Por Santiago Dapelo  - Después del golpe, llegó la respuesta. El presidente Mauricio Macri cambió la ortodoxia económica que rigió su administración durante casi cuatro años por el pragmatismo explícito. En un mes, tras la durísima caída en las PASO, el Gobierno volcó a la calle unos 100.000 millones de pesos con el objetivo de recortarle votos al kirchnerismo y forzar el ballottage.

La apuesta es a todo o nada, así lo viven en la Casa Rosada. Aunque reconocen que se trata de una aventura complicada, la meta que se propusieron Macri y su equipo es llegar a la segunda vuelta, en noviembre. De esa forma, tras el impacto de las primarias -a Alberto Fernández lo votaron 12.202.770 personas (49,49%), mientras que a Macri lo eligieron 8.121.416 (32,9%)-, el Gobierno sacó la artillería en busca de lo que algunos funcionarios cercanos al Presidente presentan como un "milagro" electoral.

En total fueron 15 medidas las que puso en marcha el jefe del Estado: 11 anuncios destinados a aliviar los efectos de la devaluación del peso tras las PASO y otras cuatro para estabilizar la economía. Casi todas las decisiones estuvieron enfocadas en el mismo segmento: la clase media. Y el costo total de las medidas, tanto a nivel Nación como en las provincias, es de unos $100.000 millones. Desde el Gobierno aseguraron que ninguna medida afectará el objetivo del déficit cero, meta central del programa que acordó con el FMI. "La situación económica lleva muchos meses de dificultades, lo que ha repercutido claramente en el poder de compra del salario, y eso genera bronca, decepción y angustia. Eso es lo que se manifestó en la elección. Nosotros entendemos el mensaje de las urnas, el Presidente ha tomado nota y ha hecho algunos cambios en su política económica", dijo a LA NACION el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La primera reacción se dio apenas tres días después de las PASO. Con el dólar en una espiral ascendente sin control, antes de la apertura de los mercados, el Presidente anunció un paquete de medidas tendientes a paliar el efecto de traslado a precios de la devaluación abrupta del peso.

La batería de medidas incluyó la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -quedó en $55.376 para un trabajador soltero y en $70.274 para un trabajador con cónyuge a cargo y dos hijos-, lo que permitió una mejora en promedio en el sueldo de bolsillo de alrededor de 2000 pesos por mes. Macri también dispuso que los trabajadores en relación de dependencia no pagaran sus impuestos al trabajo durante septiembre y octubre, y los monotributistas no pagarán el componente impositivo de su cuota en septiembre.

Por su parte, los trabajadores informales y desempleados recibieron en septiembre y también en octubre un pago extra de $1000 por hijo, anuncio que beneficia a quienes perciben la AUH. Macri además firmó un decreto para que los empleados de la administración pública nacional y las fuerzas de seguridad federales reciban un bono de $5000.

En la primera reacción oficial después de las elecciones primarias del 11 de agosto, la AFIP lanzó un plan que da 10 años de plazo para ponerse al día a las pymes y también a los autónomos y monotributistas. También se amplió de seis a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes. Y el gobierno nacional decidió congelar el precio de la nafta y del resto de los combustibles por 90 días. Los efectos de todas estas medidas tuvieron un impacto sobre 20 millones de personas.

Dos días después de aquello, Macri presentó la eliminación transitoria del IVA para productos de la canasta básica y la suspensión del aumento por inflación de los créditos hipotecarios UVA, en ambos casos hasta diciembre. El mensaje, fundamentalmente, fue nuevamente para las clases media y media baja, base de los triunfos del Presidente en 2015 y 2017, que por el efecto de la extensa crisis económica decidieron darle la espalda en las primarias.

A todo esto se agregaron algunas acciones concretas para frenar la suba del dólar y llevar calma a los mercados. En ese sentido, hace 18 días, con apenas unos días al frente del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza dio a conocer el "reperfilamiento" de la deuda. Y dos días después, el Gobierno anunció una nueva regulación en el mercado de cambios, que impone un tope para la compra de dólares de 10.000 por mes.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, reforzó la adquisición de alimentos por sistemas de compra de emergencia y urgente. Además, aumentó un 43% el valor de las raciones de comedores comunitarios. Y desde el 1º incrementó un 41% el monto de la beca que se abona por niño en el marco del plan nacional de primera infancia, y siguen vigentes los programas Precios Cuidados y Productos Esenciales, con 560 productos. "El mensaje de las urnas fue contundente. Entre 2017 y las PASO dejamos ocho puntos en el camino. Algo teníamos que intentar", admitió un hombre de consulta de Frigerio y Lacunza.

El Gobierno también cerró un nuevo salario mínimo vital y móvil, que a partir de octubre será de $16.875. Además, se incrementaron los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo durante agosto, septiembre y octubre. "Esperamos que con este conjunto de medidas podamos llevar tranquilidad a la sociedad", describió Frigerio. A esto se sumarán otras tres medidas: la implementación de la tarjeta alimentaria para trabajadores desocupados o suspendidos y el pago de un bono para los trabajadores del sector privado. Por último, esta semana se aprobará en el Congreso de la emergencia alimentaria.