Por Florencia Donovan - "Por primera vez en cuatro semanas nos dijimos: 'Hasta el lunes'", bromeó el viernes una fuente del Banco Central (BCRA). Las reuniones que hubo ese día con representantes de las cámaras que agrupan a las entidades bancarias ABA (de los bancos internacionales) y ABE (de la banca especializada) tuvieron otro tono. Después de un lunes y un martes violentos, la salida de depósitos fue mermando a lo largo de la semana pasada, y para el viernes no pocos en el Gobierno consideraban que el mercado cambiario ya podría estar dando señales de estabilidad.

"En términos de porcentaje, si el lunes cayeron entre 5 y 6% los depósitos en dólares, el viernes estábamos en 1,5%", describe el presidente de un banco extranjero con una importante red de sucursales. "Y la semana que viene [por esta] ya no hay tantos pedidos de retiros en las sucursales, se calmó bastante. Creo que va a seguir un goteo, pero mucho más chico", asegura.

Pero recién termina para Mauricio Macri el primer round y comienza el segundo de varios más que deberá enfrentar al menos hasta el 27 de octubre. Las heridas de este primer encuentro son lo suficientemente profundas como para advertir que los siguientes rounds no serán fáciles, tanto para Macri como para su principal adversario, Alberto Fernández, que aunque es claramente más fuerte hoy, goza de escasa credibilidad entre los inversores que deberán esponsorearlo en el futuro.

En el corto plazo, el salto cambiario y la aceleración inflacionaria están generando tensiones en algunas de las medidas que el Gobierno había lanzado antes de las PASO en un intento de aliviar el bolsillo de la gente. Los bancos y los comercios ya le advirtieron al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que no quieren seguir financiando los planes Ahora 12 y Ahora 18, cuando las tasas de interés del sistema financiero superan el 80% anual. Las partes están negociando para que el beneficio no desaparezca del todo: la idea sería en principio bajar el número de cuotas a solo seis.

Precios "negociados"

También la renovación del programa Precios Cuidados se relanzará esta semana con cambios. Muchas empresas le pidieron al Gobierno que les habilite un ajuste de precios del 10% o una cláusula gatillo atada al dólar, pero la idea de la Secretaría de Comercio sería validar no más del 5%. En respuesta, algunas compañías ya adelantaron a los supermercados que se retiraban del plan; otras aceptaron una salida más elegante, pero no necesariamente más favorable al consumidor: cambiarían el producto con el que participan del programa por algún otro de su portafolio, para que de esa manera la comparación histórica de precios no sea lineal.

Claramente, el programa debería llamarse "Precios Negociados". Un lujo que se dan las empresas hoy y que posiblemente extrañen si el Frente de Todos se impone en las elecciones.

En Producción hay quienes exploran la posibilidad de relanzar líneas de financiamiento productivo para pymes, pero la idea podría no pasar el filtro del BCRA. "¿Para qué serían? ¿Para financiar la corrida? No me hagan reír", dijo una fuente, entre el cansancio y el asombro.

Aunque todavía no manejan cifras firmes, en el Gobierno reconocen que después de las PASO la tendencia de una inflación desacelerándose al 1,8% se quebró. El índice que mide los precios al consumidor ganó bríos en agosto como para rebotar por encima del 3,5% el mes pasado (el dato oficial se conocerá este jueves) y volver en septiembre a ubicarse más cerca del 4 por ciento.

No pocos delegados sindicales están pujando por estas horas para poner en marcha la cláusula de revisión incluida en los acuerdos salariales que habían sellado pocas semanas antes de que comenzara el invierno. En Producción y Trabajo esperan poder contener esas presiones hasta mediados de octubre, una vez que se conozca el IPC oficial para septiembre (se difundirá el miércoles 16). "Ningún sindicalista, salvo [Hugo] Moyano, está para hacer ruido; tampoco hay movilizaciones. No quieren ser acusados de contribuir a la inestabilidad", esgrimen en el gabinete de Macri.

