Para que esto suceda en los próximos cuatro años (los plazos aproximados que demandará terminar de negociar los contenidos comerciales del acuerdo y darle cobertura institucional), Argentina deberá convertirse en ese período de tiempo, en lo que no logró en los últimos 50 años: estabilidad macroeconómica general basada en el apoyo a la producción privada. Para esto, el país tendrá que lograr una competitividad productiva de la que no sólo hoy carece, sino que lo convierte en uno de los estados más vulnerables de la región latinoamericana. Ni hablar si se lo lleva a competir en las actuales condiciones con potencias productivas mundiales. Argentina deberá elaborar un acuerdo político y social que convierta el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en una política de Estado. La definición comenzará a ser responsabilidad del próximo gobierno. Sea la segunda gestión de Mauricio Macri o una nueva oportunidad para la oposición.

Lo primer condición para que el acuerdo con entre el Mercosur y la UE se convierta en una positiva oportunidad histórica, es responsabilidad exclusiva de la clase política. El país deberá reducir en 20 puntos porcentuales su presión impositiva sobre el sector privado, reduciendo el nivel del 60/70% actual (según el sector que se trate) a un 40/50% máximo. Estos son los porcentajes que aplica la Unión Europea para sus sectores privados, sin contabilizar los subsidios directos para rubros como la producción primaria, precisamente los sectores con los que Argentina deberá competir.

En no más de dos años y en menos de 10 (según los plazos que se piensa demandará el acuerdo con la UE para tener formato de vigencia real), Argentina deberá desmantelar y eyectar de su estructura impositiva toda su alta gama de tributos distorsivos, como retenciones a las exportaciones (en todas sus variables), impuesto al cheque, sellos y, fundamentalmente, el destructivo impuesto a los ingresos brutos. Obviamente deberá olvidarse de cuajo de cualquier otra aventura económica como los “cepos” o similares. Para esto la clase política deberá hacer su demasiado demorado ajuste, y reducir el peso del gasto público sobre el PBI a los niveles de la UE. Habrá que apurarse. Se trata de una tarea que ya comenzaron hace años países como Uruguay, Paraguay, Brasil y hasta la bolivariana Bolivia de Evo Morales. Ni hablar de Chile, que inició un exitoso proceso integrador con el mundo hace más de 30 años.

Tan importante como lo anterior, es que la clase política logre lo que viene intentando desde mediados de la década del 70; sin éxito a la vista. El próximo gobierno deberá lograr una inflación de un dígito, tasas de interés de no más de uno o dos puntos por encima de la tasa Libor (la que rige en la UE), capacidad de llegada de las empresas locales a los mercados financieros internacionales y un nivel de crecimiento quizá austero pero constante. De lo contrario, cualquier apertura de los mercados locales, aún en aquellos rubros donde el país es competitivo, será una invitación a su demolición y destrucción. Pensar en una integración económica (con cualquier país del mundo en desarrollo) con la foto actual de una inflación de 40% promedio, tasas de interés de 62,8% anual, recesión crónica desde hace 10 años, niveles de desempleo y subempleo de 30% y una economía en negro de más de 30%; es más que una imprudencia. Sería un asesinato a la industria argentina. Gobierne quien gobierne.