Por Claudio Ramos - Ardientes defensores del

macrismo argumentan en televisión y radio que el año próximo será mejor, que se instrumentarán los cambios hasta ahora postergados, que un nuevo triunfo de la coalición oficial dará impulso para enfrentar sindicalistas y opositores, y que un regreso de las tropas kirchneristas al poder devolverían a Argentina a las horas oscuras del pasado. Todo puede ser en materia política, pero lo que una multinacional analiza antes de decidir la inversión de su capital en un país, de radicar una fábrica o abrir una sucursal de su empresa, son las variables macroeconómicas básicas y las leyes de funcionamiento fiscal y laboral, y en ese aspecto los apologetas del Gobierno no pueden negar la realidad. Los “fundamentals” de la economía son negativos hoy en Argentina: la inflación promedia 3% mensual y dará 40 por ciento en el año; el riesgo-país ronda los 800 puntos; la deuda externa e interna del Estado suma 330.000 millones de dólares contra una generación total de riqueza de 420 mil millones, es decir 75% del PBI; el desempleo alcanza 11% de la población activa; el déficit fiscal cuando se pagan capital e intereses de deuda es enorme y absorbe casi todo el crédito del mercado interno y del exterior; las exportaciones no han crecido en años y apenas alcanzan los 70 mil millones de dólares; el tipo de cambio es muy volátil y el Gobierno hoy lo retrasa con fines electoralistas. Además, los argentinos atesoramos 300 mil millones de dólares en el extranjero, incluidos muchos funcionarios de la actual administración. Peor aún, 40% de la economía funciona en la informalidad, y a causa de las exorbitantes tasas de interés que mantiene el Gobierno cierran 45 comercios, fábricas o empresas por día. Las rígidas leyes que regulan el trabajo datan de 1974 y han dado origen a la perversa “industria del juicio laboral”, que socava la competitividad de las empresas. Cerca de 19 millones de personas viven del Estado y las cajas jubilatorias se encuentran agotadas. Rigen en nuestro país 165 impuestos diferentes 100 regímenes de pago anticipado de obligaciones fiscales, y el sector público supera el 40% de la economía nacional. Aparte, los argentinos solemos adquirir 2.500 millones de dólares por mes para atesoramiento particular, unos 22.000 millones al año promedio. Esta cifra supera casi la cantidad de reservas líquidas de libre disponibilidad del Banco Central y de la Tesorería.

Esta es la realidad y cualquier grupo empresario que analice las variables de nuestro funcionamiento opta por radicar su capital en Chile, Brasil, Colombia o México, para nombrar sólo a los principales receptores de inversión extranjera en Latinoamérica. Mientras que a Brasil ingresan 75 mil millones de dólares por año del exterior (no financieros), vienen a la Argentina escasos 8 mil quinientos millones, la décima parte. Los cables, rieles, centrales de distribución, túneles y pavimentos que se van desgastando no se renuevan, porque no alcanza la inversión ni mínimamente para eso.

¿Por qué tantos argentinos tenemos nuestros ahorros en el extranjero?, ¿por qué tantos compatriotas se han ido a vivir al exterior? Las realidades básicas del funcionamiento de un país son objetivas y no pueden negarse. Por más relato que se esfuercen los representantes del Gobierno en elaborar, las cifras hablan por sí mismas. Y del otro lado nadie debería creer seriamente que Alberto Fernández, Axel Kiciloff o Roberto Lavagna pueden mejorar este panorama con simplezas populistas como “poner más dinero en el bolsillo de la gente”, ya que eso hace Nicolás Maduro en Venezuela todos los días y sólo consigue alimentar la dislocada hiperinflación.