Por Juan Diego Wasilevsky - Pasó poco más de un mes, pero parece una eternidad. A comienzos de agosto, antes de las PASO, Macri aprovechó su paso por La Rural para pronunciar un encendido discurso en el que elogió a los productores, habló sobre los beneficios que tendría el agro con el acuerdo Mercosur-UE y se refirió a la apertura de mercados estratégicos para los alimentos argentinos.

No hubo anuncios grandilocuentes, pero su discurso "campo-friendly" fue muy bien recibido por los productores. Sin embargo, tras las elecciones primarias, el escenario se trastocó. Y los tiempos se aceleraron completamente, de la mano del vertiginoso ímpetu que cobró el dólar y que copó el centro de la agenda.

Y esto modificó radicalmente las perspectivas para los agronegocios. Es que no solo llegaron las primeras limitaciones para los grandes liquidadores de divisas, acortándoles los plazos para entrar los dólares. En paralelo, desde la oposición comenzaron a aparecer señales preocupantes.

El diputado Felipe Solá –de quien se rumorea ocupará un cargo de peso en un eventual gabinete de Alberto Fernández- habló de la necesidad de incrementar las retenciones y hasta mencionó la posibilidad de una mayor intervención del Estado en la comercialización de granos, en una suerte de revival de la Junta Nacional de Granos versión 2020.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois llegó a postular la necesidad de avanzar con una reforma agraria, mencionando incluso la idea de un plan de expropiación de tierras. Estos postulados llegaron en momentos en que se multiplicaron los ataques a campos en diferentes localidades de la zona núcleo, donde se denunciaron actos vandálicos contra silobolsas, escenas que no se venían desde hacía cuatro años.

Y si bien Alberto Fernández se encargó, una y otra vez, de enviar un mensaje conciliador hacia el campo –incluso circuló que en su equipo ya hubo una fuerte autocrítica sobre el impacto de las intervenciones en los mercados de granos que hubo durante los anteriores gobiernos kirchneristas- la realidad es que, por estas horas, se respira un clima de gran incertidumbre detrás de las tranqueras.

Por lo pronto, las medidas del macrismo siguen reflejando la ansiedad de los funcionarios por llegar a octubre con un dólar calmado, en un contexto en el que se dilata la decisión del FMI por el préstamo de u$s5.400 millones. En esa línea es que acaban de publicar una normativa con la que mete más presión a los exportadores para que aceleren la liquidación, supeditando la entrega de reintegros al ingreso de las divisas.

Pero para la gente de campo, lo que más preocupa es el futuro de las retenciones, un tema en el que hay un marcado consenso entre analistas de agronegocios y economistas en general.

Siendo el único ingreso a las arcas fiscales que crece en términos reales, hoy es una fuente que ningún gobierno puede desestimar. Incluso el del propio Macri, quien luego de haber anulado los derechos de exportación al trigo y al maíz, y haber reducido las de la soja, debió restablecer parcialmente los tributos.

En el caso del "yuyito", lo hizo aplicando un extra de $4 por cada dólar exportado, pero lo hizo cuando el billete verde costaba un 35% menos que en la actualidad, con lo cual ese componente quedó totalmente desactualizado.

Frente a las necesidades fiscales y el parate general de otros sectores, gane quien gane, todas las fichas están puestas en que el campo no solo no verá retenciones más bajas sino que todos los indicios marcan que las mismas se incrementarán.

"Independientemente de quién se imponga en las elecciones, se prevé que las retenciones van a subir. No es ya un tema político: es una cuestión de necesidad fiscal", plantea Enrique Sarthes, analista de la corredora Intagro.

"Depende de quién gane, se puede prever una menor o mayor suba. Pero incluso, si llegara a darse la posibilidad de que Macri se imponga, no es viable que deje los derechos tal como están hoy, especialmente para la soja, con un nivel extra de $4 por dólar, cuando ya se perdió el 50% de ese valor", agrega.

En paralelo, Hernán Fernández Martínez, ingeniero agrónomo, analista y consultor, plantea que "la necesidad fiscal galopante hace que el tema de las retenciones sea una tentación difícil de evitar, independientemente de quién gane en octubre".

Según el experto, que recorre el país todo el año y asesora a cientos de productores, los derechos de exportación tienen varios puntos que lo convierten en el instrumento elegido por cualquier gestión económica que esté desesperada por cubrir un bache fiscal, como ser la facilidad que tienen para cobrarse o el escaso impacto negativo en términos políticos, especialmente sobre la clase media.

Afinando el lápiz

"La gente de campo siente que las novedades están al caer en términos de retenciones. Y por eso hoy reina la incertidumbre", advierte Fernández Martínez.

Este consultor desarrolla constantemente presupuestos para establecer escenarios para diversas zonas productivas del país, en función de variables como rindes, costos de los insumos, valores de alquileres y precios de los granos. Y el último estudio que planteó para una zona núcleo, arrojó un resultado preocupante.

En un campo alquilado, con los precios que se están manejando para la próxima cosecha y con las retenciones actuales, no todos los cultivos dejarían ganancias:

-En el caso del maíz, con un planteo de 10.000 quintales por hectárea, casi no estaría arrojando ganancias en términos de dólar. "Se saldría hecho", señala el experto.

-Para soja de primera, en tanto, está presupuestando una rentabilidad bruta del 8% en dólares.

