Por Gabriela Origlia - CÓRDOBA.- Hoy podría salir la normativa que resuelva la situación para la decena de provincias que invirtieron en Lete y Lecap (títulos emitidos por el gobierno nacional) y quedaron atrapadas en el reperfilamiento de deuda dispuesto por la administración central. Al cierre de la semana pasada les hicieron esa promesa a los ministros que están haciendo gestiones, a la vez que les pidieron que "tengan paciencia". Hay distritos preparados para avanzar con una demanda judicial si no logran una solución a la brevedad. Los títulos en manos de las provincias suman US$1430millones, el 4% del total. La urgencia por una respuesta es porque algunas jurisdicciones tenían compromisos asumidos con ese dinero, como pagos de gastos corrientes y de vencimientos de deuda en dólares.

Buenos Aires, con US$500 millones, es la más afectada por el decreto del gobierno nacional que se anunció el 28 de agosto. Le siguen San Juan, con US$234 millones; Mendoza, US$205 millones; Capital Federal, US$123 millones; Río Negro, US$83 millones; Salta, US$35 millones; Formosa y Santa Fe, US$20 millones cada una; Catamarca, US$15 millones, y La Rioja, US$13 millones. La semana pasada cobraron el 15% y el resto fue reprogramado.

La vía para resolver el conflicto sería la constitución de un fondo fiduciario por el que la Nación recompraría las letras en manos de las provincias. Los funcionarios provinciales esperan que les definan si les entregarán pesos y dólares, aunque entienden que toda la operación se haría en pesos al tipo de cambio vigente al momento del acuerdo o de la devolución.

Un gobernador que estaba volando hacia su provincia cuando el ministro Hernán Lacunza anunció el reperfilamiento de deuda se enteró por un mensaje cuando llegó a su destino. "Nos jodieron; quedamos dentro de la medida", le explicó un funcionario por audio. La preocupación se profundiza porque la decisión se suma a las caídas de recaudación propia y por coparticipación y al costo compartido por los paliativos resueltos por la Nación, que incluyeron la eliminación del IVA para algunos productos y la suba del piso de Ganancias (ambas cargas coparticipables).

Los ministros provinciales consultados por LA NACION coincidieron en que la inversión en Lete y Lecap se decidió como una forma de "cuidar los recursos y cubrirse del riesgo cambiario", ya que ofrecían el doble de rendimiento que un banco privado. "Igual que en otros casos, nos enteramos cuando el tema ya estaba resuelto. Nadie avisó nada", se queja un funcionario norteño. "Venimos de perder con IVA y Ganancias, nos pega la inflación, no veníamos cómodos y se sumó esto, que sigue sumando problemas", agrega.

Las jurisdicciones afectadas presentaron notas ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas y vienen realizando contactos para lograr destrabar el tema. Los encargados de los trámites admiten que desde la Casa Rosada les aseguran que están "comprometidos" con "resolver el problema". Algunas administraciones iban a usar parte del dinero (había vencimientos el 30 de agosto) para pagar salarios, mientras que otras lo tenían "ahorrado" para cubrir un segmento del segundo aguinaldo de este año.

La salida legal estaba prevista en el artículo 4° del decreto 596/2019, que prevé que las secretarías de Finanzas y de Hacienda, de manera conjunta, "podrán dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias" para instrumentar el reperfilamiento. "Hacerlo rápido evita riesgos innecesarios, pero pasaron tres semanas y todavía está en análisis", aporta un ministro que ayer realizó nuevas gestiones en la Rosada y se fue con la promesa de "a más tardar el lunes".

En el caso de San Juan, por ejemplo, el 58% del Fondo de Reserva Anticíclico (FRA), destinado al pago de salarios en caso de emergencia, está compuesto por letras. El gobernador Sergio Uñac se ocupó personalmente en las últimas horas de tratar de apurar un paliativo por parte de la Nación. Si no hubiera respuesta, ya hay un borrador de amparo para presentar el reclamo en la Corte Suprema.

El argumento de la provincia es que, como son recursos destinados a los sanjuaninos, se la debe considerar una persona física y no un tenedor institucional. El decreto nacional las incluyó entre los inversores institucionales y por eso les correspondería el escalonamiento en los pagos.