La decisión del Tribunal Fiscal se dio por duplicado. A fines de abril, la Sala D rechazó el primer amparo, que MSU presentó por la demora en la devolución anticipada del IVA por $273,5 millones, derivados de la instalación de una planta de generación térmica en General Rojo, cerca de San Nicolás de los Arroyos. Y un mes después, la Sala C se sumó con un fallo por otro reintegro del IVA por $354,5 millones vinculados a la construcción de una central eléctrica en Barker, cerca de Tandil.

En ambos reclamos, MSU siguió el procedimiento administrativo previsto por la ley. Primero presentó pedidos de pronto despacho ante la AFIP y, al no obtener respuesta, radicó los amparos por mora ante el Tribunal, que terminó por apoyar al organismo. La Sala D dio su respaldo por unanimidad y la Sala C, en un fallo dividido, pero en ambos casos con costas a cargo de la empresa.

En ambos fallos, los vocales del Tribunal concluyeron que la actuación de la AFIP fue correcta, sin que su proceder sea "arbitrario o irrazonable".

Negaron que "el trámite se hubiera demorado injustificadamente", como resumió Edith Gómez, quien firmó el primer voto de la Sala D; su colega Agustina O'Donnell calificó de "razonables" las explicaciones del fisco, para luego remarcar "la situación procesal en que se encuentra quien ha ejercido la presidencia de la empresa en el período fiscal correspondiente al reintegro", lo que compartió el tercer miembro de la Sala, Daniel Martín.

La Sala D aludió así a Manuel Santos Uribelarrea, el entonces presidente y portador de las iniciales que lleva la compañía MSU, que el año pasado se convirtió en uno de los primeros empresarios que confirmó ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli la veracidad de las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del Ministerio de Planificación, en sus cuadernos.

Santos Uribelarrea resultó uno de los primeros presidentes y altos ejecutivos de las compañías señaladas por los cuadernos de la corrupción que debió renunciar o pedir licencia a su cargo para morigerar el impacto reputacional y jurídico. Lo siguieron Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos SA), Armando Losón (Grupo Albanesi), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Juan Chediack (Chediack SA). Algunos cedieron el mando a hijos o hermanos y otros se inclinaron por una licencia.

Pero si el primer fallo del tribunal resultó adverso a los intereses de MSU, el segundo fue categórico. Al firmar el voto decisivo de la Sala C, Claudio Luis planteó rechazar el amparo porque "se encuentra abierta una fiscalización" de la AFIP sobre MSU, "a lo que cabe adicionar la situación procesal penal del presidente de la amparista al momento de los hechos, lo que justifica agudizar las tareas de contralor por parte del organismo recaudador", a lo cual adhirió Gómez -como jueza subrogante en esa Sala-, mientras que el tercer integrante, Juan Carlos Vicchi, votó en disidencia.

Los fallos del tribunal resultaron, en la práctica, un espaldarazo para la AFIP, que en ambos casos había explicado que la empresa se encuentra bajo fiscalización por el impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, y en ambos amparos presentó luego otros escritos para ampliar su informe y, de manera explícita, aludir al escándalo institucional que desde agosto de 2018 sacude a la cúspide política y empresarial argentina.

Así, en el amparo de MSU por la devolución pendiente de $273,5 millones vinculados a la planta en General Rojo, la AFIP le informó al tribunal que Santos Uribelarrea "se encuentra imputado en diferentes causas judiciales, todas ellas en trámite ante el fuero en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad [en alusión a los tribunales de Comodoro Py], e incluido como arrepentido en la causa judicial denominada periodísticamente como de los cuadernos". Y en el otro amparo, por el reintegro de $354,5 millones derivados de la central en Barker, repitió ese argumento, con el detalle adicional de mencionar por su nombre a Bonadio como juez instructor de esa investigación penal.

En rigor, Santos Uribelarrea se encuentra hoy más que imputado en la investigación penal. Bonadio lo procesó como presunto miembro de una asociación ilícita y por el delito de dádivas. A fines de 2018, la Cámara Federal lo sacó de la figura de la asociación ilícita al igual que a otros empresarios, aunque los procesó y embargó por pagar sobornos para obtener "beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado". Y el fiscal Stornelli pidió enviar a juicio oral a dos docenas de empresarios por cohecho activo, pero excluyó a los ejecutivos de Techint y a Santos Uribelarrea.

Ante la consulta de LA NACION, desde la AFIP defendieron su actuación. "Primero, el tiempo transcurrido desde el inicio del reclamo [para la devolución anticipada del IVA] es razonable, no hay demora injustificada. Segundo, la empresa está bajo fiscalización. Y tercero, el tema cuadernos fue mencionado ante una consulta del tribunal y no es un argumento [desde la AFIP] para demorar la devolución del impuesto", aclararon.

Por su parte, ante la consulta de LA NACION, desde MSU calificaron de "malicioso" que la AFIP aludiera ante el Tribunal Fiscal a la situación procesal de Santos Uribelarrea, ya que en los expedientes administrativos no se discute la pertinencia de la devolución de los $628 millones, sino solo cuándo se concretará ese reintegro, y anticiparon que volverán a recurrir ante el Tribunal Fiscal si la AFIP no les brinda una respuesta concreta al respecto para fines de este mes.

Desde MSU también remarcaron que "Santos Uribelarrea renunció al directorio en agosto, cuando se conoció la causa [cuadernos], y hoy es solo un accionista minoritario de la empresa, que es generadora de energía y no tiene relación alguna como compañía con la investigación penal. De hecho, no tuvo operación comercial hasta 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, con la declaración de emergencia energética".

La trama impositiva y judicial

Protagonistas de un caso que puede dejar precedentes

El empresario pidió a la AFIP un reintegro de $628 millones en concepto de IVA. Pero el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó sus planteos con el argumento de que la empresa está involucrada en el caso de los cuadernos de las coimas y está bajo fiscalización

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Claudio Bonadio, juez federal a cargo del caso cuadernos

Bonadio le tomó declaración a Uribelarrea el año pasado, en el arranque de la investigación de los cuadernos de las coimas. El empresario fue uno de los primeros en admitir el pago de sobornos y en dar un paso al costado del mando de su compañía