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Por Julián
Guarino - No fue una iniciativa del Gobierno, fue una condición del
Fondo. La clave para entenderlo está en la deuda: para los técnicos del
organismo, la Argentina
comenzó a presentar un panorama de deuda que va de la
calificación de “sustentable pero no con alta probabilidad” que podría llegar a
la “insustentabilidad” en los números de su deuda. Llegar a esta última
condición implicaría para la Argentina la imposibilidad de recibir los próximos
u$s5.400 millones de aquí a fin de año.Como es sabido, el crédito stand-by
que el FMI le dio a la Argentina es “excepcional” (técnicamente hablando)
porque el monto va más allá de lo que le corresponde al país. Según la
normativa del Fondo, sólo podía otorgar ese tipo de programa a un país si se
cumplía con determinados requisitos, entre ellos, que presentase algún tipo de proyección
alentadora para conseguir fondeo en el mercado de capitales (bonos) y una deuda
pública “sustentable” con “alta probabilidad”.
A pesar que la
Argentina no cumplía ninguna de estas dos condiciones (no accedía al mercado, y
su deuda no era considerada “sustentable” con “alta probabilidad”), el respaldo
político de Estados Unidos en el FMI hizo que se diera a luz una tercera
posición: la deuda argentina era “sustentable” pero “no con alta
probabilidad” y además, en un primer momento, hasta se argumentaba que
podían emitirse bonos a pesar de que las tasas ya eran elevadísimas. Ergo, los
desembolsos se hacían lo mismo.
Ahora, el FMI
parece considerar que la Argentina no puede financiarse en el mercado
voluntario de deuda y que, en rigor, la deuda argentina se encuentra en
una especie de limbo (que no puede ser reconocido oficialmente) ya que sufrió
un deterioro desde su posición de “sustentable pero no con alta probabilidad”
hasta rozar el “no sustentable”. Esto implicaría en el lenguaje del FMI frenar los
desembolsos.
Como Argentina ya
no puede emitir bonos (tasa alta), no accede a préstamos de otros países, la
única condición que podía ofrecerle al Fondo para que comience a destrabar el
desembolso de los u$s 5.400 millones es la de “reperfilar” la deuda cuyo
vencimiento se produzca durante el cronograma original de repago del préstamo
del FMI.
Cláusulas de acción
colectiva para todos
Otra de las
novedades es que no habrá, en principio, canje de deuda. Según altas fuentes
oficiales, “esto se trata de aplicar cláusulas de acción colectiva”. Esto
es, que si una mayoría definida aprueba modificación a los términos de emisión
original, se aplica a todos los tenedores. “Los títulos bajo Ley Nueva York
tienen esas cláusulas y dicen que si el 75% de una serie o el 66% de un grupo
de series los tenedores lo aprueban, pasa”, señaló.
Pero el dato más
relevante es que, para los bonos con legislación local como los Bonares, los
Bopomo, los Bogato y los Boncer, no existe esa cláusula. La idea sería
proponerle al Congreso que las incluyan. Se necesitaría, en principio,
mayoría especial en ambas Cámaras. Según la fuente, “de esa manera también se
le daría la oportunidad de dar el apoyo institucional a una idea que al próximo
gobierno le debería interesar si es exitosa en despejar el perfil de
vencimientos”.
Para eso el
Gobierno estima que se aplicaría la misma cláusula en la deuda de legislación
local, es decir, que se aplicarían los mismos condicionamientos que rigen
los bonos con legislación extranjera.
Si bien una de las
medidas consiste en que las Lecap Letes Lecer y Lelinks (se calculan
unos u$s13.000 millones) en poder de los inversores institucionales serán
refinanciadas, Lacunza anunció que se elevará al Congreso un proyecto de ley
que provea las herramientas necesarias para promover “un reperfilamiento
voluntario de vencimientos de capital bajo jurisdicción local, sin quita de
capital ni intereses y con la sola extensión de plazos”. Al mismo tiempo, el
Gobierno señaló que “se da inicio del proceso de reperfilamiento de los bonos
bajo legislación extranjera, bajo las cláusulas de acción colectiva, con el
mismo fin de extender los plazos de vencimiento, sin quitas de capital ni
intereses, a fin de completar un perfil financiero menos exigente para el
período 2020-23, que genere alivio financiero para la concreción de políticas
económicas y sociales que inserten al país en un sendero de crecimiento
sostenido”.
Por último, según
las autoridades, “además de haber cumplido estrictamente con todas las metas
fiscales y monetarias del acuerdo con el FMI para dar continuidad al acuerdo
vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que
inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los
vencimientos de deuda con ese organismo internacional”.
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