Tras la aprobación de la emergencia alimentaria, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reperfilamiento de deuda que había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, semanas atrás, cuando anunció el paquete de medidas económicas para llevar tranquilidad a los mercados.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados, habilita al Ejecutivo a entablar una negociación con los acreedores y no incluye una reestructuración.

“Para despejar las exigencias financieras del período 2020-23, y que el mandatario que gane en las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin excesivos condicionantes financieros, este proyecto de ley busca proveer las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de plazos de deuda bajo jurisdicción local”, indicaron desde Hacienda en un comunicado.

El principal artículo del proyecto incorpora a estos bonos Cláusulas de Acción Colectiva, como tienen los de legislación extranjera, “que establecen que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie”.

Voceros del Palacio de Hacienda señalaron que el proyecto está consensuado con la oposición y los funcionarios pidieron que la aprobación sea pronto para poder encarar la negociación con los tenedores de títulos.

En Hacienda suponen que como no habrá cambios en la condición de los bonos, los fondos dueños de los títulos podrían aceptar el reperfilamiento, ya que hoy los precios de los títulos están descontando una reestructuración.

En el Ministerio de Hacienda se avanza también en la negociación por los títulos que se emitieron bajo legislación extranjera y los bancos ya le presentaron la propuesta de reperfilamiento de estos títulos que la secretaría de Finanzas ya está analizando.

El año próximo vencen títulos por 12.000 millones de dólares bajo ley local y solo 400 millones bajo ley extranjera, mientras que en el siguiente se revierte esa situación ya que vencen 4.500 millones bajo ley extranjera y 3.800 millones de dólares bajo ley argentina.