-Y para un esquema mixto de soja de primera y trigo de segunda, se proyecta un 10%.

Según Fernández Martínez, "estos niveles, que para otras actividades pueden sonar como rentabilidades muy altas, en el agro no son demasiado elevadas. De hecho, lo ideal es manejarse con un escenario de no menos del 15% en dólares, por el fenomenal riesgo que hay en cuanto a clima y precios".

En este escenario, el consultor afirma que cada vez son más los productores que le solicitan que estime presupuestos con alícuotas de retenciones más elevadas.

En su último cálculo, apelando al mismo esquema (igual zona y cantidad de hectáreas) hizo el ejercicio de aplicar los derechos de exportación que estaban vigentes en 2015, justo antes de que asumiera Macri (pasando el trigo del 10% al 23%; maíz, del 10% actual al 20%; mientras que la soja se elevaría al 35%) y los cruzó con los precios que se manejan para la próxima cosecha. Y los resultados, tal como advierte, son inquietantes.

En un campo, también alquilado, ubicado en la zona núcleo:

-En soja, el productor perdería u$s4 por hectárea cultivada.

-En maíz, sufriría un rojo de u$s85 por hectárea.

-En trigo, la pérdida sería de u$s114.

La conclusión a la que arriba es que una hipotética presión impositiva como la que regía hace cuatro años le daría una durísima estocada al sector. 

"Con esos derechos de exportación y con los precios que el mercado está manejando actualmente para la nueva cosecha, en todos los cultivos se perdería plata", afirma.

Por esto considera que "esas alícuotas, en esos niveles, serían destructivas para la actividad si se las aplicara hoy".

El experto estimó además cuánto dejarían de percibir los productores por la venta de sus granos a los exportadores y a la industria, de llegar a aplicarse un nivel de alícuotas similar a las que estaban vigentes durante el último tramo del gobierno kirchnerista.

En el caso del trigo, recibirían u$s45 menos por tonelada (-21%), para el maíz serían u$s23 menos (-18%), mientras que en el caso de la soja estarían u$s20 por debajo (-8%).

El gran problema hoy día está en los niveles de precios de los granos, que no son malos en términos históricos, pero que están lejos de los últimos récords. Esto, frente a costos de producción que se dispararon.

¿Qué están haciendo los productores?

En este contexto, Sarthes, de Intagro, plantea que "el mercado no está parado", pese a la incertidumbre.

"Hoy los productores se manejan mucho con el canje: se desprenden de granos solo para acopiarse de fertilizantes, gasoil y otros insumos. Pero es una realidad que casi nadie está vendiendo para quedarse en pesos", plantea.

"Al no haber un tipo de cambio estable, se reforzó la tendencia por la cual los ruralistas toman a los granos como su reserva de valor. Hoy es su arma de defensa", remarca Sarthes.

En paralelo, el consultor Salvador Di Stéfano, con fuerte prédica en el ámbito del Gran Rosario, aporta una mirada similar: "Hoy se vende poco y nada porque para muchos no es negocio pasarse a dólares: cuando venden, se les abona la mercadería a un tipo de cambio mayorista; pero si quieren comprar divisas tienen que pagar el precio del dólar bolsa, que es más alto. Entonces, es como si tuvieran un 13% más de retenciones, por la brecha entre ambas cotizaciones".

Fernández Martínez opina en una línea similar: "Lo que hace el productor es tratar de resguardar su capital sentado arriba de los silobolsas. Es su forma de defenderse frente a los huracanes".

Frente a este comportamiento defensivo, el experto viene pregonando sobre la necesidad de que los productores apelen a instrumentos un poco más sofisticados.

"Yo recomiendo vender pero cuando hay necesidad de comprar insumos, no para quedarse con pesos en la mano", aclara el experto, quien recomienda acompañar esta operación con un contrato de cobertura de precios de compra (CALL), que le saca el techo a la cotización de la mercadería, pudiendo ganar con futuras subas.

"Y quien no quiere vender o canjear porque ya tiene todos los insumos para enfrentar la nueva campaña, es recomendable ponerle un PUT", plantea Fernández Martínez.

Esta cobertura de precio de venta implica pagar una prima por cada tonelada (de u$s5 por ejemplo), de modo que el productor se asegura un piso. Así, según el consultor, evita que un potencial incremento de las retenciones no se traduzca en una pérdida de ingresos.

En cuanto al valor de la cosecha que todavía no tocó los puertos, ¿de cuánto se está hablando? Según Fernández Martínez, en el caso de la soja, de las 56 millones de toneladas recolectadas en la última campaña, aún quedan unas 27 millones sin precio fijado, es decir, que todavía no están disponibles para ser exportadas y liquidar las divisas. Al valor actual, esto suma cerca de u$s8.800 millones.

A esto hay que agregar el restante de maíz también sin cotización fijada. Según el último reporte de Intagro, quedarían 14 millones sin precio, que sumarían otros u$s2.000 millones, si bien hay otros reportes circulando en el mercado que señalan un volumen sensiblemente menor.

De cualquier manera, ya la cifra que hay pendiente de soja sin comercializar significa una enorme tentación para cualquier gobierno necesitado de divisas.

Más en un contexto en el que el campo todavía es dueño del equivalente a casi el doble del desembolso que espera el macrismo por parte del FMI.