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, casi 22 millones de
personas pasan todos los meses por la ventanilla del estado para cobrar algún
tipo de subsidio.
Me apuro a aclarar que incluyo a los jubilados porque en un sistema de
reparto la gente no ahorra a lo largo de su vida laboral, se limita a pagar un
impuesto para mantener a los que están jubilados. Es decir, trabajadores y
empresas pagan un impuesto sobre la nómina salarial para financiar a los que
actualmente están jubilados.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Trabajo correspondientes al
mes de marzo pasado, tenemos en el sector privado trabajan 8,6 millones de
personas incluyendo a asalariados de casas particulares. Los autónomos somos
una especie en extensión y el grueso está entre los empleados privados en
relación de dependencia y los monotributistas.
Si uno suma los jubilados y pensionados y los que entraron al sistema
sin haber aportado, tenemos que hay, redondeando, 6,8 millones de jubilados y
pensionados, pero ojo que un interesante trabajo de IDESA ha detectado que 1,2
millones de personas cobran doble beneficio previsional. Es como el caso de
Cristina Fernández que viene cobrando su pensión como ex presidente y la
pensión de Néstor Kirchner.
Ahora bien, si hay 8,6 millones de personas en el sector privado
aportando, la relación de 1,26 personas en actividad por cada jubilado y
pensionado. Si agregamos los empleados públicos, la relación queda en 1,7
personas en actividad por jubilado y pensionado. Como se necesitan 4 activos
por cada pasivo, se entiende porque la mayoría de los jubilados cobran
mendrugos. Gracias al kirchnerismo que metió 3,5 millones de jubilados sin que
aportaron nada, decidió tener muchos jubilados, todos pobres.
Lo que surge de los dos cuadros 1 y 2 es que 8,6 millones de personas
tenemos que aportar para financiar a los 22 millones de personas que todos los
meses pasan por la ventanilla del estado a buscar su cheque, e insisto que no
están todos los programas que figuran en el listado.
Uno de los datos más impactantes son las pensiones por invalidez laboral
que suma poco más de un millón de beneficiarios.
El gráfico 1 muestra la evolución entre 2003 y 2019 de la cantidad de
beneficiarios de pensiones por invalidez. Puede diferir en algo con los datos
del cuadro 1 porque unos son tomados del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales y los del gráfico del Presupuesto Nacional.
Lo cierto es que entre 2003 y 2019 la cantidad de inválidos (no
confundir con discapacidad ya que quien tiene una discapacidad puede trabajar
pero el inválido laboral no puede trabajar y además tiene que ser indigente y
no tener ningún tipo de ingreso o familiares que puedan mantenerlo). En
concreto, se estima que durante la Segunda Guerra Mundial participaron 12,2
millones de soldados de EE.UU. Murieron 407.000 y 671.000 fueron heridos. Total
1.078.000 entre muertos y heridos, ¿Y el kirchnerismo nos quiere hacer creer
que nosotros tuvimos de golpe casi un millón de inválidos sin tener una guerra,
un terremoto o un tsunami?
De la información que circula, sabemos que hay provincias en las que,
por ejemplo, hay 15 personas con el mismo apellido, que no es el apellido García,
González ni Fernández, que tienen pensiones por invalidez. Que en Tatané,
Formosa, con una población de 1.056 habitantes, el 28% de la población tiene
pensiones por invalidez. Que en San Francisco Laishí, también en Formosa, con
una población de 4.628 habitantes, el 16% tiene pensiones por invalidez
laboral.
Que hay fuertes sospechas que personas con pensiones por invalidez
laboral aparecen en Facebook disfrutando de las playas de Brasil y de las
cataratas.
Las provincias que tienen más porcentaje de beneficiarios de pensiones
por invalidez respecto a su población son: Chaco con el 7,93%, Santiago del
Estero con el 7,52%, Córdoba con el 6,97%. Misiones con el 6,92% y el resto del
listado se concentra en el NOA y NEA argentinos. Es decir, aproximadamente el
56% de las pensiones por invalidez laboral están en el NOA y en el NEA.
Cuando uno ve que el empleo público en las provincias creció el 70%
promedio entre 2003 y 2017, que los senadores tienen un promedio de 25 asesores
cada uno y falta explicar 4.000 empleados más que figuran como planta
transitoria y permanente del Senado y nadie sabe qué hacen. Que la Cámara de
Diputados tiene 5.287 empleados para 257 diputados, lo cual da un promedio de
20 empleados por cada diputado. Cuando uno ve que la Legislatura de CABA tiene
aproximadamente 2.500 empleados para 60 legisladores (casi 42 empleados por
cada legislador), que en los municipios pasa lo mismo y le agregamos la
infinidad de planes “sociales” y jubilados que cobran doble jubilación gracias
a la moratoria que alegremente entregaron los Kirchner, llega a la conclusión
que no es que el país estalla si uno quiere cambiar todo esto. La realidad es
que es parte del negocio de la política en esta competencia populista que se
convirtió la democracia en Argentina y que el miedo no es que estalle todo,
sino que ellos pierdan parte de su negocio electoral.
Esta competencia populista por ahora funciona en base a explotar a unos
pocos que producimos para repartir el fruto de nuestro trabajo entre legiones
de empleados públicos, planes sociales, piqueteros que le hacen la vida
imposible a aquellos que van a trabajar para justamente mantenerlos a ellos. El
cálculo del político es: a estos 8,6 millones de contribuyentes los tengo
cautivos y les saco cada vez más plata para repartir entre estos casi 22
millones de beneficiarios.
En definitiva, cuando me preguntan: ¿y qué hacemos con esos 22 millones
de personas, los dejamos morir de hambre? Mi respuesta es que tarde o temprano,
si seguimos con este festival populista, esos 22 millones se van a morir de
hambre porque no va a quedar nadie dentro de los 8,6 millones que quieran
trabajar para mantenerlos.
Con esta competencia populista, Argentina se está apagando como país, y
lo más grave es que la dirigencia política Argentina no toma conciencia del
país fallido que está haciendo con esta falsa solidaridad social y estado de
bienestar.
ESTA NOTA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN http://www.infobae.com
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