Por Diego Dumont - Ya venía sucediendo. Primero, con los derechos de exportación y los reintegros. También, con las percepciones impositivas de las importaciones. Y ahora le llegó el turno al mercado de cambios.

El gobierno nacional no pudo sostener las medidas anunciadas como pilares de campaña en su momento.

Ni el impulso a las exportaciones, que hoy tributan aún más que en 2015 y perciben menos, ni las percepciones distorsivas a las importaciones, que se retiraron durante solo siete meses, ni los estímulos de exportación, que se elevaron y luego disminuyeron.

El resultado es un período de cuatro años tan lleno de intenciones como de políticas que no se pueden sostener. La Argentina es un país donde todo vuelve, incluso el cepo.

¿Qué cambió esta semana? El régimen de divisas, que es un conjunto de normas jurídicas que en cada país se refieren a la compra y venta de moneda extranjera por particulares.

Por particulares significa que es independiente de las intervenciones del gobierno, es decir, de sus compras y ventas en moneda extranjera en el mercado de cambios utilizando las reservas de divisas.

Existen tres situaciones teóricas de régimen de divisas: libertad cambiaria (los particulares pueden comprar y vender libremente), control de cambios (el extremo opuesto de la libertad cambiaria, un rígido y estricto sistema que comienza por prohibir a los particulares comprar o vender divisas y luego autoriza determinadas operaciones en ciertas condiciones y llenando requisitos que a menudo llegan al permiso individualizado) y un escenario intermedio, que es el de restricciones cambiarias.

La restricción cambiaria es un nuevo giro al volante y, como siempre, el factor común es el carácter pendular de las políticas argentinas

Mientras las medidas tomadas a partir de esta semana no provoquen la destrucción virtual del mercado de cambios, entiendo que estamos nuevamente en este contexto.

El Gobierno busca que no se dispare el tipo de cambio, más aún luego de la bajante de las reservas internacionales de los últimos días, incrementando la oferta de dólares (obligando a los exportadores a ingresar y liquidar) y cortando la sangría (requiriendo autorización previa del Banco Central para determinadas operaciones).

De acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia Nº 596, los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities). La que rige será la opción que se dé antes.

Esta no es la única medida tomada para el sector: la semana pasada se restringió el financiamiento en pesos a los grandes exportadores.

La restricción cambiaria es un nuevo giro al volante y, en este caso, como siempre el factor común es el carácter pendular de las políticas argentinas. Somos víctimas del corto plazo.

Miremos atrás: la Argentina tuvo control de cambios en la década del 30 del siglo pasado; luego, en la década del 50, libertad cambiaria; desde 1964 tuvo restricciones en aumento; en los 90, libertad cambiaria; luego, desde 2001, control de cambios hasta 2015, cuando pasamos nuevamente por libertad cambiaria con la derogación del Sepaimpo y de los plazos para ingresar y negociar divisas, y ahora nuevamente restricciones.

El control de cambios se empezó a usar en el mundo luego de la gran crisis de 1930 (Inglaterra creó en 1932 la Exchange Equalization Account, y Estados Unidos, en 1934, el American Stabilization Fund). Estos fueron los primeros antecedentes.

Como ya vimos en años no tan lejanos, un mayor control requiere una impresionante máquina fiscalizadora para intentar que no se burle el sistema, y una consecuencia natural de mayores controles es la aparición de un mercado clandestino -léase dólar blue- para las operaciones cercenadas (algo que probablemente volverá a ocurrir).

Y es en medio de este contexto tormentoso en el que el empresario debe decidir, invertir y dar empleo. No sorprende que en la Argentina casi 0,5% de más de 800.000 empresas exporten cuando en otros países lo hace casi la totalidad.

Si queremos un país competitivo, debemos en serio revisar la estabilidad de las reglas de juego y concertar desde distintos sectores y fuerzas políticas un horizonte común. Con esta volatilidad no se puede competir.