Por Francisco Jueguen - No existía plan B; la única opción era una victoria el domingo. En un equilibrio frágil en términos financieros y cambiarios, un Gobierno que autocelebra su planificación terminó improvisando. Ayer, en los vacíos y fríos pasillos del Palacio de Hacienda todavía no había detalles claros sobre cómo se financiaría el plan de $40.000 millones para "ponerle plata en el bolsillo a la gente".

Subir retenciones fue una opción -según fuentes oficiales- propuesta por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Cerca de él negaron esa versión. El análisis de una suba de los derechos de exportación fue desactivado a última hora de anteayer por el Gobierno. Tan fuerte fue el rumor que las operaciones portuarias se paralizaron.

"Las medidas tienen un costo fiscal para el Estado nacional cercano a los $40.000 millones", afirmaron en Hacienda, equipo en el que ayer reinaba la resignación por los datos del domingo y la debacle registrada en todos los activos argentinos.

"Las mismas serán atendidas con los recursos adicionales derivados del nuevo escenario macroeconómico y, en caso de ser necesario, con la reasignación de partidas presupuestarias de programas no prioritarios", agregaron. Cerca de Dujovne lo traducían como mayor recaudación por inflación y una mejora de las cantidades exportadas, y con más obras "pisadas". Una pista: en el avance de presupuesto 2020 había aún dependencias con partidas no ejecutadas. Sin embargo, en ese ministerio simplificaron el mensaje: "Es un vamos viendo".

Sin embargo, Dujovne ratificó que el paquete de medidas presentadas ayer porMauricio Macri no afectará "el cumplimiento del objetivo de resultado primario equilibrado establecido en el presupuesto nacional". Tal decisión es un mensaje a la quinta misión del FMI, que llegaría la semana que viene. Su objetivo es establecer si gira o no los últimos US$5400 millones que quedan del préstamo al país este año, algo que la derrota en las PASO, la dinámica económica y el futuro político local podrían llegar a poner en duda.

Para aumentar la presión, al presentar el superávit del primer semestre en julio, el Gobierno buscó dar una señal de confianza y se autoexigió: si quiere cumplir la meta fiscal debe lograr un ahorro primario de $70.000 millones en el tercer trimestre (eran $60.000 millones).

El desconcierto y las dudas por el financiamiento de las medidas fue tal que incluso confundió ideológicamente al Gobierno. La posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento utilizada por Guillermo Moreno contra Juan José Aranguren en tiempos del kirchnerismo se barajó. Esta vez como una coartada para que YPF explicara a sus accionistas la decisión oficial de congelar los precios por 90 días. Miguel Gutiérrez había pedido al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, un aumento de 4,5% en sus combustibles. La idea de aplicar esa vieja norma se desestimó a última hora de ayer.

Ayer el aire era lúgubre y sonaba a rendición en Hacienda. Se admitía que el Gobierno se había vuelto endogámico. "Cuando hay crisis, la mesa es chica", contó una fuente que creía que el lunes, en Hacienda, se hacían las valijas. Macri devolvió el aire el lunes al cuestionar los "gestos simbólicos". El temor lo devolvió el mercado y la economía real: ayer los fabricantes de electrodomésticos anunciaron una suba de precios promedio de 15% y un acortamiento de los plazos de pago. "¿Cómo se llega a octubre con esta tormenta?", preguntó LA NACION a un secretario. "Lo esencial es la certidumbre política. Se necesita un Alberto moderándose y un equipo económico creíble".