Por Jorge Herrera - El sainete generado por los controles cambiarios con relación al pago de un bono privado la semana pasada inyectó nuevas dudas en el mercado. Y si algo no se necesitaba, en estos momentos, eran más dosis de incertidumbre. Sobre todo porque de aquí a fin de año se acumulan vencimientos de deuda privada y pública por casi u$s5.400 millones. Al respecto, no es preciso recalcar por qué es “imperioso” el desembolso pendiente del FMI.

Según datos del mercado y de Hacienda, en lo que resta de 2019 hay vencimientos de capital e intereses de bonos en dólares bajo ley local por u$s4.700 millones de deuda soberana, u$s360 millones de deuda provincial y más de u$s300 millones de deuda corporativa. Hay además otro tanto en bonos corporativos en dólares bajo ley externa. Ocurre que en el caso en cuestión (una ON de IRSA) la compañía había depositado el capital e interés correspondiente, pero los tenedores del bono (ticker IRS19) con custodia en cuentas en el exterior no vieron acreditado el pago (a diferencia de los tenedores locales). De ahí la inquietud generada entre bonistas y el mercado en su conjunto, además de lo relacionado con la deuda provincial. Se espera que el BCRA emita alguna aclaración al respecto para zanjar las diferentes interpretaciones y así saltar obstáculos que compliquen el estatus de riesgo, principalmente, de empresas y bancos. Desde el BCRA señalaron a este diario que “en los próximos días harán las aclaraciones y ajustes necesarios de forma que el requisito de conformidad previa no resulte en un impedimento al pago de las deudas”. La idea es que el control de cambio no afecte a las empresas que tengan deudas por pagar. Ahora resta esperar. Por lo pronto, ya se vienen nuevos vencimientos, tanto corporativos como provinciales, y demás decir de soberanos (ver cuadro aparte).

Para tener una idea del panorama general, a horas de las PASO la calificadora S&P había destacado que las principales empresas con bonos que vencían este año eran YPF (“B”) con u$s1.000 millones; Telecom (“B ”) con u$s500 millones; Compañía General de Combustibles (“B-”) con u$s300 millones; Pan American Energy (no calificado) con u$s333 millones; Mastellone (no calificado) con u$s200 millones y Transener (“B”) con u$s100 millones. Era, sin duda, otro contexto. Vale recordar que en julio pasado, previo a las PASO, las empresas aún podían recurrir al mercado de capitales colocando bonos al 8% y 9% anual, como hizo YPF (u$s500 millones); Telecom (u$s400 millones) y Pampa Energía (u$s300 millones). “La tendencia podría continuar en agosto y septiembre si el mercado percibe una mayor probabilidad de continuidad de las políticas”, señalaba en ese entonces S&P. El resto es historia.

Respecto a los riesgos de refinanciación de la deuda corporativa, la calificadora sostenía que las necesidades eran manejables para las corporaciones hasta 2024, con vencimientos anuales que van desde u$s1.300 millones hasta u$s2.500 millones, lo que es menos dramático con relación al apogeo de emisiones 2016-2017. Sin embargo, ponía reparos si las condiciones económicas empeorasen, así el mercado podría volverse más restringido, lo que desafiaría en particular a aquellas corporaciones que necesitan refinanciar en 2021 cuando vencen u$s2.500 millones en bonos internacionales. El talón de Aquiles es la exposición cambiaria, “un riesgo generalizado para las empresas argentinas que se podría convertir en una amenaza real si el peso se deprecia aún más”, decía S&P. De acuerdo con datos del BIS, el promedio de deuda en moneda extranjera con respecto a la deuda total era del 76% a marzo pasado, lo que resulta muy elevado en comparación con el 38% en Brasil, 36% en Chile y 71% en México.