Las revisiones que desde las PASO se hacen de lo sucedido a fines de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa hacen que en el Gobierno no solo miren de cerca la crisis cambiaria. El control de la calle es otro factor que consideran clave para poder avanzar hasta diciembre, tal cual lo prevén los tiempos constitucionales. El fenómeno Grabois no pasa inadvertido para quienes temen que en el peronismo alguno se decida por apelar a viejas herramientas para acelerar los tiempos.

Pero considerando que podría estar estabilizada la corrida cambiaria y controlada la calle, hay un tercer frente que inquieta al oficialismo, en la Corte Suprema. Las vocalías del máximo tribunal están estudiando las demandas que iniciaron las provincias que se vieron perjudicadas por la rebaja del IVA y la suba del mínimo no imponible de Ganancias, dos tributos coparticipables.

En el oficialismo confían en que la Corte no fallará al respecto en el corto plazo, pero no tienen certezas. De las medidas que presentó el Gobierno para enfrentar el tembladeral generado después de las PASO, la rebaja del IVA -admiten en el oficialismo- fue una de las más eficientes para contener la escalada de precios.

No es, sin embargo, la única en riesgo. Todo indica que el "reperfilamiento" de la deuda quedará entre los pendientes para el próximo gobierno. No tanto por falta de voluntad del equipo económico macrista, sino por desinterés de los inversores. Macri no puede darles garantías de que la deuda que acepten reperfilar no sea luego "re-reperfilada" por la nueva gestión.

Reestructuración en veremos

Según consignó el influyente diario británico Financial Times, la semana pasada varios grandes fondos de inversión reconocieron en un conference call que no tenían incentivos para negociar una reestructuración con Macri. "Nadie acepta negociar una reestructuración si no hay un plan fiscal de mediano plazo", explicó luego, en declaraciones radiales, el economista argentino Diego Ferro, que ya lleva vividos más años en Wall Street que en la Argentina.

El problema ya para Fernández, si es que en octubre repite su performance de las PASO, es que por ahora su credibilidad en Wall Street es escasa, por no decir nula. Los recuerdos de los canjes de 2005 y de 2010 están frescos. Para muchos de ellos, Guillermo Nielsen no es el interlocutor más amigable, menos cuando se pretende instalar que no se buscarán grandes quitas de capital, como las que se aplicaron durante el kirchnerismo. Hoy en Nueva York está descontado que habrá quita; la duda es si será del 40 o del 60 por ciento.

En gran medida, la expectativa está puesta en el gabinete que pueda nombrar Fernández si llega a la presidencia. Luego, en los grados de libertad que demuestre tener en los primeros meses de su gobierno. El candidato no logró disipar las dudas de varios de los empresarios españoles que lo escucharon la semana pasada en la embajada de Uruguay en Madrid. Su falta de definiciones se entiende en campaña pero inquieta a los inversores, que no logran descifrar si como presidente apuntará a desarrollar una suerte de neomenemismo o si terminará dominado por los vicios de los últimos años del kirchnerismo. La incómoda reunión que mantuvo con Marcos Galperín, número uno de Mercado Libre, semanas atrás solo alimenta las dudas.

En los bancos, entretanto, hay quienes empiezan a advertir que en el mediano plazo podrían tomar medidas para desalentar las colocaciones en dólares de la gente en el sistema financiero. La historia les demuestra que, tarde o temprano, terminan siendo un dolor de cabeza para los bancos y de altísimo riesgo reputacional.

¿Veremos un sistema financiero todavía más chico después de esta crisis? Es probable. Nunca los bancos argentinos lograron recuperar los niveles de crédito de los años de la convertibilidad, cuando llegaron a representar poco más del 20% del PBI (hoy es menos del 15%), lo que de todas maneras es un número bajo comparado con el de otras economías de la región (en Chile representa más del 80% del PBI; en Brasil, el 60%).

Otro desafío mayúsculo que se suma a la lista que ya tiene quien asuma el 10 de diciembre. Ninguna crisis es gratis para la Argentina.