Por Daniel Sticco - Argentina arrastra una larga historia de recurrentes fracasos de políticas económicas, que se expresan con contundencia en una serie de 108 años de déficit fiscal sobre un total de 118, déficit financiado con deuda y con emisión monetaria, y creación de impuestos de emergencia, como recuerda siempre el economista Javier Milei. Sin embargo, esos antecedentes no han desterrado de muchos profesionales en la materia, que asesoran a políticos populistas, la idea de insistir con un nuevo impuesto a los poderosos, como alternativa para que un muy probable gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner reúna los fondos necesarios para saldar las desequilibradas finanzas públicas, enfrentar los abultados vencimientos de deuda y hacer distribucionismo con el dinero de otros.

Milton Friedman afirmaba que "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario"; también  se puede acuñar: "todo impuesto y en todo lugar siempre lo paga el consumidor, y en general en una proporción relativa mayor los que menos tienen, porque se traslada al precio final de venta de un bien o servicio", es decir, a través del Impuesto Inflacionario.

Hay ejemplos cercanos de los efectos negativos de la sobredosis de impuestos: el más reciente fue el Impuesto a la Renta Financiera, casualmente fundado y votado por mayorías populistas, no sólo han sido responsables de otra crisis sistémica recurrente, porque desalentó la inversión productiva y el ingreso de capitales, sino que también fue una de las causas de la crisis cambiaria de abril de 2018.

Sin embargo, como argumento de campaña, no ya para las Primarias, sino para la primera vuelta de las presidenciales del 27 de octubre, Alberto Fernández, candidato por el Frente de Todos, coincidió con su compañera de fórmula y ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la necesidad de "gravar severamente a los poderosos".

Y, dada la singular presión tributaria, con casi 170 gravámenes en el agregado de Nación, provincias y municipios, en general con nombres que no suenan a impuesto, pero que son y cumplen esa función, no parece osado pensar que Alberto Fernández y sus equipos de asesores estén analizando formas de imposición análogas al "ahorro forzoso" de fines de 1987, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. En aquel momento, ante el fracaso del Plan Austral de estabilización, debido esencialmente a que la dirigencia política no quiso asumir el costo de achicar las finanzas públicas. Mario Brodersohn, entonces secretario de Hacienda en la gestión de Juan Vital Sourrouille al frente del Ministerio de Economía y luego de sus sucesores, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez, ideó los fundamentos de la Ley 23549 de Ahorro Obligatorio, más conocida como "Ahorro Forzoso".

Cómo fue hace poco más de 30 años

Ya entonces, frente a esas ideas de generar más impuestos en lugar de diseñar políticas de recorte del gasto público, para eliminar el déficit fiscal, responsable de las recurrentes crisis inflacionarias, cambiarias y de balance de divisas, y postrar a la economía en estado de parálisis, el entonces diputado Álvaro Alsogaray, presidente de la Unión de Centro Democrático (UCD), que expresaba a la derecha liberal -partido que se había convertido en la tercera fuerza política del país, con el 18% de los votos-, advirtió: "no me gusta lo que piensan hacer, son recetas que ya fracasaron".

La Ley de Ahorro Obligatorio no fue más que un impuesto sobre la renta que recayó en unos 300.000 contribuyentes, con devolución a los 60 meses, con una tasa de interés fija de 3% mensual, que resultó irrisoria frente al cuadro inflacionario.

Los acontecimientos casi inmediatos le dieron la razón a Alsogaray. En abril de 1988, el país entró en moratoria del pago de su deuda externa. Y durante mayo de 1989, el tipo de cambio -que oficialmente se encontraba fijo- se elevó de 80 a 200 australes por cada dólar estadounidense -equivalente a una abrupta devaluación mensual de un 150%-; y la tasa  1989 la Argentina llegó a contabilizar una tasa de inflación mensual de tres dígitos, más de 160%, y ritmo de 5.000% al año.

De ahí que del equivalente a unos USD 1.500 millones recaudados por la AFIP por el Ahorro Forzoso, se estima que la suma de las devoluciones no llegó siquiera al 10% de ese monto. Fue una clara "pérdida forzosa".

Ahora pareciera que se pretende tropezar con la misma piedra, y que nuevamente el costo de otro impuesto lo pague la sociedad en su conjunto, con recesión, inflación y más pobreza, porque, como ha ocurrido históricamente, con muy pocas excepciones, no se advierte en la dirigencia políticas ideas destinadas no sólo a reducir el tamaño del Estado y sanear las finanzas públicas, sino tampoco para recrear condiciones que posibiliten recuperar la confianza interna y externa para poder volver a crecer sobre bases sólidas, y por tanto sustentables, clave para recrear el empleo.

El atajo de crear impuestos ya demostró su ineficacia. Se sabe cómo empieza y cómo termina: en escenario de crisis, con el agravante de que la nueva es más dura que la anterior. Y también se sabe que los países que enfrentaron con rigor el déficit fiscal y lograron anularlo, recuperaron la senda del crecimiento y de la estabilidad de precios.