Las asimetrías observadas en materia comercial, regulatoria y competitiva comenzaron a despertar preocupación a nivel local, y ya se vislumbran ganadores y perdedores. Este es un pronóstico que contrasta con el optimismo mostrado por el Gobierno en las reuniones que mantuvo en las últimas horas con las principales cámaras empresarias.

Para empezar, las negociaciones iniciadas en 1999 tendrán un cierre en un contexto diferente, de desaceleración del comercio mundial tras la crisis financiera del 2008 y crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Complicados por sus problemas internos, Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro confluyeron con los líderes europeos para avanzar en un tratado de libre comercio entre dos bloques que tienen fuerte peso a nivel global, con un intercambio anual de u$s100.000 millones. La lectura oficial es que esto potenciará las ventas, el crecimiento y las  inversiones.

Pero los empresarios temen que el efecto sea el contrario. "Yo no me puedo a oponer a generar mercados, pero las asimetrías son muy grandes", advirtió a iProfesionalGuillermo Moretti, de la Unión Industrial Argentina (UIA). La queja apunta a las tasas de interés para comprar maquinaria, hoy del orden del 100%, mientras que Polonia ofrece un 1% con un plazo de cinco años.

En el campo, en tanto, también hay inquietud ante el posible ingreso de productos europeos sin aranceles. "Los tambos tenemos hoy una capacidad productiva del 40% y muchos con tecnología obsoleta", advirtieron desde la Asociación de Productores de Santa Fe  (APLA).

Las dudas en el ámbito privado se vieron reforzadas a partir de la publicación esta semana de "El principio de acuerdo", un documento difundido por las autoridades europeas que resume en 17 puntos los resultados de las tratativas.

Uno de los apartados es el cronograma de reducción arancelaria por el cual se liberalizará el 90% del comercio bilateral de bienes en un plazo de 10 años. Aunque algunos productos sensibles del Mercosur tendrán un plazo de 15 años, las diferencias estructurales entre ambos bloques plantean fuertes riesgos para el primero.

Por caso, la capacidad productiva de la UE es cuatro veces más grande que la de su par sudamericano, con un PBI per cápita de u$s41.890 frente a otro de u$s10.600 en 2018. Dentro de ese mercado, solo Alemania ostenta un PBI casi igual a la suma de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, según el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex).

El desequilibrio también es comercial: mientras los 28 países europeos exportan a su socio un 84% de bienes industriales, el Mercosur le vende un 70% de productos agrícolas y alimenticios con poco valor agregado.

En ese marco, la quita de aranceles en sectores clave de la industria aparece como uno de los principales beneficios para 60.500 compañías europeas, que hasta ahora enfrentaban mayores costos para introducir autos (35%), autopartes (14-18%), maquinaria (14-20%), químicos (hasta 18%) y medicamentos (hasta 14%).

Este capítulo comprende productos que hasta ahora estaban excluidos del Mercosur, como ropa y calzado. Mientras que en el agro serán removidas los impuestos a los chocolates (20%), vinos (27%), espirituosas (20 a 35%), bebidas ligeras (20 a 35%), y habrá cuotas de ingreso para productos diarios.

Así, solo en materia arancelaria, el acuerdo representa un ahorro de 4.000 millones de euros para las empresas europeas, una suma que representa cuatro veces más que el Tratado de Libre Comercio de la UE con Japón y seis más que el acuerdo con Canadá. Esta "primera jugada" frente a competidores como Estados Unidos o China les permitirá ganar un mejor acceso al mercado sudamericano respecto de otros países y una mayor competitividad para importar partes desde sus sucursales ya establecidas. Esas son algunas de las ventajas identificadas por la Comisión Europea en sus últimos documentos.

Los otros beneficios tienen que ver con restricciones a las políticas de comercio exterior, la modificación del sistema de certificación, criterios flexibles de origen que podrían permitir la triangulación desde los países asiáticos, medidas para prevenir las imitaciones, limitaciones a las empresas estatales y el acceso a los contratos públicos en igualdad de condiciones por parte de empresas europeas.

A cambio, el Mercosur podrá ahora colocar mayores cuotas de productos primarios y agroindustriales, y en teoría atraer mayores inversiones. La condición para abrirse con éxito, según el Gobierno, sería avanzar en los próximos años en reformas estructurales.

De lo contrario, el riesgo es que "desaparezcan" sectores de la economía, advirtió días atrás el empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel.

"Si la Argentina se abre y no mejora su competitividad en cuanto al costo tributario, logístico y financiero, va a haber un problema de desempleo", reconoció a iProfesional el economista de EcoGo Martín Vauthier. Esa posibilidad motivó el cuestionamiento de la CGT y la CTA, cuyos representantes fueron recibidos el martes por el Gobierno en el marco de la comisión del Diálogo Social, luego de que la semana pasada alertaran sobre el "funesto impacto" que tendrá el acuerdo sobre los trabajadores.

Para los analistas, el impacto será diferencial. Mientras los sectores más productivos, con demanda global y menores costos se ubicarían entre los ganadores, como es el caso de los productos agroindustriales o el software, el resto enfrentará mayores presiones para competir. En este último grupo se encontrarían los sectores menos dinámicos de la industria textil, electrónica, autopartista y láctea.

Vauthier encontró, por ejemplo, que un Yogur Illolay en supermercados porteños cuesta $141 frente a $56 en Madrid, es decir casi tres veces más.